Cada vez que se produce la muerte de un niño, niña o adolescente que se encuentra bajo la custodia del Estado en el sistema de protección, el país mira por un rato los efectos de esas instituciones antiguas, que tienen políticas públicas consolidadas, pero que dan lugar a violencia institucional y vulneran los derechos de aquellas personas a las que deberían proteger. Actualmente, existe un consenso bastante amplio en el país en torno a la idea de que las niñas, niños y adolescentes que viven en instituciones del sistema de protección están expuestos a violencias y daños. Sin embargo, no está claro o no sabemos cómo transformarlo.
El ciclo se repite ante cada hecho trágico: conmoción, investigación administrativa, sumarios, declaraciones, promesas de cambio, silencio, pacificación y continuidad. De inmediato se prosigue con las mismas prácticas instituidas en el siglo XX por el Consejo del Niño y arraigadas en la cultura institucional del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en la actualidad.
El discurso oficial acerca de los derechos, a su vez, encubre concepciones descalificadoras sobre las familias de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados, y esconde la ausencia de prácticas de trabajo en comunidad por parte de los profesionales y de las instituciones de protección.
En la edición 2096 de Brecha, el expresidente del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas Luis Pedernera recordaba que, entre 1934 y 1989, el Consejo del Niño «consolidó un sistema de control social que recurrió casi en exclusivo al encierro frente a la pobreza y la marginalidad», bajo una lógica tutelar, que, además, jugó un papel importante durante la dictadura. Su sucedáneo, el Instituto Nacional del Menor (INAME), supuso, según Pedernera, «un cambio nominal» que mantuvo las mismas prácticas tutelares de separar a los niños, niñas y adolescentes de su entorno familiar. «Finalmente, con la creación del INAU, en 2005, a pesar de avances normativos y enfoques alternativos, la institucionalización sigue siendo predominante, con episodios reiterados de graves vulneraciones de derechos», apuntó.
Es decir, hubo muchos intentos de cambio institucional y normativo, pero el sustrato estructural permanece casi intacto. Como advierte Pedernera, el problema no es solo «el hecho» –la tragedia visible–, sino lo que queda oculto: un entramado de prácticas instituidas que naturalizan el encierro y la separación como si fueran cuidados, sostiene silencios y organiza una gestión cotidiana que no reconoce –o minimiza– la violencia institucional. Así, la tutela, el asistencialismo y la dependencia institucional se reproducen como matriz de intervención.
Por eso, la propuesta de instalación de una comisión de verdad independiente que desliza Pedernera en su artículo no es un recurso retórico ni un gesto simbólico, sino una herramienta política y ética para exponer esta situación en su cariz estructural, interrumpir la normalización de reestructuras que cambian el organigrama sin afectar las prácticas concretas, aceptar la responsabilidad por la violencia institucional ejercida a quienes se debe cuidar y establecer un mojón para un cambio en las prácticas y metodologías del sistema de protección.
La instalación de una comisión permitiría nombrar y documentar las violencias institucionales, reconocer a las víctimas, construir memoria pública y, sobre todo, traducir este sinceramiento en un cambio de las políticas públicas y en garantías de no repetición. Es, además, una oportunidad para habilitar un cambio profundo en un sistema que invierte enormes recursos con resultados magros y deja como saldo algunas prácticas inaceptables.
Y no partimos de cero, Chile nos muestra un ejemplo que avanzó en esta dirección, con la instalación de una comisión independiente para investigar a las vulneraciones de derechos bajo custodia estatal ocurridas en el Servicio Nacional de Menores. Ese antecedente importa porque, cuando el Estado reconoce la violencia institucional, deja de tratarla como un accidente y queda obligado a rediseñar su sistema de protección.
Actualmente somos testigos de una política pública desequilibrada, que invierte más en encerrar que en acompañar en contextos familiares y comunitarios.
Y hay un dato clave para la transformación: la institucionalización debería ser excepcional y breve, pero, en Uruguay, se volvió predominante y prolongada. Más de 3 mil niñas, niños y adolescentes viven en centros de 24 horas y permanecen, en promedio, siete años allí. A la vez, los monitoreos públicos muestran que la permanencia aumentó (de seis años en 2010 a siete en 2022), lo que confirma que no estamos ante desvíos puntuales, sino ante un patrón que se consolida.
Sabemos esto hace tiempo. Organismos como la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo vienen advirtiendo que el país utiliza en exceso la institucionalización y brinda pocos apoyos a las familias. Y el núcleo del problema es político y presupuestal: cuando el Estado concentra recursos en el dispositivo de 24 horas –infraestructura, turnos, control cotidiano–, reduce la capacidad de atención en los barrios, las casas y las familias de los niños. El anclaje territorial permitiría cambiar la ecuación con más acompañamiento familiar y comunitario, desplegar trabajo en red, disponer de apoyos materiales para sostener el cuidado familiar, trabajar en el seguimiento de trayectorias educativas y articular con servicios de salud mental y de atención a las violencias.
Por eso, no alcanza con retoques. El sistema arrastra una matriz histórica –desde el Consejo del Niño y el INAME– que confunde proteger con separar de la familia y, además, separar con encerrar. En ese movimiento, muchas veces se sale de una violencia intrafamiliar para entrar en una violencia institucional; en precariedad afectiva, rotación de referentes y una vida cotidiana administrada que puede volverse punitiva.
Para un cambio profundo de una tradición de casi un siglo, hay que tomar decisiones de fondo: una comisión de verdad que haga visible y documente, una redistribución presupuestal hacia el acompañamiento, el cierre de centros de protección y su reconversión en proyectos de acompañamiento en el ámbito familiar y de la comunidad, la profesionalización y la gestión por caso con información y evaluación, y un pacto interinstitucional que saque a la protección de su soledad.
Esta crisis del sistema de protección se presenta como escenario de oportunidad para que las autoridades actúen con audacia y perspectiva de largo plazo, ya que seguramente están dispuestas a dejar huellas que minimicen las laceraciones del encierro. Pero ello implica impulsar transformaciones que dialoguen de manera crítica con el sentido común institucional del INAU, para transformar prácticas y métodos, fortalecer equipos y garantizar otras formas de protección.
Diego Silva Balerio es educador social, magíster en Pedagogía Social y doctor en Psicología por la Universidad de la República. Docente del Departamento de Pedagogía Social del Consejo de Formación en Educación.
