En materia de torturas la humanidad ha acumulado un nutrido catálogo durante miles de años, y el informe del Senado no ofrece demasiadas sorpresas, y menos para los lectores latinoamericanos: confinamiento del detenido en una caja, baldazos o manguerazos con agua fría, “submarino”, golpizas, amenazas y plantones, humillación sexual, privación prolongada del sueño (autorizada hasta por 180 horas), restricción de la dieta, y “alimentación rectal” de quienes intentaron huelga de hambre.
Una limitación del informe del Senado es que no da cuenta de la extensión en el uso de torturas. Los senadores se concentraron en una veintena de individuos, algunos de ellos identificados sin duda como vinculados y con jerarquía dentro de Al Qaeda, a fin de seguir detalladamente sus casos, contando, además, con la información obtenida mediante sus abogados.
Desde setiembre de 2001 Estados Unidos invadió Afganistán e Irak, y sus fuerzas especiales han llevado a cabo decenas de operaciones clandestinas en otras partes del planeta atacando a grupos terroristas y capturando sospechosos, muchos de ellos transferidos a prisiones clandestinas o a países donde las leyes contra la tortura no son tan drásticas como las estadounidenses. Nadie sabe exactamente cuántos hombres y mujeres, cómplices o inocentes, fueron atrapados en la red de la “guerra global contra el terrorismo”, ni dónde fueron a parar.
Lo novedoso, para muchos estadounidenses, es verse frente al mismo conflicto moral, legal y práctico que la tortura ha presentado a otras sociedades.
Aunque durante casi una década y media en el resto del mundo, y en Estados Unidos también, se han publicado numerosos artículos sobre las prácticas de interrogatorio, intimidación y terror de Estado usadas por la Cia, hay en este país, como en otros, quienes encuentran cómo eludir esa realidad.
El primer movimiento es la negación: Estados Unidos es un país democrático, respetuoso y defensor de las leyes, adalid de los derechos humanos y promotor de la paz en todo el mundo, dicen. Las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia libran batallas crueles contra enemigos pérfidos, pero luchan con honor y con respeto de las leyes de la guerra. Estados Unidos no ha torturado, insisten.
Lo cual, por supuesto, lleva a la discusión de si los métodos descritos por el informe del Senado, y documentados durante años por otras muchas fuentes, constituyen torturas o meros “métodos de interrogatorio reforzados”, como los describen sus defensores.
Ante la evidencia de que se trata de torturas, el segundo paso es la justificación: sirven para obtener información que ha salvado la vida a miles de personas y servido para desbaratar ataques terroristas y desmantelar sus organizaciones.
El informe del Senado concluye que las torturas aplicadas por la Cia no permitieron obtener demasiada información valiosa en la lucha contra los terroristas. De hecho, el Buró Federal de Investigaciones (Fbi) indicó que más información se obtuvo con sus métodos de interrogatorio, que provienen de una práctica policial profesional, disciplinada y experimentada. Bajo tortura, como los interrogadores policiales profesionales saben, el detenido dice cualquier cosa, admite cualquier cargo, inventa “datos” que alivien su tormento, aunque eso lleve a pesquisas desorientadas.
El argumento sobre la supuesta eficacia de las torturas trae al frente, de nuevo, la cuestión de la extensión con que se han aplicado. Para llegar a un “pez gordo”, un terrorista de alto rango en su organización, las fuerzas de seguridad han tenido que capturar decenas de personas, “exprimiéndolas” con la esperanza de que alguna de ellas diera una pista valiosa. Otras muchas, que quizá nada sabían, desaparecerán en el montón del daño colateral anónimo.
El informe del Senado señala, además, que la Cia les mintió al Congreso y a la ciudadanía exagerando los resultados obtenidos con sus técnicas “realzadas”, y que los torturadores siguieron torturando aun cuando ya era obvio que sus víctimas no tenían más información valiosa.
En definitiva el informe del Senado presenta a los estadounidenses la admisión necesaria pero difícil de tragar: nosotros también torturamos, y lo hacemos por venganza y para aterrorizar al enemigo.
RESPUESTAS. Un día después de publicado el informe del Comité de Inteligencia del Senado, los ex directores de la Cia Michael Hyden, George Tenet y Porter Gross, junto con otros ex funcionarios de la agencia, publicaron en The Wall Street Journal un artículo defendiendo los “métodos agresivos” de interrogatorio que, según ellos, salvaron la vida de muchos estadounidenses.
“Los cabecillas de Al Qaeda no han podido lanzar otro ataque grande sobre nuestra patria en 13 años”, señala el artículo. “Las políticas y los programas antiterroristas de la Cia son responsables de ese éxito.” El ex vicepresidente Dick Cheney, en declaraciones para la televisión, sostuvo que “el informe está lleno de mierda”. “Lo que ocurrió es que le pedimos a la agencia que tomara todas las medidas y pusiera en práctica todos los programas diseñados para capturar a los hijos de puta que mataron a 3 mil de nosotros el 11 de setiembre, y que se asegurara de que eso no volviera a ocurrir”, añadió Cheney. “Y eso es, exactamente, lo que hicieron, y merecen que se les den méritos por eso, y no la condena que reciben de los demócratas en el Senado.”
En cuanto al conocimiento que el entonces presidente George W Bush haya tenido de los “métodos agresivos” y su responsabilidad por su uso, Cheney dijo: “Pienso que él, con certeza, supo de las técnicas. Hablamos de las técnicas, no hubo esfuerzo de parte nuestra para no mantenerlo al tanto de eso. Lo de que al presidente no se le informó es pura mentira”.
Las reacciones de los defensores de los “métodos agresivos” y las “técnicas de interrogatorio reforzadas” tienen un aspecto interesante: reconocen que sí se usaron métodos, llamémosles coercitivos, que se justifican por los resultados. La mejor definición de lo que es tortura está contenida en la Octava Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los “castigos crueles e inusuales”. Las “leyes de guerra” que las naciones han elaborado durante siglos estipulan normas que procuran proteger a la población civil de la furia de los combatientes, y que amparan a los enemigos capturados. En el caso de los enemigos hechos prisioneros la razón no es meramente humanitaria, sino de interés propio. Si un bando maltrata a los prisioneros del otro bando expone a sus propios combatientes al maltrato si son capturados.
De ahí que, anticipándose al impacto de la publicación del informe del Senado, el gobierno de Estados Unidos haya puesto en alerta por posibles represalias a todo su personal militar y diplomático en el exterior. Por su parte, en Ginebra, el relator especial de las Naciones Unidas sobre antiterrorismo y derechos humanos, Ben Emerson, afirmó que los ex funcionarios estadounidenses de alto rango que autorizaron y llevaron a cabo las torturas deberían ser enjuiciados. La memoria del ex dictador chileno Augusto Pinochet, detenido en Londres por el pedido de extradición formulado por un juez de España, está presente para muchos de los ex funcionarios en el aparato de seguridad nacional bajo la presidencia de Bush. Que se sepa, desde que salieron del gobierno, Bush, Cheney, el ex jefe del Pentágono Donald Rumsfeld, y otros con posibles responsabilidades penales bajo las leyes internacionales se han cuidado de no viajar fuera de Estados Unidos…