A partir del próximo 2 de mayo los interesados podrán inscribirse a través de la red de El Correo, y a mediados de julio tendrán la posibilidad de comprar hasta diez gramos de marihuana por semana y 40 por mes, en unas 30 farmacias distribuidas en el territorio nacional. Pagarán, según se dijo, 1,30 dólares por gramo (0,90 centavos por gramo para la empresa productora, la farmacia recibirá un 20 por ciento sobre ese costo y el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) el 10 por ciento. El sistema de identificación de los usuarios se realizará con un software que funciona con el registro de las huellas dactilares y un algoritmo que encripta la información de la persona, pero permite saber si está registrado como cultivador o como miembro de un club cannábico, y que no superó la compra de los 40 gramos mensuales.
Se trata de la culminación de un complicado y debatido proceso, mediante el cual Uruguay introdujo un punto de vista original en la discusión sobre el tema drogas y se transformó en una suerte de laboratorio que atrajo las miradas de todo el mundo. Con esa presión encima nació esta novedosa política pública. Pero además con la ausencia de experiencias comparables desde donde tomar referencias y la presencia de fuertes contradicciones en el seno del propio gobierno.
Asimismo, una cosa es decidir que el Estado produzca, distribuya y controle la venta de marihuana y otra es intentar resolver las cuestiones operativas que vienen aparejadas. “Cuando Holanda libera el consumo no se mete con la producción. Lo revolucionario de la ley en Uruguay es que le otorga el monopolio al Estado y le dice que se ocupe de la producción. Y eso constituye una enorme complejidad y explica en parte el retraso para poder obtener cannabis en las farmacias”, explicó a Brecha una fuente que estuvo vinculada a las primeras etapas del proyecto. Además del retraso político que se dio básicamente porque no estaban todos de acuerdo con la idea de legalizar la marihuana, hubo que resolver desde las variedades que se iban a vender hasta la capacidad de producción de acuerdo a las necesidades del mercado, el sistema de funcionamiento y control para el expendio, la logística de la distribución, el canon para quien produce, distribuye y vende… Todos estos temas operativos exigieron innovar constantemente, remando contra la corriente y muchas veces sin los recursos necesarios. “Teníamos que tener un predio, un software, la infraestructura, las habilitaciones, y nunca fue fácil”, explicó la fuente. Se abrieron frentes de todo tipo (sociales, jurídicos, productivos, de relaciones internacionales, de salud pública, políticos, etcétera) y hubo que articular acuerdos y desacuerdos de las distintas autoridades intervinientes, los ministerios, los técnicos y la sociedad civil.
No obstante, para el sociólogo Martín Collazo, integrante de Monitor Cannabis, un equipo de investigación interdisciplinario encargado de monitorear la implementación de la ley y que funciona desde hace un año en la Facultad de Ciencias Sociales, se trató de un “diálogo fermental, de alianzas intergeneracionales y de la academia con el sector político, que por distintos motivos y desde distintos puntos de partida fueron diseñando esta política y se complementaron en sus enfoques diversos”. Algunos centrados en la seguridad y en la necesidad de terminar con la fracasada guerra contra las drogas y ver una forma alternativa de ir contra las redes del narcotráfico, otros “que venían promoviendo el autocultivo y los clubes y que estaban de acuerdo con eso, pero además plantearon un tema de reconocimiento de derechos, y como tercer pilar, el tema de la salud y la reducción de daños”.
Para Collazo, Uruguay lidera una posición en el debate mundial sobre el consumo de drogas que sostiene que hay sustancias de uso social muy extendido que más que prohibir se deben regular: “La postura ya no puede ser exigirle a los consumidores la abstinencia, sino comprender los usos y elaborar estrategias de reducción de daños.”
En ese mismo sentido, el prosecretario de la Presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas (Jnd), Juan Andrés Roballo, dijo en conferencia de prensa que en paralelo a la apertura del registro para las farmacias se lanzará una campaña de comunicación que informará sobre los riesgos del consumo, brindará herramientas para la prevención del uso abusivo y presentará los requisitos para acceder al producto.
