En el norte hace rato que es noticia: se viene El Niño con todo y hay que estar preparados. El fenómeno climático ya tuvo un adelanto en agosto, mes en el que se registró un pico de 2.233 personas desplazadas por las crecidas en todo el país. En el caso del departamento de Artigas, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) estima que, para fines de setiembre, los evacuados podrían ser entre 10 y 12 mil personas.
Ante semejante panorama, la intendencia artiguense tuvo el tino de activar el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), organismo local encargado de prepararse para cuando caiga el temporal. Todo parecía marchar acorde al interés público, hasta que apareció en la foto el hombre elegido para encabezar la tarea.
La cara conocida es el exintendente de Artigas, el nacionalista Pablo Caram, que tuvo que renunciar al cargo en 2024 luego de haber sido condenado a 14 meses de prisión por el delito de omisión, en el marco del tristemente célebre escándalo de las horas extras. Ahora, su correligionario y sucesor en la intendencia, Emiliano Soravilla, acaba de nombrarlo como coordinador del Cecoed, cargo de confianza que marca su regreso a la función pública tras la condena. Y, por qué no, su ventana de retorno al ruedo electoral.
El nombramiento es legal, pero su legitimidad hace agua. Caram no fue a la cárcel porque cumplió su condena con dos horas semanales de trabajo comunitario durante cuatro meses, por acogerse a un acuerdo abreviado que no estableció una inhabilitación específica para ejercer cargos públicos. A pesar de declararse culpable ante la Justicia, ante los medios dice ser inocente y no tener «nada que ver» con el esquema de corrupción que involucró el cobro irregular de una cantidad de horas extras humanamente imposible de trabajar –más de 100 por mes, en algunos casos– por parte de funcionarios de su gobierno.
Los cuestionamientos éticos no se hicieron esperar desde filas del Frente Amplio, pero también desde otros partidos de la oposición a escala local. De hecho, uno de los críticos más acérrimos de Caram y de su sector político Artigas Adelante –la lista 2525 del Partido Nacional (PN)– es el edil colorado Daniel Argañaraz, quien en 2024 denunció a más de 40 funcionarios de la comuna, acción que contribuyó a llevar el caso a nivel nacional.
«Había gente que, mientras estaba de vacaciones, cobraba horas extras. Hay gente que se llevó dinero para su casa sin haberlo trabajado y gente que miró para el costado mientras ocurría ese robo. Ahora, estas personas que han tenido problemas con la Justicia están asumiendo cargos. El mensaje que estamos dando en Artigas es que hay que ser delincuente para estar en la función pública», dijo Argañaraz en conversación con Brecha.
Los comentarios del edil colorado no son solo rosca política, sino que apuntan objetivamente a la falta de avances en la mencionada causa penal. Más allá de la condena de Caram y de su sobrina, la exdiputada y actual secretaria general de la Intendencia de Artigas, Valentina dos Santos (que también optó por el juicio abreviado para declararse culpable por usurpación de funciones), existe un proceso en curso que involucra a unas 60 personas del que poco se sabe. Según Argañaraz, el Tribunal de Cuentas determinó que se desarrollaran investigaciones administrativas a decenas de funcionarios de la administración Caram, que la intendencia dice ya haber concluido, pero que aún no han pasado a la Justicia.
«He hecho pedido de informes y no me los dan. Hablé con la fiscal y no hay información. En el caso de los principales involucrados en el cobro irregular de horas extras, Rodolfo Caram [primo de Pablo] y su pareja, la Justicia determinó que debían pagarle al Estado unos 47 mil dólares. Hasta ahora no han pagado y no van a pagar», agrega el edil.
Cabe recordar que el caso horas extras cobró notoriedad en plena campaña electoral de 2024, cuando fue igual de notoria la rapidez con la que se saldaron las condenas de Caram y Dos Santos antes de los comicios. En el marco del escándalo, los condenados renunciaron al PN, lo que no impidió que Soravilla –delfín político del exintendente– se alzara con la victoria a nivel departamental. Y, luego de la victoria, comenzaron los retornos: tras la asunción del intendente electo de Artigas en 2025, se concretó la vuelta de Dos Santos a filas del nacionalismo, partido que tuvo la compasión de volver a admitirla, a pocos a meses de su renuncia. Ahora, tío y sobrina vuelven a encontrarse oficialmente en la cúpula del poder local.
«Toda persona procesada tiene derecho a reincorporarse a la sociedad. Es un cargo de confianza y es una decisión del intendente. Yo no lo haría: si fuera intendente, buscaría una persona idónea para el cargo», opinó, a su vez, el edil por Cabildo Abierto Roberto Rodríguez Sant’Anna en diálogo con el semanario.
HAY RIESGOS Y RIESGOS
Si bien el intendente Soravilla puede optar por hacer uso del cargo de confianza, el perfil de los coordinadores del Cecoed suele ser más técnico. Para ocupar ese lugar, corren con ventaja –por ejemplo– policías o militares, pertenecientes a instituciones más habituadas a lidiar con emergencias. Tal es el caso del anterior coordinador del organismo en Artigas, el exjefe de Policía y comisario general retirado Adolfo Cuello.
Si en un rapto de buena fe probamos darle la derecha a Soravilla, hay argumentos para sostener que Caram es idóneo en gestión de riesgos: fue dos veces intendente y tiene amplia llegada en el interior del departamento, donde su fuerza política se hizo fuerte para cosechar el 52,5 por ciento de los votos en la elección nacional, a pesar de las condenas judiciales. Que te atiendan el teléfono en momentos de necesidad tiene su valor.
