«Etapa superada», dijo, con tono definitivo y gesto adusto, el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, en su conferencia de prensa de la noche del 27 de marzo, en referencia al cuestionamiento de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración 19.889 (LUC), cuando ya estaba claro que el No había ganado por un par de decenas de miles de votos (en un electorado de más de 2 millones de ciudadanas y ciudadanos) y que esos artículos seguirían vigentes. Como si su pronunciamiento fuera una bula papal, se atribuyó un ego me absolvo y se declaró pronto para una nueva arremetida, no se sabe si con más leyes de urgente consideración o sin ellas. Atrás dejaba un paquete de casi 50 leyes, parido en menos de 100 días por un Parlamento atropellado por el abuso del poder de mayoría, como si el 1 por ciento con el que la coalición ganó en el balotaje de 2019 tuviera el valor de un cheque en blanco. Logró aprobar casi todo lo que quería aprobar, con la sola excepción de lo que sus socios de coalición no le llevaron, pasando por encima de la Constitución (que prohíbe expresamente tramitar una ley ómnibus por el régimen de urgente consideración, y esta ley es un ferrocarril de 50 vagones), escuchando poco y nada, y haciendo como que escuchaba, y solo por compromiso: a la sociedad organizada, a la oposición, a la academia y a todo aquel que no fuera parte de su círculo áulico multicolor.
Yo creo que lo más preocupante del resultado del referendo no es que el país esté dividido en dos mitades –que lo está hace años–, sino que quienes conducen la mitad hoy apenas más grande sientan que pueden seguir actuando de esta manera y no hagan la menor autocrítica. Al fin y al cabo, las únicas preocupaciones de la coalición posreferendo parecen ser de Cabildo Abierto y apuntan más a la significación del resultado y el posible futuro electoral que a los procedimientos empleados y al impacto de lo hecho en la ciudadanía. Pero el referendo nos deja, además, reafirmados, los 135 artículos considerados más tóxicos de la LUC, cuya aplicación más de 1 millón de uruguayos entendemos que será enormemente perjudicial para los sectores más vulnerables de la población y que el gobierno se dispone a llevar a la práctica, sintiéndose legitimado por la mayoría relativa obtenida en el referendo. Frente a eso, ¿cuál debe ser el papel de las organizaciones sociales y la oposición política? Considerando que ahora el gobierno es mano, como se ha dicho, ¿deben esperar a que la acción y el trabajo político, y los estragos que las medidas aprobadas en la LUC pueden causar convenzan a las grandes mayorías de corregir el rumbo y en 2025 poner en el gobierno a representantes del pelotón, en vez de a los personeros de los malla oro que están ahora? ¿O, por el contrario, deben tratar de limitar ya el daño y levantar propuestas que, por lo menos, mitiguen los efectos más severos? Yo me afilio decididamente a la segunda alternativa, porque el costo lo va a pagar la gente, porque 2025 está muy lejos y porque muchas cosas que ahora la LUC habilita van a dejar un tendal de damnificados por el camino.
Contra esa posibilidad algunos opinan que el tema fue planteado y laudado, y ahora no queda otra cosa que aceptar el resultado de la consulta. La historia política del país muestra que nunca nada de lo que alguna vez se ha votado queda escrito en piedra, y así lo han aceptado a su turno, más o menos expresamente, todos los partidos políticos: así fue con la derogación de la ley de impunidad y lo sigue siendo con la pretensión de privatizar las empresas públicas y la habilitación de los allanamientos nocturnos. Mucho menos puede discutirse esto cuando la estrategia del gobierno, atando en un paquete un listado caótico de temas, obligó a aprobar ese paquete y luego a refrendarlo o rechazarlo, todo junto. Porque si, por ejemplo, se hubiera votado de forma independiente, ¿1 millón de uruguayos habría aceptado la imposición de desalojos y lanzamientos casi instantáneos? Tanto es así que, a una semana de votar por el No, posibilitando el mantenimiento del artículo, la senadora colorada Carmen Sanguinetti admitió que las penas que a partir de la LUC se le aplican al narcomenudeo son absurdas en comparación con las que se aplican al gran narcotráfico y propone modificarlas, mientras que, en el otro extremo de las preocupaciones, el senador blanco Carlos Camy vuelve con los allanamientos nocturnos rechazados en el plebiscito de 2019 y en distintos ámbitos del gobierno se insiste con propuestas privatizadoras de servicios públicos, votadas negativamente por la ciudadanía una y otra vez.
Entonces, podemos y debemos combatir los efectos más perniciosos de la aplicación de la LUC, tema por tema, y no creo que haya nada que nos impida hacerlo. Para poner un solo ejemplo, de la cuestión que más conozco: se puede procurar limitar la aplicación del desalojo exprés facultando a los jueces para otorgar prórrogas o habilitar la suspensión de los lanzamientos en situaciones amparadas por la LUC, en los múltiples casos que pueden existir de desvalidez total, en los que la aplicación de una legislación tan draconiana implicará, lisa y llanamente, mandar a la calle a familias con niños, mujeres embarazadas, enfermos y ancianos, y otras tantas situaciones extremas. El país tiene también una larga experiencia en este tipo de medidas, que procuran suavizar la legislación general en casos particulares muy dramáticos. Hasta se han llegado a suspender los desalojos y los lanzamientos durante el invierno, y estaba muy bien. ¿Quién puede estar en contra de esto? Si alguien lo está, sería bueno que todos lo supiéramos.
