La causa por los crímenes del Escuadrón de la Muerte comienza a cerrarse. El fiscal Ricardo Perciballe solicitó la condena a 25 años de penitenciaría del empresario Miguel Sofía, uno de los principales referentes del grupo parapolicial, por la desaparición forzada del joven militante tupamaro Héctor Castagnetto, en 1971. También por un delito de asociación para delinquir.
En su extenso dictamen, al que accedió Brecha, el fiscal detalla los pormenores de los crímenes perpetrados por esa organización parapolicial y paramilitar, que operó a sus expensas en el Uruguay de los años setenta. Según Perciballe, los escuadrones surgieron como una respuesta a las significativas movilizaciones sindicales y estudiantiles y al crecimiento vertiginoso de los grupos guerrilleros, en especial, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.
Conformados como «un racimo de pequeñas agrupaciones compartimentadas de ultraderecha», estos grupos –creados en derredor de la bisoña Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII)– fueron responsables de decenas de atentados contra abogados y familiares de presos políticos y de opositores al gobierno de la época. También fueron responsables de muertes y desapariciones. Sus integrantes1 «se asociaron con un palmario fin delictuoso (detener, torturar y dar muerte o hacer desaparecer a miembros periféricos de la organización guerrillera así como hostigar mediante atentados al entorno de aquella) contando con la participación directa y/o la aquiescencia de las jerarquías del Ministerio del Interior [MI]», argumentó el fiscal. Funcionaban como una «gavilla que, pese a ser integrada principalmente por agentes del Estado, operaba flagrantemente al margen del control jurisdiccional, […] contando a su vez con el asesoramiento y el respaldo de los servicios de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos que se encontraban operando en Uruguay, así como de los servicios de igual índole de los países limítrofes». Para el fiscal, quedó probada la responsabilidad del escuadrón en los homicidios de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez y en la desaparición de Castagnetto, el único de estos crímenes que fue imputado.
En este sentido, la acusación señala que Sofía participó directamente en el operativo que culminó con la desaparición de Castagnetto. Además, detalla sus vínculos con la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), con el exsubsecretario del MI Armando Acosta y Lara (asesinado por el MLN-Tupamaros en abril de 1972) y con el paraguayo Ángel Crosas Cuevas, uno de los jefes operativos del escuadrón. Asimismo, con el coronel Walter Machado, ayudante militar en el MI y conspicuo integrante del grupo paramilitar, quien solicitó su ingreso a filas del Ministerio de Relaciones Exteriores en agosto de 1977.
En 2009, el propio fiscal Perciballe solicitó el procesamiento de Sofía y de tres policías por su participación en el grupo parapolicial. Sin embargo, el empresario nunca se presentó ante el juzgado. Estuvo casi diez años prófugo de la Justicia, hasta su detención en enero de 2019, mientras caminaba por Pocitos. Había vuelto al país para pasar las fiestas con su familia: para eso utilizó una cédula falsa. Fue procesado en julio de 2020.
Los crímenes del escuadrón quedaron al descubierto con las «Actas de Bardesio», escritas por el exagente policial Nelson Bardesio, mientras estuvo secuestrado por el MLN-Tupamaros. Tras ser liberado, Bardesio ratificó su autenticidad ante dirigentes políticos y los servicios de inteligencia del Ejército. Después viajó al exterior, donde permaneció con paradero desconocido hasta ser encontrado en Argentina, en una investigación de Brecha. Fue procesado en 2009, tras ser extraditado. Bardesio murió esta semana con una condena de 15 años de penitenciaría a cuestas.
1. El fiscal identifica como integrantes a Ernesto Motto, Washington Grignoli, Óscar Delega, Pedro Freitas, Jorge Nader, Hugo Campos Hermida, Víctor Castiglioni, Armando Acosta y Lara, Walter Machado, Jorge Grau Saint Laurent, Ángel Crosas Cuevas, José Pedro Macchi, Nelson Bardecio y Miguel Sofía Abeleira.
