La notificación oficial llegó el jueves 14. La fiscal de Corte (interina), Mónica Ferrero, dispuso la designación de Alejandro Machado como titular de la novel Fiscalía Especializada en Cibercrimen, creada en la última Ley de Presupuesto Nacional para atender el incremento significativo de los delitos informáticos en Uruguay. Fue uno de los tantos traslados que dispuso Ferrero por esos días; la fiscal Adriana Edelman pasó del área de Homicidios a una fiscalía de Drogas, por ejemplo.
La resolución, que suele representar un mero acto administrativo, tuvo, sin embargo, inmediata repercusión en ámbitos políticos. Machado tenía a su cargo dos de las causas más complejas para el anterior gobierno, que involucran directamente al expresidente Luis Lacalle Pou: las irregularidades en la adjudicación de la construcción de dos patrulleras oceánicas al astillero Cardama y la destrucción de un documento público vinculado a la liberación del narco uruguayo Sebastián Marset.
En este marco, el gobierno y varios dirigentes oficialistas manifestaron, por lo alto y por lo bajo, su preocupación por la decisión de Ferrero. Afirman que el traslado de Machado supondrá un enlentecimiento de ambas indagatorias, más allá de que ninguna de las dos registraba, de momento, avances significativos. Además, existe cierta desconfianza sobre quién pueda ser su sucesor. Y hay antecedentes de peso para sostener su preocupación.
DECISIONES
Semanas atrás, Ferrero hizo una ronda de consultas de interesados en ocupar la titularidad de la nueva Fiscalía Especializada en Cibercrimen. La idea era dilucidar qué fiscales estaban dispuestos a asumir la ardua tarea de investigar, en exclusiva, delitos de fuerte crecimiento en los últimos años, como las estafas económicas por medios electrónicos, la violencia de género en redes sociales y la pornografía infantil. Entre la decena de voluntarios estaba Machado.
Su designación, sin embargo, causó sorpresa dentro y fuera de la Fiscalía General de la Nación (FGN). Dentro, porque existía la certeza de que el cargo quedaría en manos del fiscal Ricardo Lackner, quien desde enero de 2023 dirige la Unidad de Cibercriminalidad, que brinda apoyo a los fiscales y coordina con otras áreas del Estado la respuesta a este tipo de delitos. Y fuera, porque Machado tenía causas relevantes en trámite sobre la gestión del anterior gobierno y su salida fue percibida como un gesto hacia las exautoridades. «Nos parece medio raro, medio extraño», afirmó el senador frenteamplista Daniel Caggiani.
Desde la otra vereda, el senador colorado Andrés Ojeda defendió la decisión: «Acá no hay ninguna mano negra de ningún tipo». El legislador –que tiene línea directa con Ferrero– afirmó que los traslados dentro de la FGN son lo más normal del mundo y que todo el mundillo judicial sabía que Machado «hace diez meses o un año» estaba pidiendo dejar la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos (Canal 5, 15-V-26).
En los hechos, Machado no presentó quejas por su traslado ni ante la FGN ni ante la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), por lo que el tema, internamente, quedó laudado, afirmó la presidenta de AMFU, Claudia González de Palleja, a Brecha. «Sabemos que hubo una solicitud de interesados y que él se presentó. El cambio no implica una sanción», porque es un traslado horizontal, «ni hay una solicitud del doctor de que se active su defensa como asociado», completó.
En forma inmediata a su notificación, y sin poder resolver los cientos de expedientes en trámite que tenía en sus manos, Machado asumió una fiscalía que puede convertirse en una picadora de carne: actualmente hay unas 9 mil denuncias por delitos de cibercrimen en trámite. En 2025, cuando se debatía su creación, Ferrero aseguró en el Parlamento que una sola fiscalía especializada en la materia no daría abasto y que podría colapsar por el volumen de trabajo, pero agradeció el gesto de crearla.
Los últimos datos del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior parecen alinearse con esta percepción: las estafas crecieron un 2.000 por ciento entre 2013 y 2024, con un fuerte incremento en los últimos cinco años de la serie (se pasó de 10.893 denuncias en 2020 a 31.144 denuncias en 2024). «El crecimiento se vincula probablemente con el auge de las tecnologías de comunicación, el uso de redes sociales, plataformas digitales de compraventa y canales electrónicos de pago, los cuales ampliaron las oportunidades para estafas remotas o automatizadas», dice el informe.1 Por este motivo, la persecución de este delito está entre las prioridades del gobierno en materia de seguridad pública.
EN DANZA
El fiscal Machado estaba en la mira de la oposición. En 2024, en los albores de la campaña electoral, dispuso el archivo de la indagatoria por presuntas irregularidades en la construcción del Antel Arena. Por esos días, el expresidente de Antel –hoy diputado– Gabriel Gurméndez lo criticó sin ambages. Según Gurméndez, el fiscal había ponderado y valorado los hechos y las pruebas de forma unidireccional en favor de los imputados. Y no fue el único: la senadora Graciela Bianchi dijo que la FGN era «una construcción de la izquierda para asegurar la impunidad».
Por lo bajo, el fiscal también recibía cuestionamientos del oficialismo, sobre todo por el lento avance de la indagatoria por la destrucción de un documento público vinculado a la liberación de Marset. En setiembre de 2024, Machado archivó la indagatoria por la entrega del pasaporte –que involucraba a varios altos exjerarcas, como Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo– y encaminó el inicio de la investigación por la destrucción de documentos, que involucra al exasesor presidencial Roberto Lafluf y a Lacalle Pou. Pero la causa avanzó lento; casi dos años después, ninguno de los principales involucrados fue citado a declarar. La denuncia por irregularidades en la adjudicación a Cardama tampoco tuvo avances significativos desde su presentación.
