Por más que esté manoseada, la frase “hecha la ley, hecha la trampa” no pierde su verdad. O al menos cada tanto aparece una situación que la avala. Este es el caso de una empresa que fue multada en 2013 por la Inspección General del Trabajo por ejercer prácticas antisindicales y discriminatorias, que consiguió –amparada en un vacío legal– que en 2016 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo1 anulara la sanción y le evitara pagar 1.381 unidades reajustables. Al menos otras tres empresas se presentaron ante el tribunal señalando el mismo argumento y sus casos están a estudio. Un nuevo proyecto de ley intenta resolver el problema.
No es que no hubiera motivos para sancionarla, no es que la multa no fuera merecida o careciera de razones, es que la defensa de la empresa en cuestión recusó l...
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