En setiembre de 2010, la cadena británica BBC abría sus informativos con un video histórico, que afectaba directamente al futuro de Euskadi y de España. Sentados debajo de un anagrama de Eta, tres encapuchados anunciaban que esta organización había decidido el cese de sus “acciones armadas ofensivas”, iniciando así el camino que acabaría en el final de la violencia. A partir de entonces –e incluso antes–, varias fundaciones internacionales dedicadas a la promoción de procesos de paz iniciaron sus trabajos para que no hubiese marcha atrás. Al día de hoy, los expertos sólo tienen una certeza: España es “el único país del mundo” donde un grupo armado quiere desarmarse y el Gobierno opta por “dificultarlo al máximo”.
Fuentes muy cercanas al proceso vasco han asegurado que el Ejecutivo que lidera Mariano Rajoy ha sorprendido –en el mal sentido de la palabra– a quienes intentan facilitar los caminos que podrían conducir a la desaparición de Eta. “Los mediadores internacionales, algunos de los cuales empezaron como facilitadores de este proceso en 2008, suelen comentar lo extraño que resulta el caso de España: en ningún lugar les había pasado que una organización armada que haya decidido terminar con su actividad y quiera dejar sus armas fuera de uso o destruirlas, no encuentre ningún tipo de colaboración por parte del gobierno”, apuntaron.
Entre las organizaciones internacionales que siguen de cerca la evolución del final de Eta se encuentran la Fundación Nelson Mandela, el Conciliation Resources de Gran Bretaña o la Fundación Desmond Tutu, entre otras. Todas ellas han tomado parte en diversos procesos de resolución de conflictos, y también han puesto su grano de arena para tratar de consolidar la paz en Euskadi. Sin embargo, tanto sus expertos como los de otros grupos –algunos provenientes de países nórdicos– “no sólo no encuentran la colaboración del Gobierno español, sino que han visto que se ponen miles de obstáculos”, han subrayado las fuentes consultadas por este periódico.
En ese contexto, los observadores internacionales consideran que el proceso de paz en el País Vasco está marcado, tristemente, por un hito histórico. “Ven que hay condiciones reales para acabar con este asunto y que Eta entregue sus armas, pero no perciben que las autoridades españolas estén en esa misma sintonía”, destacaron. Así lo constataron en febrero de 2014, cuando los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (Civ) –grupo que realiza un seguimiento del desarme de Eta– fueron citados a declarar por la Audiencia Nacional. ¿El motivo? Haber grabado un video en el que certificaban que la organización armada entregaba una parte de su arsenal.
Aquel episodio preocupó seriamente a los mediadores internacionales. Sin embargo, las alarmas se habían encendido un año antes: a mediados de febrero de 2013, el gobierno noruego expulsó de su territorio a tres destacados miembros de Eta –Josu Ternera, David Plá e Iratxe Sorzabal–, quienes estaban allí desde finales de 2011. Durante su estadía en el territorio nórdico, los dirigentes habían mantenido contactos con miembros de la Civ para empezar a consensuar el proceso de desarme. “Tras presionar a Noruega para que los expulsase, el gobierno del PP envió un claro aviso a todas las organizaciones que trabajan en el ámbito de resolución de conflictos: España iba a rechazar cualquier intento de diálogo”, recuerda un observador.
Las fuentes consultadas han coincidido en resaltar que los intentos de abrir cauces de negociaciones se encuentran, de momento, paralizados. Al parecer, todos los actores tienen la vista puesta en el escenario que podría abrirse –o no– tras las próximas elecciones generales, previstas para diciembre de este mismo año. “Está todo el mundo esperando a ver qué pasa en las elecciones de diciembre, para determinar si hay otras mayorías que permitan abordar esta situación de una manera u otra”, comentaron. Si el PP perdiese en las urnas, podrían nacer nuevas oportunidades de diálogo. “O al menos se intentaría”, señalaron.
En cualquier caso, los observadores tienen constancia de que Eta continúa con su proceso de desarme, “aunque con unos obstáculos enormes” por parte de las autoridades españolas. Uno de los últimos golpes contra el grupo se produjo en julio pasado, con la detención en el País Vasco francés de dos miembros de la organización armada que custodiaban el sellado de zulos. En esa operación también fue detenida –aunque posteriormente liberada– la mujer que les había dado alojamiento en su vivienda. “He ayudado a una organización que se quiere desarmar. No me arrepiento”, llegó a decir Grazi Etxebehere antes de que se la llevaran los gendarmes. Una escena más en un proceso sin igual.
