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Un fallo y su inexorable respuesta

El repudio popular y las críticas internacionales al fallo de la Corte Suprema de la Nación Argentina que otorgó la reducción de pena a un represor, sentando jurisprudencia para los crímenes de lesa humanidad, cobraron tales dimensiones que movilizaron al Congreso, que aprobó de urgencia una ley que impide la excarcelación de los condenados por estos crímenes, obligando al presidente a sumarse al rechazo.

Estela de Carlotto (centro), junto a integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo y legisladores, se manifiestan en el Congreso el 10 de mayo / Foto: Afp

Nadie sabe cómo desactivar la bomba que tres jueces de la máxima instancia judicial introdujeron en la sociedad argentina el miércoles 3 de mayo cuando estamparon su firma sobre una sentencia que podría poner en libertad a 750 condenados por delitos de lesa humanidad. Con su decisión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autoriza la aplicación de la ley 24.390, para el caso de un represor que actuó en el centro clandestino de detención del Hospital Posadas y fue condenado a 13 años de prisión por delitos de lesa humanidad, a pesar de que dicha ley ya no es vigente. La normativa que asimila cada año que un reo haya estado detenido sin sentencia firme a dos años de condena cumplida, tuvo vigencia entre 1994 y 2001 con el fin de descomprimir el hacinamiento en las cárceles argentinas por...

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