TRANCAS Y DEMORAS. Como se dijo, no fueron pocas las trancas que desde distintas reparticiones del Estado aparecieron a la hora de concretar el proyecto. La propia originalidad de la idea y la soledad del país en aventurarse a ponerla en práctica generaron mucho temor. Si algo salía mal podría ser la confirmación de que el camino era equivocado. El permanente escrutinio internacional ponía sobre las autoridades una presión extra. Pero también hubo cuestionamientos ideológicos y posiciones totalmente opuestas en distintos sectores del oficialismo. De hecho se especuló bastante con cuál sería la postura de Tabaré Vázquez en este tema. Se temía –teniendo en cuenta su guerra casi obsesiva contra el tabaco y su perfil higienista– que no le diera continuidad a esta heterodoxa política decidida en el gobierno de José Mujica. Y aunque muchos dicen que esto “salía con Mujica o no salía”, y parte de su fama mundial se la debe a este arriesgado proyecto, hasta el propio ex presidente tuvo sus marchas y contramarchas, no quería el autocultivo ni los clubes, por ejemplo, sólo la producción y el control de Estado, pero se “dejó convencer”.
Había que hacer y convencer. A la Policía de cambiar la mirada represiva, al Ministerio de Salud (MS) para conseguir diversas aprobaciones técnicas, a la Secretaría Antilavado que “le ponía todos los días nuevas exigencias a las empresas que se postulaban para producir”, tratando de evitar el ingreso al sistema de empresas cuyos capitales provinieran del mercado negro. Según la fuente consultada por este semanario, en este tema hubo demasiado mito, porque “se les exigió mucho más que a cualquier inversor. No existe ese nivel de control de la procedencia ilícita de los fondos de financiamiento de las grandes inversiones en Uruguay, no se hace, y con este tema se fue muy exigente”. Y para variar, también hubo que pelear con el Ministerio de Economía y Finanzas para que aportara los recursos que viabilizaran la puesta en práctica de la ley. “La política de producción de cannabis debería ser autosustentable. No debería requerir de inversión pública. Primero por un principio de sostenibilidad, no podés depender de Rentas Generales para este tema. Si se compara con otros, es un tema menor. Esto es nada al lado de la pelea de los recursos para la educación. No vas a subsidiar un proyecto así, pero para arrancar y que sea viable tenés que tener financiamiento. Había miedo de utilizar los métodos de financiamiento para instalar el Ircca.”
También se discutió hasta el final con el MS el porcentaje de Thc presente en las plantas. Según supo Brecha, desde el ministerio querían que la concentración de la sustancia psicoactiva rondara entre el 3 y el 5 por ciento. Un porcentaje relativamente bajo para las variedades que se estaban consumiendo en plaza. “Llegó a estar sobre la mesa reprogramar la producción cambiando las semillas. Y las empresas ya tienen toneladas de marihuana acumulada”, dijo otra fuente. El dato de las preferencias de los consumidores provino de un estudio coordinado con la Universidad de la Repúbica que trabajó con muestras de las distintas incautaciones en operativos policiales y de plantas que aportaron las distintas organizaciones sociales dedicadas al tema. “Las semillas estaban seleccionadas con ese criterio. Había que cubrir diversidad de gustos, porque si no el riesgo es que la gente se vuelque hacia el mercado negro. Es como decirle a alguien que toma whisky que sólo va a poder comprar cerveza con cuatro grados de alcohol. Naturalmente se deja espacio al mercado negro.”
Otra fuente de demoras fue lograr la trazabilidad del producto desde la semilla hasta que se empaquetan las flores. El objetivo era asegurar el control de calidad y mantener un producto parejo en las distintas cosechas. “No se puede permitir que se crucen las variedades, que se distorsionen las cepas, que partas de una variedad sativa y termines en una índica o que esta producción tenga más Thc que la anterior.” Había que evitar la dispersión para lograr un nivel siempre parejo y eso se logró mediante un software y el trabajo de una ingeniera agrónoma “experta en genética que se puso a estudiar el cannabis”.
