Sin rodeos ni eufemismos, la fiscal Adriana Umpiérrez solicitó el procesamiento con prisión de 26 funcionarios del Sirpa, 16 como autores o coautores y diez como cómplices del delito de tortura. Entre ellos se encuentra imputado, según supo Brecha, Joselo López, presidente del Suinau y vicepresidente del Pit-Cnt. Además, la fiscal confirma el episodio de represión del que Brecha dio cuenta la semana pasada y que ocurrió previo a la golpiza en el Módulo C que muestran las imágenes captadas por las cámaras de seguridad: ese mismo 24 de julio alrededor de las 16.30 horas “se produjo un intento de fuga protagonizado por los internos del Pabellón B del Hogar Ceprili” y por el que “operaron denuncias de apremios físicos”. Para dilucidar lo que ocurrió durante este hecho la fiscal solicitó “la continuidad de las indagatorias con respecto al otro episodio, que va a ser en expediente independiente y separado”, “y puede dar lugar a nuevas responsabilidades”, dijo Umpiérrez durante una conferencia de prensa celebrada ayer.
Ese primer episodio fue lo que motivó la asamblea de funcionarios, aunque en las declaraciones algunos lo nieguen: “de hecho se gestó la misma, sin establecer la determinación de una guardia de urgencia”, por lo que los adolescentes “carecieron de respuesta a sus insistentes llamadas por un término de tiempo de dos a tres horas”. La gran cantidad de funcionarios que participaron de la represión se debe, según la vista fiscal, a que había “personas que pertenecían a los dos turnos (por el horario de cambio), al Grupo de Traslado (realojando a los del Pabellón B) y representantes sindicales”. Los primeros en ingresar fueron el director del centro de ese momento, ahora director del hogar Ser de la Colonia Berro, Alfredo Rivas, y quien usaría unos momentos más tarde el bomberito, Walter Barboza, “quienes reducen a los internos que habían arrojado los objetos”, “a quienes esposan y engrilletan obligándolos a permanecer en el piso”.
“Con diferencia que va desde segundos a unos minutos”, se reconstruye en la vista fiscal, “acaban accediendo al patio del Módulo C un total de 35 funcionarios”, “donde operan una serie de conductas que ingresan individual y colectivamente en la definición legal de tortura, sometiendo a los internos a sufrimientos físicos y mentales, que se ajustan sin esfuerzo a lo definido como ‘tratos crueles, inhumanos y degradantes’”. En la vista la fiscal Umpiérrez se detiene específicamente en “el uso de elementos químicos (gas de extintor) dentro de pequeños recintos donde estaban los jóvenes”. Y también lo hace durante la conferencia: “Se va sacando de las habitaciones a la totalidad de los jóvenes con elementos químicos; se invoca que en una de las habitaciones operó un foco ígneo, extremo que los adolescentes niegan, que en la inspección ocular no se comprobó e incluso existen personas directas y de jerarquía que niegan su existencia”. La fiscal sostiene que “eso lleva a considerar que el elemento químico fue utilizado como un vector de ese trato degradante”, y agrega además que las declaraciones aluden a que se había prendido fuego en una de las celdas, pero claramente se ve cómo Barboza ingresa a dos de ellas, “y eso provocó a los jóvenes convulsiones y ataques respiratorios”. “Ahí está la crueldad y el trato inhumano y degradante de la persona.” Además, la fiscal afirma que ameritaría “un estudio más detallado no aplicable a esta instancia” el hecho de que “si bien llegó la asistencia médica del Suat no se le prestó la misma porque se la obstó frente al procedimiento represivo que se llevaba a cabo y el único paliativo para su estado fue mojarle el rostro” al adolescente.
Por todo esto, entre otros elementos, la fiscal entiende, según declaró durante la conferencia, que es “más complejo que simples maltratos. Operaba un trato cruel, inhumano y degradante”. Resta ahora que el juez se pronuncie, cosa que sucedería, según fuentes consultadas por este semanario, entre hoy viernes y el próximo lunes. De concretarse el pedido de la fiscal, la sentencia sería histórica en términos de cantidad de funcionarios del Sirpa procesados por un hecho y por el delito que se les imputa, el de tortura.
