Luego de haberse salvado la semana pasada de ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal (Stf) por el delito de corrupción pasiva, gracias al apoyo de una mayoría de los diputados, el presidente brasileño, Michel Temer, podría tener que sortear de nuevo una prueba similar.
Esta vez el procurador general de la república, Rodrigo Janot, acusa al presidente de obstrucción de la justicia y de asociación ilícita, y el Congreso deberá determinar otra vez por votación si admite las acusaciones. El gobierno estima que puede contar con 303 votos a su favor en el parlamento.
Para protegerse, Temer solicitó al Stf que apartara de su caso al fiscal Janot. Los defensores del presidente alegan que el procurador general tiene motivos personales para montar en contra del presidente lo que llamaron una “persecución política”.
El mandato de Janot concluye el 17 de setiembre próximo. Entonces será remplazado por Raquel Dodge, designada por el propio presidente.
Quien tomará la decisión de apartar o no a Janot de las causas abiertas contra Temer será el juez y relator del Lava Jato en el Stf, Edson Fachin.
GOBIERNO FRÁGIL. Y es que la amenaza que supone Janot, la de una eventual condena del presidente, es un obstáculo para los planes del gobierno de reformar el sistema de protección social. Por eso Temer y sus asesores económicos se esfuerzan por avanzar en la aprobación de la impopular reforma de las jubilaciones, anunciada hace meses y ampliamente rechazada por los movimientos sociales y la población brasileña. Para lograrlo intentan ahora restaurar las alianzas en el Congreso, que prácticamente se encuentran en la ruina, algo que se desprende de las votaciones en la Cámara de Diputados. Para que se apruebe la reforma del sistema de jubilaciones el gobierno necesitaría conseguir 308 votos favorables, algo que muchos analistas estiman será una tarea difícil.
El partido de coalición Psdb, que maneja cuatro ministerios del gobierno de Temer y apoyó el juicio de destitución contra la ex presidenta Dilma Rousseff, ahora se encuentra totalmente dividido. Un bando está a favor de abandonar el gobierno, el otro propone seguir apoyándolo y quedarse con los ministerios.
El gobierno de Temer está más frágil que nunca. Una muestra de eso es que para la votación de la semana pasada, que aceptaría o rechazaría los cargos contra el mandatario, el gobierno tuvo que permitirles a diez ministros con mandato parlamentario dejar a un lado sus responsabilidades ministeriales y acudir a la Cámara de Diputados para ir a votar a favor del presidente.
Paralelamente, el ministro de Economía, Henrique Meirelles, ha dado varias entrevistas para defender pública y enfáticamente la reforma de las jubilaciones. Uno de sus argumentos es que de no ser aprobada a la brevedad, el Estado brasileño podría quedar sin fondos para pagar sus gastos, incluyendo las jubilaciones. El mismo argumento fue repetido por el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, un radical defensor de las reformas pro-mercado, pero refutado por analistas y opositores.
El senador Paulo Paim, que encabeza una comisión parlamentaria de investigación sobre el sistema de jubilaciones, argumenta por ejemplo que varias empresas le deben miles de millones de reales al sistema de pensiones, que el gobierno no reclama porque prefiere perjudicar a los trabajadores con una reforma que favorece las jubilaciones privadas.
¿ELECCIONES EN PELIGRO? Mientras tanto, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien espera apelar su condena de nueve años y seis meses de cárcel, fue blanco de nuevas acusaciones. El juez federal Sergio Moro abrió una nueva causa penal en su contra (con la que suma cinco) en el marco de la Operación Lava Jato. Lula es acusado de haber recibido coimas de la empresa constructora Oas, que habría hecho trabajos de renovación de la chacra de Atibaia (que no es propiedad suya), en el estado de San Pablo, a cambio de favores del entonces presidente.
Correligionarios de Lula alegan que el objetivo de estas acusaciones es impedir que pueda ser candidato en las próximas elecciones presidenciales de octubre de 2018. Pero, según varios observadores, está en juego incluso la realización de estas elecciones. El presidente Temer defendió en estos días la propuesta del Psdb de reformar el régimen político e introducir un sistema parlamentario ya en 2018. Con lo cual no habría ni presidente ni elecciones presidenciales.
