Esta vez le tocó a la Universidad Nacional de Asunción (Una), la principal institución de la educación pública paraguaya, ser blanco de un nuevo bochorno en la escalada represiva que viene aplicando el gobierno de Horacio Cartes contra los movimientos de protesta social, poblaciones y organizaciones campesinas, e incluso trabajadores de prensa.
En horas de la madrugada, unos trescientos policías ingresaron al campus de la Una, en grosera violación de la autonomía universitaria, obedeciendo la orden de una fiscal para posibilitar la salida del rector, de los decanos, de varios docentes y de dos delegados estudiantiles oficialistas, retenidos durante unas 15 horas por miles de estudiantes de varias facultades, en reclamo del cumplimiento acordado meses atrás de cambio de los estatutos de la institución, que las autoridades continúan ignorando.
Cuatro dirigentes estudiantiles, que no encabezaban la medida de fuerza frente al Rectorado, fueron declarados cabecillas de la insubordinación juvenil por el Ministerio Público y convocados a presentarse ante la Fiscalía, con probabilidad de quedar arrestados en el Departamento de la Policía Especializada, donde purgan penas varias personas acusadas de narcotráfico y terrorismo. Los propios imputados afirman que sus nombres fueron indicados a la policía por el mismo Rectorado.
Esta nueva ocupación del campus universitario, rodeado por unos 50 vehículos de todos los cuerpos policiales y de las Fuerzas de Operaciones de Choque (Fope), reedita el escenario vivido hace justo un año, cuando el estudiantado encabezó una campaña por la reforma educativa y contra la corrupción imperante en todos los estamentos de las ocho universidades públicas y las 50 privadas. En ese momento, como en éste, la fuerte exigencia del estudiantado forzó la retirada de los uniformados, mezclados con muchos agentes de civil.
El movimiento del año pasado culminó con la destitución del rector Froilán Peralta y su condena a la cárcel, pena sustituida a los 15 días por un arresto domiciliario, resultado de la fuerte influencia que ejerce el gobernante Partido Colorado sobre todos los niveles del Estado y en particular de la educación, con ministros de la Suprema Corte de Justicia que fungen de decanos en varias facultades y otros mandamases partidarios de profesores o de funcionarios con altos salarios, varios sin formación profesional y otros con títulos comprados.
Este nuevo desafío para Cartes se produce en medio de numerosas protestas en los diversos ámbitos de la actividad nacional, desde el campesinado hasta docentes y personal hospitalario, con fuerte disconformidad en la policía. El malestar abarca incluso a una parte del empresariado que se siente desplazada por el gobierno en las licitaciones de las obras públicas, en beneficio de inversores extranjeros y de consorcios trasnacionales.
El Poder Ejecutivo en su totalidad responde con un discurso agresivo, llamando “ratas que vamos a fumigar”, en alusión a los atentados que se producen en el noreste del país. Respecto de los autores de esos atentados, el gobierno y la prensa adicta los califica de “zurdos que hay que borrar”, como en la época de Stroessner, “quien debería estar ahora entre nosotros”, según reclamó un senador en pleno Congreso.