EL FACTOR FARMACIAS. Si bien ahora parece que se destrancó, está siendo el canal más difícil de concretar. Aún no se sabe cuántas farmacias son exactamente ni cuántos departamentos del Interior quedarán sin cobertura, ni la dispersión que tendrán en la capital y la zona metropolitana. Al comienzo se hablaba de la necesidad de unos 150 locales de expendio, por ahora se anunciaron 30 que ya acordaron. También en este tema hubo mucha tensión. Por los porcentajes, por razones éticas y de conciencia, por prejuicios, por si se operaba sólo con las cadenas de farmacias o con las farmacias de barrio… Y los acentos dependen de qué lado del mostrador se esté.
Para Martín Collazo, “el nivel de dispersión que tengan en todo el territorio es muy importante. Según hemos hablado con autoridades policiales, en algunas zonas de la capital, sobre todo de avenida Italia hacia el sur, el número de bocas de expendio ilegal ha disminuido y se estima que es por la presencia de los clubes y de los autocultivadores. Sabemos que hay una cadena que ya arregló, que sería San Roque, pero esa cadena tiene sus locales muy concentrados sobre el eje de avenida Italia. Hay que ver dónde estarán las farmacias comunitarias. Sabemos que hay 15 y esperemos abarquen la periferia de Montevideo y la zona metropolitana”, contó.
Según estudios que realizó la Universidad Católica, la dificultad mayor en las farmacias del Interior es que tanto sus propietarios como sus clientes habituales tienen una imagen negativa de la sustancia y del usuario (con una visión distorsionada por los prejuicios). Los temores que revelaron los farmacéuticos consultados fueron diversos, desde el miedo a presentarse como competencia de las bocas, en barrios donde las bocas están instaladas con bastante firmeza, hasta el temor a que se incrementen los robos por tener el cannabis en stock. “Pero ese debate lo saldó el año pasado el presidente del Centro de Farmacias del Uruguay, cuando dijo que ellos tenían productos mucho más rentables para robar. Dijo: ‘Es más probable que nos pidan la plata, o productos para el pelo’”, recuerda Collazo.
¿Hubo alguna razón para priorizar a las farmacias chicas respecto de las grandes cadenas? “Las chicas era mejor, porque están distribuidas en todo el país, en todos los barrios y les dabas un negocio. Pero la cantidad de producto que se les dará es bajo y entonces se desestimularon. Y ahí se negoció con una cadena y fue lo que destrancó el tema, porque a nivel productivo ya estaba todo resuelto”, aseguró una fuente que participó de algunas negociaciones.
***
Brecha conversó con Alejandro Antalich, vicepresidente del Centro de Farmacias del Uruguay, sobre las razones de la demora en la implementación de la venta en farmacias.
—Las primeras noticias arrancaron en 2014 como para tener el sistema funcionando en 2015 y ahí se fue dilatando hasta ahora. Creo que hubo un cambio muy grande a partir de la declaración a un medio de prensa alemán del presidente Vázquez, donde dijo que estimaba que a mediados de este año estaría pronta la tercera vía de implementación de la ley. Ahora parece que sí se concretará.
—Cuáles eran las reticencias por parte de los farmacéuticos?
—Por parte de las farmacias siempre hubo interés, sobre todo al principio, pero ese interés se fue perdiendo por la falta de concreción del proyecto. Algunas farmacias incurrieron en algunos gastos, sobre todo para el almacenamiento, porque se sabía que el software de control dactilar lo iba a proveer el Ircca. Pero se habló tanto sin concretar, que las farmacias tomaron una posición de esperar, de no ser mascarón de proa.
—¿Hay un número limitado de habilitaciones?