La principal preocupación del gobierno refiere, ahora, a quien sería su sucesor al frente de ambas indagatorias. Según dijeron fuentes judiciales al semanario, Ferrero le ofreció el cargo al fiscal Diego Pérez, pero –al menos hasta el cierre de esta edición– no existió una notificación oficial sobre el traslado. Pérez aceptará el desafío, ya que le permitiría salir de la vorágine de la Fiscalía de Flagrancia y atender asuntos familiares urgentes con horarios más estables. Desde el oficialismo le critican, entre otras cosas, un presunto accionar «flechado» en la indagatoria contra el exvicepresidente de Ursec (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones) Nicolás Cendoya. Sin embargo, el fiscal defiende su independencia y afirma que no acepta injerencias de ningún tipo en sus investigaciones.
La preocupación, en concreto, surge por lo que pasó con otros movimientos dispuestos por Ferrero durante su interinato, como el traslado de los fiscales que investigaban los casos del intendente de Soriano Guillermo Besozzi y del exsenador frenteamplista Charles Carrera. Sobre mediados de 2025, la bancada de senadores del Frente Amplio pidió la citación de la fiscal de Corte a la Comisión de Asuntos Administrativos para explicar esas decisiones adoptadas «en base a criterios poco claros y confusos», pero la jerarca rechazó asistir; argumentó que estaba sobrepasada de trabajo y abocada a trabajar en la ley de presupuesto.
En ambos casos, sin embargo, la preocupación oficialista tuvo su correlato en la realidad. Las fiscales designadas resolvieron las causas en forma favorable con los intereses de la oposición: Luisa Vago dictó el sobreseimiento de todos los imputados en la causa Besozzi, Sandra Fleitas solicitó la formalización y ahora la condena a cuatro años de prisión de Carrera por la presunta atención irregular de dos personas en el Hospital Policial. Este último caso llegó al plano internacional: el exlegislador denunció a Ferrero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por arbitrariedades en la designación de Fleitas, cuyo accionar –dijo– tiene un sesgo político «innegable» y ha adoptado una actitud de amedrentamiento constante hacia su persona (Búsqueda, 21-V-26).
En este contexto, en la Torre Ejecutiva insisten en buscar un acuerdo político amplio para designar a un nuevo fiscal de Corte y que Ferrero vuelva a su rol como fiscal especializada en estupefacientes. Tras la asunción de Yamandú Orsi, oficialismo y oposición –al menos parte de ella– comenzaron un diálogo informal para buscar un acuerdo, que nunca se cristalizó (véase «En busca del acuerdo perdido», Brecha, 25-IV-25). Tras el atentado sufrido por Ferrero en su domicilio y el respaldo cada vez más cerrado de la oposición para que permanezca en el cargo, el acuerdo parece hoy una utopía.
Pero el desencanto del gobierno con Ferrero aún pervive. Incluso, según informó El Observador (20-V-26), fue el fundamento de un tramo del discurso oficial del presidente Orsi en el acto por la batalla de Las Piedras: «Militaremos y lucharemos por mantener la imprescindible separación de poderes que garantiza la solidez republicana. Que no debe quedarse en una cuestión formal, sino que tiene que traducirse en una vigilancia permanente de los espacios de poder que residen en cada ámbito. Haciendo política, por supuesto, pero cuidando a la vez que los intereses político-partidarios no interfieran en la saludable independencia de la administración de justicia». Sus palabras llegaron horas después de conocerse el traslado de Machado y fuentes del Poder Ejecutivo confirmaron a ese medio que estaban dirigidas a Ferrero.
INESTABILIDAD
Mónica Ferrero asumió el mando de la FGN a fines de 2023, tras un quebranto de salud de Juan Gómez, que por esos días oficiaba como fiscal de Corte, también interino. La diferencia es que Gómez accedió al cargo con la venia del Parlamento (fue designado como fiscal adjunto de Corte por mayorías especiales), mientras que Ferrero lo hizo por una reforma legal aprobada por mayoría simple por la coalición multicolor. Su nombre quedó entonces en medio del tire y afloje entre el gobierno y las huestes coalicionistas.
En este marco, la AMFU reiteró la imperiosa necesidad de que el sistema político logre un acuerdo para terminar con la situación de interinato. «Todo lo que es interino genera inestabilidad, porque se pueden tomar medidas, pero no siempre son definitivas», afirmó González de Palleja. La presidenta de AMFU aseguró que Ferrero actúa con todas las atribuciones que le otorga el cargo para disponer traslados y otras medidas, pero en otras ocasiones se escuda en el argumento del interinato para «no tomar decisiones».
Un caso puntual refiere a las instrucciones generales. Según González de Palleja, el gremio le solicitó en reiteradas oportunidades que convoque al Consejo Honorario de Instrucciones Generales –integrado por la FGN y representantes del Poder Ejecutivo– para actualizar estas disposiciones, pero la jerarquía se niega a hacerlo. «Nos dice que ella es interina y que no lo va a hacer», explicó González de Palleja. «Muchas de las instrucciones tienen diez años, hay algunas que están caducas, pasadas de moda, y hay que revisarlas», insistió. Un caso concreto es la nueva Fiscalía Especializada en Cibercrimen, que asumirá sin una instrucción general específica para su área, por lo que no tiene ningún lineamiento objetivo sobre cómo funcionar ni cómo priorizar los delitos, lo que no es positivo para el trabajo de los fiscales.
- Estafas en Uruguay: Evolución, Características y Desafíos Actuales, AECA, julio de 2025. ↩︎