Estado policial español – Brecha digital

Estado policial español

Como las tempestades, a menudo las crisis son una bendición. Al remover los bajos fondos de las sociedades, sacan a flote lo mejor y lo peor de la especie. La crisis de los refugiados, por ejemplo, mostró la solidaridad de la que son capaces los europeos, y a la vez destapó el racismo oculto en los pliegues del consumismo.

De la mano del presidente Mariano Rajoy, en pocos años el Estado español mostró la hilacha franquista resistente a los cambios, y devino en Estado policial. La mayoría parlamentaria del PP dotó a la policía de poderes absolutos, convirtiéndola en juez y parte, sin límites legales para golpear ni para acusar y encargada de llevar las pruebas a la justicia mientras los acusados no pueden hacer más que decir amén.

El 17 de marzo de 2012 Javier, un militante de la Asamblea Popular de Lavapiés y del Sindicato de Enseñanza de la Cnt, fue detenido en la barriada madrileña de Lavapiés cuando grababa con su cámara una redada racista de la policía. Casi cuatro años después el fiscal de su causa pidió 16 meses de cárcel por resistencia y atentado a la autoridad, y el pago de 7.500 euros en concepto de responsabilidad civil.

El barrio de Lavapiés está poblado por africanos, y es ahí donde la policía muestra sus peores tics racistas y represivos. Sin embargo, Asamblea Popular, nacida al calor de las protestas contra la crisis, se solidariza con los migrantes. Aquel día de marzo unos cien vecinos se concentraron en la popular Corrala al grito de “Ningún ser humano es ilegal”, mientras una decena de patrulleros y un helicóptero practicaban lo que una nota de Asamblea define como “la enésima redada racista de la policía nacional en las calles de Lavapiés”.

El relato de Javier al periódico Diagonal destaca que, al acercarse al grupo con su cámara, “se me tiraron encima y me tiraron al suelo, en ningún momento se me pidió la documentación. Una vez retenido, me preguntaron varias veces si era periodista”.

Como suele suceder, los medios informaron basándose en los partes policiales. Sin embargo, ante las quejas de decenas de lectores por la información difundida, el defensor del lector del diario El País debió reconocer en su momento que la cobertura del medio fue parcial, porque su contenido “no basta para dar una idea cabal de lo ocurrido, cuando hay relatos que contradicen íntegramente la tesis policial. Debería haberse acudido a más y discrepantes fuentes”.

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