Durante una hora y veinte minutos el presidente Alberto Fernández se dedicó a criticar la situación heredada de la gestión de Mauricio Macri, valorar los 80 días de gobierno desarrollados y anunciar las medidas y leyes a tomar en los próximos meses.
El mandatario consideró la situación económica como el tópico más duro
de la herencia dejada por su antecesor y destacó la coincidencia de ese
diagnóstico con las nuevas autoridades del Fondo Monetario Internacional (Fmi) encabezado por la búlgara
Kristalina Georgieva. Para graficar la situación aseguró que solamente en 2020
hay vencimientos de deuda por casi 48.000 millones de dólares. Aseguró que el
Banco Central (Bcra) está
trabajando en la investigación de los fondos ingresado en concepto de préstamos
del Fmi, cuyas conclusiones
estarán listas para el lunes 16 de marzo. El Bcra
aseguró a la prensa que el 90 por ciento de la deuda tomada por el gobierno de Macri terminó convertida en fuga
de capitales, probablemente hacia cuentas
off-shore.
En materia de ampliación de derechos, Fernández anunció el envío de un proyecto de ley para habilitar el aborto seguro, legal y gratuito como parte del sistema público de salud junto con nuevas medidas a favor de la educación sexual integral, sistema aplicado a la educación primaria y secundaria. “Seguramente la prioridad la tendrá este proyecto de ley para ingresar en Diputados en los próximos diez días hábiles”, aseguraron el lunes fuentes de presidencia. Los movimientos feministas esperan saber que pasará entonces con el proyecto por ellos impulsado que ingresó por cuarta vez en mayo de 2019 y se muestran cautelosos respecto del anuncio oficial.
El presidente resumió los principales logros de su todavía corta gestión iniciada el 10 de diciembre pasado. Agradeció a los legisladores la aprobación de la ley de solidaridad social y reactivación productiva que permitió, según Fernández, empezar a ver mejoras en la situación económica cotidiana. Resumió las principales medidas mencionando el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, el aumento de emergencia para los salarios públicos y privados, la recuperación de las jubilaciones y pensiones para los ancianos, la entrega de tarjetas alimentarias para más de diez millones de ciudadanos bajo la línea de pobreza y la rebaja en los precios de los medicamentos.
MINERÍA Y PETRÓLEO. Anunció también el envío de un proyecto de ley para potenciar la megaminería y el fracking petrolero, si bien un párrafo antes mencionó la necesidad de dejar el extractivismo como alternativa de desarrollo. “Tenemos que salir del extractivismo y generar una industrialización de base nacional, pyme y tecnológica, que permita desarrollar una cadena de proveedores en torno a los recursos naturales y otras actividades”, aseguró en un tramo de su discurso.
En la semana previa al domingo un grupo de 300 científicos argentinos de diversas universidades públicas nacionales y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet) emitieron un documento titulado “No es posible una megaminería sustentable” en el que destacan las protestas de las asambleas cordilleranas de diciembre pasado oponiéndose a la modificación de la ley que en Mendoza prohíbe la megaminería. Los científicos destacan que no se oponen a la actividad minera, pero sí a la megaminería con sustancias tóxicas y destacan que en este caso “siempre existen daños irreparables al suelo y otras especies vivas”. Por parte del gobierno, los ministros de Ambiente, Juan Cabandié, y de Producción, Matías Kulfas, ya adelantaron que aceptan “la megaminería sustentable con controles ambientales responsables”, según dijo Kulfas a la prensa apenas asumió su cargo. Para más datos, en el mismo momento en que el presidente Fernández pronunciaba su discurso ante la Asamblea Legislativa, el secretario de Minería, Alberto Hensel, inauguraba en Toronto, Canadá, el stand argentino de la feria internacional de minería de la Prospectors and Developers Association of Canada, que reúne a empresas y gobiernos de todo el mundo en busca de generar oportunidades de negocios cada año en el sector minero.
