Según se quiera leer: el dictamen del juez Javier Gandini sobre el pedido de acceso a la información pública impulsado por el proyecto universitario Cruzar para obtener un documento militar que señala los lugares de enterramiento de detenidos desaparecidos puede interpretarse según el verbo que se jerarquice. Puede decirse que el magistrado desestimó la demanda porque el ministerio dice no tenerlo o reconocerse que el juez no puede obligar al ministerio a entregar ese documento del que niega su existencia.
La contradicción es solo aparente. En el escrito divulgado el martes 1, el juez Gandini despeja su encrucijada. Al finalizar la tercera audiencia y tras registrar los testimonios de los tenientes generales (r) Carlos Díaz y Ángel Bertolotti, el magistrado asienta su convicción de que el documento realmente fue elaborado en 2005 por los generales Pedro Barneix y Carlos Díaz y entregado al entonces comandante Bertolo-tti. La ley –dice– no lo habilita para «determinar dónde se encuentra» ni para imponer su entrega.
La convicción del magistrado quedó asentada a lo largo de las dos carillas de su sentencia. Respecto de la existencia del documento, Gandini expone las versiones antagónicas de Bertolotti y Díaz, pero subraya las afirmaciones de Díaz: «Lo entregamos en los primeros días de agosto a Bertolotti […], lo elevamos en mano propia. No me quedé con copia […], no tenemos recibo de lo que entregamos, el documento, podríamos decir, que eran como diez fojas […]». Para un documento que según Bertolo-tti nunca existió, los detalles son abrumadores, por lo que el juez Gandini confirma: «En este proceso no se va a negar la existencia del documento solicitado».
Así, el ministerio quedó en evidencia al sostener el argumento de que solo existió un informe, que el comandante Bertolotti entregó al presidente Tabaré Vázquez el 8 de agosto de 2005. El enredo se originó en la primera respuesta al pedido de Cruzar, en diciembre del año pasado, cuando el ministerio informó que, según el Comando General del Ejército, «no se pudo obtener una copia» del escrito que Barneix y Díaz elaboraron con las conclusiones de sus investigaciones sobre los lugares de enterramiento de detenidos desaparecidos. La mención de la existencia de ese informe aparece en el tribunal de honor realizado al teniente general Bertolotti, y el hallazgo de Cruzar motivó el pedido de acceso a la información pública. Para eludir el brete, el ministerio cambió su argumento y afirmó que el documento fue entregado al presidente Vázquez, para después sostener que nunca existió un informe previo de Barneix y Díaz.
La progresiva metamorfosis de la postura de los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional (que gozan del apoyo del ministro Javier García,
pues no los ha desautorizado) impone la hipótesis de que el Comando General del Ejército, cuyo titular era en diciembre pasado el teniente general Gerardo Fregossi, se negó a entregar el informe de Díaz y Barneix, y que el ministerio aceptó esa negativa, que no puede admitir públicamente. Aunque se desconocen los detalles del trámite interno, la negativa no significaría el desacato de una orden superior, porque ello hubiera requerido una decisión del comando supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, del presidente en acuerdo con su ministro de Defensa.
La razón de la negativa a entregar un documento que existe, según la afirmación del juez Gandini, puede rastrearse durante el desarrollo de la tercera audiencia, esa que congregó en el despacho del magistrado a tres generales en retiro (Bertolotti, Díaz y Raúl Gloodtdofsky) y a un teniente general en actividad, el actual comandante Mario Stevenazzi (véase «La gallina ciega», Brecha, 28-VII-23).
Según el general Díaz, la orden del comandante Bertolotti, en mayo de 2005, imponía despejar tres incógnitas sobre «26 o 27 detenidos que desaparecieron en el ámbito del Ejército»: la unidad que procedió a su detención, la fecha de su fallecimiento y el lugar del enterramiento clandestino. El elemento disparador fue la solicitud del entonces secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, para que el entonces juez penal Juan Carlos Fernández Lechini autorizara el ingreso al Batallón 13 de Infantería para realizar excavaciones.
En la audiencia, Bertolotti explicó que la orden presidencial de buscar información la recibió el 8 de mayo, y poco después Barneix y Díaz comenzaron a recabar datos sobre desaparecidos, entre los oficiales del Ejército directamente implicados. «Había informes que se le adelantaron algo a [Daniel] Panario, y a los 15 días comenzó López [Mazz] a trabajar en el 13 de Infantería», dijo Bertolotti, admitiendo que Díaz y Barneix informaban a su superior a medida que obtenían datos.
El general Gloodtdofsky, por entonces coronel jefe del Estado Mayor Personal del comandante, explicó: «La orden que yo personalmente recibo respecto de este tema es cuando entramos al 13 de Infantería, ahí se me da la orden de vincularme con el 13. Era una tarea más bien logística, proporcionarles a los equipos lo que fuera necesario, coordinar con Presidencia por reuniones». Según Bertolotti, «la única persona que podía tener conocimiento de algo era el Dr. Gonzalo Fernández». La referencia, inequívoca, alude a que el secretario de la Presidencia había recibido un croquis, extremadamente detallado, sobre el lugar de enterramiento de Fernando Miranda, cuyos restos se recuperaron en diciembre de 2005.
Inmediatamente después de la entrega del informe de Bertolotti al presidente Vázquez, comenzaron las tareas de excavación en el Batallón 14 de Infantería, que se concentraron en el esfuerzo por ubicar el lugar de enterramiento de María Claudia García de Gelman. La ubicación exacta de la tumba clandestina fue aportada por Barneix y Díaz. El general Gloodtdofsky explicó: «Un día el comandante me llama y me dice que íbamos a entrar al 14 y que Díaz me iba a mostrar el predio, que me enlazara con él. Yo lo llamé por teléfono a Díaz y me dijo que estaba en el 14 y que fuera. Fui, y ahí procedió a mostrarme lo que después se transformó en el área de excavación».
Como se sabe, la información de los generales respecto de María Claudia García de Gelman era falsa. Lo que no desmiente el hecho de que el informe que los generales le entregaron al comandante Bertolotti («unas diez fojas») contenía información sobre los lugares de enterramiento de los desaparecidos que habían sido detenidos por el Ejército.
El documento que Bertolotti entregó al presidente Vázquez omitió las referencias exactas que Barneix y Díaz habían recolectado. Y más aún: al final de las referencias de cada uno de los casos, Bertolotti expresa que los restos fueron exhumados e incinerados, salvo los de María Claudia, una afirmación que resultó falsa con la recuperación de los restos de Miranda y de Eduardo Bleier en el Batallón 13, y de Ricardo Blanco y de Julio Castro en el Batallón 14.
De todo ello se deduce que la negativa del Ejército a entregar el documento que elaboraron Díaz y Barneix para el comandante Bertolotti obedece al hecho de que contiene información sobre los lugares de enterramiento, y esos son datos que sistemáticamente se han mantenido en absoluto secreto. Esa es la explicación del esfuerzo desplegado por el ministerio para demostrar la inexistencia del documento.
