Explicaciones debidas

Ministerio de Vivienda e Intendencia de San José presentaron denuncia por ventas irregulares de terrenos.

Sebastián Ferrero, director de Descentralización de la Intendencia de San José, y la doctora Alicia Martínez llegan al juzgado a presentar la denuncia / Foto: gentileza La Semana

El director de Descentralización de la Intendencia de San José (Isj), Sebastián Ferrero, acompañado de la abogada Alicia Martínez, presentaron el pasado miércoles en el juzgado letrado de la ciudad de Libertad una demanda penal contra seis personas –entre ellas el abogado y dirigente colorado Artigas González Samudio– por “hechos con apariencia delictiva” por la venta irregular de terrenos en los barrios Safici y Monte Grande, de Ciudad del Plata. La denuncia se presentó con la firma de la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, y el intendente josefino, José Luis Falero, tras un trabajo previo conjunto de los equipos de abogados de ambas reparticiones estatales.

La información respecto de la inminencia de esta demanda fue informada por Brecha el 28 de julio pasado, pero el cruzamiento de información entre el Mvotma y la Intendencia, más la recolección de la documentación necesaria para apoyar el recurso legal presentado demoraron en más de un mes la efectiva comparecencia ante la sede penal que dirige hoy la jueza Marcela López Moroy, para dar inicio al proceso.

Sebastián Ferrero fue el representante de la Intendencia en el trabajo previo y reunió el testimonio y la documentación de los 23 casos en que se basa la demanda presentada.

El jerarca dijo a Brecha que la denuncia es por la existencia de “hechos con apariencia delictiva” que “involucran a una cantidad de familias que han sido estafadas en su buena fe, que creían estar comprando padrones donde poder construir sus casas y que en función de los hechos que nos han llegado a nosotros no han comprado nada, o muchas de ellas han sido desalojados, y en algunos otros casos sus terrenos fueron vueltos a poner en venta”.

En el trabajo de investigación “hemos constatado una multiplicidad de situaciones, en algunas de éstas hay personas que queriendo pagar no podían dar con los agentes a los cuales tenían que pagarles, otros que creían haber comprado y que no llegaban nunca a escriturar, en otros casos aparecía un juicio de desalojo; otros más le compraban a determinada persona, pero en realidad ese no era el dueño del terreno, sino que era otra persona, que a su vez tenía embargado o hipotecado el terreno”, ejemplificó Ferrero, y añadió que todas las afectadas son familias de trabajadores, que no pidieron asesoramiento notarial y que fueron estafadas.

Con respecto a las expectativas que las autoridades nacionales y departamentales tienen en cuanto a la presentación de este recurso legal, dijo Ferrero: “Vamos a ver cómo prospera en sede penal. Evidentemente para las familias lo principal es mantener sus casas. Luego, si esta acción tiene resultancias, será un insumo importante que puede ser utilizado en sede civil para reclamar por sus derechos”, pero es “importante que la justicia penal investigue”.

El funcionario delegado por el intendente blanco de San José para seguir el tema fue cauto a la hora de dar el nombre de las personas denunciadas, pero ante la consulta concreta de Brecha sobre si entre los seis citados en la demanda se encontraba el estudio del abogado Artigas González Samudio, respondió que ellos han “manejado una serie de personas, que en realidad serían llamados si el juez penal entiende que tienen calidad de indagados, y el nombre que usted menciona está involucrado entre los que, por lo menos, deberían venir a dar alguna explicación a la sede penal”.

Ferrero no se aventuró a dar plazos con respecto a cuándo podrá haber alguna definición sobre este tema, pero opinó que ahora que la demanda está, es probable que se sigan sumando nuevos demandantes.

Los voceros de los denunciantes, Reynaldo Braida y Javier Figueroa, expresaron a Brecha su beneplácito con el comienzo de esta nueva etapa, y anunciaron que en breve realizarán una convocatoria pública masiva para sumar casos a la demanda.

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