—Al principio, en 2014, se había hablado de habilitar 150 farmacias y que en caso de que no se alcanzara esa cifra el gobierno podría obligar a las farmacias a vender el producto. Eso desencadenó un debate porque los socios no querían la obligatoriedad sino la libre adhesión. Estuvimos un año y medio negociando eso. Hay que recordar que los principales problemas los plantearon los químicos farmacéuticos, que son los responsables de la farmacia ante el MS. Sin ellos las farmacias no pueden operar, y si ellos no querían, los propietarios de las farmacias no podían hacer nada. Al comienzo los químicos no estaban de acuerdo con esta medida, una situación similar a la objeción de conciencia de los médicos con relación al aborto. Los químicos negociaron con Salud Pública exigiendo más horas de trabajo dentro de las farmacias y se destrabó. Pero quedó el tema de la obligatoriedad.
—Algunos dicen que los primeros planteamientos éticos se solucionaron apenas se arregló el porcentaje de la venta.
—No, eso nunca estuvo en el debate. Además nosotros como gremiales no accedemos a los contratos que hace cada farmacia con el Ircca. Trabajamos sí en el acuerdo marco, pero en cada acuerdo no. Sabemos que hay un porcentaje que hay que restar del 30 por ciento de utilidad que le queda a la farmacia, para mantenimiento del software del Ircca.
—¿Es un negocio atractivo para las farmacias?
—Desde que empezamos a conversar este tema, las farmacias –a través de las gremiales correspondientes– se presentaron porque estaban en una negociación. Las farmacias querían que pasara por ellas el 100 por ciento del medicamento ambulatorio (el que no es hospitalario). Las farmacias internas del mutualismo manejan el 70 por ciento del mercado del medicamento. Manejando sólo el 30 por ciento del mercado es un negocio imposible de sostener. Las farmacias de barrio están en una situación compleja. Por eso fueron a reclamar ser los distribuidores del cannabis, para que el gobierno viera cuáles eran las dificultades del sector de farmacias comunitarias.
[notice]Algunos datos1
Uruguay realiza desde hace varios años la encuesta nacional de consumo de los hogares. A partir de 2014 se incorporó un cuestionario específico para el cannabis y eso ya ha dado algunos resultados. Cerca del 40 por ciento de los usuarios habituales ya consumían flores ese año. Esto permitió saber que el autocultivo estaba bastante extendido. Y aunque los autocultivadores registrados son más o menos la mitad de los que existirían de acuerdo a las estimaciones, se puede concluir que el 10 por ciento de los usuarios habituales (unos 6 mil) cultivan sus propias plantas y, además, por distintos arreglos domésticos, abastecen a por lo menos una persona más.
Hoy hay 38 clubes habilitados (de 45 miembros cada uno), lo que implica unos 1.700 usuarios. Sin incorporar las farmacias tenemos unas 15 mil personas que están comprendidas dentro del modelo de regulación. Eso implica un 25 por ciento de los usuarios habituales, que son 55.200. Hay un 75 por ciento que aún se abastece en el mercado negro o no se ha registrado como cultivador.
Las garantías individuales están dadas, nadie puede saber los datos de los consumidores –ni siquiera el Ircca– porque la información está encriptada y sólo se utiliza para descartar que una misma persona participe de más de un canal de acceso o supere el máximo permitido de compra mensual. Quienes muestran más temores al registro no son los jóvenes que están habituados a dar su información personal todo el tiempo, más bien son personas adultas que crecieron probablemente en dictadura.
Los consumidores se esconden menos, fuman más flores y menos prensado paraguayo. En la encuesta 2014 se constata que el consumo viene creciendo en forma lineal, pero desde 2014, cuando empieza el debate fuerte del tema, el consumo siguió creciendo, pero con una aceleración menor a la esperada de acuerdo a cómo venía creciendo. En pleno debate, donde se manejaron argumentos en contra y a favor, creció menos de la mitad que en anteriores mediciones.
Hay muchos usuarios jóvenes de la periferia de Montevideo que se muestran deseosos de que se implemente lo de las farmacias porque les evitará problemas con la Policía en el espacio público.
- Estos datos provienen de distintos estudios del Monitor Cannabis.
[/notice]