MERCOSUR Y EL MUNDO. En materia de relaciones exteriores el presidente volvió al discurso peronista de los últimos tres mandatos: apoyó la unidad latinoamericana, impulsó un nuevo desarrollo del Mercosur en materia de infraestructura, aduanas, aranceles comerciales y derecho internacional e hizo hincapié en el multilateralismo y la defensa del medioambiente. En ese caso está pendiente la denuncia hecha por el nuevo embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne, ante la Comisión de Acuerdos del Senado en ocasión de presentar sus credenciales para ser nombrado representante diplomático. Iribarne aseguró que la instalación de la nueva pastera en territorio uruguayo, cerca de Paso de los Toros, duplicará la producción de la ya instalada en Fray Bentos y que generara el conflicto binacional durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez en 2005, y que la autorización uruguaya para su instalación no respetó el estatuto de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) que obliga a consultar a la Argentina porque comparten caudales de aguas comunes. También en materia de multilateralismo, Iribarne aseguró que Uruguay admitió en 2019 la salida de 13 vuelos británicos de carácter militar desde Montevideo hacia las Islas Malvinas. El acuerdo entre Argentina y Uruguay admite sólo vuelos en casos indispensables y de fuerza mayor, pero nunca militares. El punto de conflicto será abordado en una reunión entre los presidentes Alberto Fernández y Luis Lacalle en Montevideo en los próximos días. Fernández no asistió a la asunción de Lacalle, el domingo, por la apertura del año legislativo, aunque las versiones recogidas por Brecha en la cancillería argentina señalan que buscaba evitar un encuentro con el brasileño Jair Bolsonaro y el chileno Sebastián Piñera, en un clima de euforia política de la derecha sudamericana.
Fernández fue más amplio y, tras mencionar frases de Néstor Kirchner, Raúl Alfonsín, Juan Perón y Manuel Belgrano, agregó a la lista de países con los que buscará acuerdos y negocios “a las potencias de América y Europa, pero también Rusia y China” en clara respuesta a los deseos de la Casa Blanca, encabezada por Donald Trump, por sostener una relación diplomática y comercial preferencial tal como ocurrió durante la administración de Mauricio Macri.
SÓTANOS DE LA DEMOCRACIA. En su original anuncio de intervenir a los servicios de inteligencia nacionales apenas asumió el cargo, Fernández advirtió esta vez que también abrirá los archivos secretos que subsistan en la Agencia Federal de Inteligencia (Afi) –nombre de la vieja Side– sobre el atentado a la Amia ocurrido en 1994. No hay certezas sobre el contenido de esos archivos. Por lo pronto, la interventora en la Afi, la fiscal Cristina Caamaño, aseguró que no se encontraron en esa repartición documentos vinculados con la muerte del fiscal Alberto Nisman. Los familiares de las víctimas del atentado a la Amia, nucleados en la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia (Apemia), emitieron en la mañana del lunes un comunicado en el que cuestionan la seriedad del anuncio del presidente. “En realidad se viene haciendo desde hace 17 años a través de una decena de decretos presidenciales que ordenaron la desclasificación de la documentación. Pero hasta hoy no podemos acceder a esa documentación porque fue puesta en manos de la Fiscalía Amia [una fiscalía especial creada por Néstor Kirchner en 2004], que tampoco mostró interés en investigar esos documentos.” En cambio, los integrantes de Apemia reclaman a Fernández que habilite “la creación de una comisión investigadora independiente del Estado, integrada por personalidades notables del quehacer nacional, participación parlamentaria y acceso irrestricto a los archivos aún secretos”.
La apertura del año parlamentario tiene siempre algo de fundacional por la impronta que el presidente pretende darle a su gestión avalada por el parlamento. En este caso, los desafíos por delante parecen exceder a la corporación política y al poder en general para involucrar a la sociedad y su genuina participación.