La entrada en funciones del exintendente en su nuevo cargo ya parece haber provocado un efecto inmediato. Por ley, además de personal de la intendencia, el ámbito del Cecoed debe estar integrado de manera interinstitucional, por entidades relevantes como la Policía, el Ejército, el Cuerpo de Bomberos y los ministerios de Salud Pública, Desarrollo Social (Mides) y Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), entre otros. En el caso de Artigas, hacía unos dos años que el organismo no extendía invitación a funcionarios que no fueran municipales. Pero este martes 1 de setiembre a las diez de la mañana estaban todos.
«En el marco de un pronóstico de El Niño que ocasiona lluvias por encima de lo normal y riesgo de inundaciones, el Cecoed convocó a las distintas instituciones para armar un plan de mitigación. Se empezó a relevar capacidad de recursos humanos y de locomoción, así como prever la cantidad de gente desplazada por las crecidas del río Cuareim en Artigas y el río Uruguay en Bella Unión. Por eso estamos trabajando en coordinación con Salto Grande», comentó a Brecha Pablo Montero, integrante de la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP en Artigas y participante de la reunión.
El director de la oficina departamental del Mides, Carlos Fagúndez, también estuvo presente: «Fue una reunión productiva y hubo bastante representación de instituciones, lo cual es positivo para pensar las acciones en común. El primer gran objetivo es definir con anticipación dónde recibir los más de 10 mil evacuados que se está estimando que habrá en menos de tres semanas», dijo.
Entre la costumbre y la resignación, la presencia de Caram como nuevo coordinador no parece provocar demasiadas convulsiones a nivel local. Incluso recuerda que la notoriedad nacional del caso de corrupción que lo involucró produjo más ruido mediático en la capital –en un contexto de campaña electoral– que lo que realmente impactó en la propia sociedad artiguense.
«Es un tema delicado. No es ajeno a nadie, ni en la ciudad ni en el resto del departamento, que ha habido cuestionamientos públicos a su designación. Pero nosotros estamos para cumplir nuestra función desde el Mides, exigirle al Cecoed si es necesario y trabajar en conjunto, como corresponde», consideró Fagúndez.
A DISCRECIÓN
Más allá de la idoneidad de Caram, otro tanto tiene que ver con los recursos que maneja el Cecoed. El organismo no tiene un presupuesto propio, solo entra en acción para gestionar situaciones excepcionales de emergencia y tiene potestades de acceder a recursos del Ejecutivo nacional, como es el caso del propio Sinae –que depende de la Presidencia– y de los ministerios antes mencionados.
En un contexto de emergencia, las asistencias a la población se activan según las llamadas incidencias. Por ejemplo, en el ámbito agropecuario, ante un evento climático que supera un determinado umbral de daño, entra en escena un comité (integrado por el MGAP, el Instituto Uruguayo de Meteorología y otros institutos del sector) que decide declarar la emergencia y se activa el Fondo Agropecuario, que se destina para asistir directamente a los damnificados.
Sin embargo, dependiendo del caso y de la institución involucrada, los fondos para paliar una emergencia pueden ser transferidos directamente a las intendencias (como los recursos que el Sinae destinará para prevenir los efectos de El Niño), que los gestionan a través del Cecoed como brazo operativo. Como indica la tradición política del interior del país, las intendencias suelen actuar con discrecionalidad a la hora de manejar fondos provenientes del gobierno nacional y los mecanismos de contralor resultan insuficientes para garantizar a la población el correcto uso de los dineros públicos.
«No tenemos ningún control», agrega el edil Argañaraz. Y lo preocupante son los antecedentes inmediatos. La condena de Dos Santos fue precisamente por usurpación de funciones, debido al libre uso que hacía de la estructura ejecutiva en Artigas cuando desempeñaba funciones como diputada nacional. Un ejemplo es el programa de incentivo a emprendedores locales Vale Emprender, impulsado por Dos Santos con su nombre de campaña (Vale) en calidad de legisladora, pero involucrando recursos del Mides y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, episodio que dio lugar a una investigación administrativa y que aún no ha sido aclarado.
Otro caso que involucra recursos públicos fue el subsidio al que se acogió Caram luego de la condena penal que lo llevó a renunciar a su cargo de intendente. Tras una reñida votación, el Tribunal de Cuentas determinó que le correspondía percibir 85 por ciento de su sueldo, unos 330 mil pesos, de conformidad con el subsidio para exjerarcas previsto por la ley 15.900.
Si bien asegura que prefiere ser «neutral» y no hacer política según críticas, el cabildante Sant’Anna no se abstiene en este punto. «No estoy de acuerdo y me indigna. Una vez que dejó el cargo, debe volver a ser como cualquier otro trabajador. Incluso es cuestionable que Caram haya mantenido un campo del Instituto Nacional de Colonización mientras ejercía como intendente», comenta. De hecho, el pasado mayo, el directorio del instituto decidió rescindir el contrato de Caram por 707 hectáreas de campo, según un informe de su división jurídica que apunta incompatibilidades con los «requisitos éticos» del organismo para el usufructo de tierras públicas.
Si bien Caram está en funciones desde fines de agosto, aún no hay resolución oficial de su designación como coordinador del Cecoed, cargo en el que Cuello aún figura como titular. Según la escala vigente de sueldos de la intendencia de Artigas, el cargo de confianza que le han encomendado tiene una remuneración cercana a los 190 mil pesos por mes.
