En menos de una semana, alrededor de mil personas que se habían embarcado en costas africanas con intención de llegar a Europa se ahogaron en el Mediterráneo. Desde comienzos de 2014, son más de 8 mil los muertos en ese mar y desde enero pasado superan el millar. Los que pudieron llegar a tierra sumaron unos 200 mil, de acuerdo a un conteo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El símbolo del último naufragio volvió a ser un bebé: esta vez se trata de un niño de poco más de 1 año al que un rescatista alemán de la Ong germana Sea-Watch sacó del agua el viernes. “Tomé el brazo del bebé y de inmediato protegí el cuerpito en mis brazos, como si aún estuviera vivo (…), el sol brillaba en sus ojos inmóviles. Hace sólo seis horas este niño estaba vivo”, dijo. El barco en el que viajaba el nene, presuntamente con sus padres, era de madera, vetusto, y estaba desbordado de gente. Empezó a zozobrar a poco de zarpar de Libia. La semana pasada fue una de las más intensas de este año en tráfico de aspirantes al refugio desde costas africanas hacia Italia. Varios barcos intentaron el cruce. Los sobrevivientes, rescatados por la marina italiana o embarcaciones de Ong, fueron menos numerosos que los que se ahogaron. Los refugiados llegados por mar, que se agolpan en Grecia e Italia, son a su vez reprimidos, sobre todo en Grecia y fundamentalmente después de un acuerdo establecido entre la Unión Europea y Turquía para trasladar hacia el país otomano al grueso de los migrantes a cambio de dinero. Los países de la UE deberían repartirse entre ellos apenas unos 160 mil refugiados, según un sistema de cuotas, definido en función de medios económicos y número de habitantes, al que varios de los 28 estados de la Unión se niegan a acatar.
La respuesta “egoísta” de la UE ante la “crisis de los refugiados” llevó a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, a anunciar esta semana la creación de un refugio para migrantes en un barrio popular de la capital francesa, el distrito 18. “Instalaremos un campo humanitario según las normas de la Onu en París para hacer frente a la urgencia de la situación”, dijo Hidalgo, opuesta al presidente François Hollande en la interna del Partido Socialista. El campo será gestionado por el municipio y por las Ong Emaús, France Terre d’Asile y Aurore. “La idea es que no veamos más campos indignos y que las personas que llegan sin nada no se vean obligadas a dormir en las estaciones de subterráneo o a vivir de manera indigna en las afueras”, agregó. El campo recibiría un máximo de 1.000 personas. “Es poco, pero por algo hay que empezar”, dijo Hidalgo. Francia no es uno de los países preferidos por los migrantes: unos 80 mil pidieron refugio en su territorio el año pasado, contra alrededor de un millón. Sin embargo, la política del gobierno de Hollande ha sido bastante más restrictiva y represiva que la de la primera ministra conservadora germana Angela Merkel. Invocando razones de “seguridad” y de “salud pública”, las autoridades francesas han desmantelado campamentos improvisados de refugiados (por ejemplo uno montado en Calais, cerca de la frontera con Gran Bretaña, llamado “La jungla”) o rechazado iniciativas de municipios que quieren dar una acogida “digna” a los extranjeros, como el de Grande Synthe, cuyo alcalde, un ecologista, anunció la creación de un campo “modelo” para recibir a unos 1.500 migrantes que se habían instalado en un área pantanosa. “Francia, como el conjunto de Europa, ha obrado mal, y eso hay que corregirlo”, dijo Hidalgo, coincidiendo en ese sentido con las llamadas “alcaldías del cambio”, una red de municipios españoles gobernados por fuerzas de “la izquierda de la izquierda”, que pretenden pasar por encima del bloqueo al ingreso de migrantes practicado de hecho por el gobierno de Mariano Rajoy.
En Suiza, mientras tanto, sucedió algo insólito: la localidad de Oberwil-Lieli, una de las más ricas de Europa, decidió en referéndum declararse libre de refugiados. La ciudad, en la que viven unas 2.200 personas, 300 de las cuales son millonarias, resolvió que no recibirá a los diez sirios que el gobierno federal le había asignado en el marco de la cuota adjudicada a la confederación helvética por la UE. Sus habitantes prefieren, a cambio, pagar la multa de 263 mil euros prevista por el gobierno federal para estos casos. “Hemos trabajado duro durante toda la vida y tenemos un pueblo encantador que no queremos que se estropee. No estamos dispuestos a acoger a los refugiados. No tienen cabida aquí”, dijo el alcalde de la ciudad.