Durante dos días sesionó en Rio esta semana el Tribunal Internacional por la Democracia, integrado por nueve personalidades de México, Francia, Italia, España, Costa Rica y Estados Unidos. El tribunal examinó el proceso de impeachment instaurado contra la presidenta Dilma Rousseff, y concluyó que el congreso brasileño acusó sin prueba alguna a la mandataria, violando la propia Constitución brasileña y el Pacto de San José de Costa Rica. El organismo, que obviamente no tiene poder alguno, funcionó según los moldes del Russell, que en los años sesenta juzgó los crímenes cometidos por Estados Unidos en Vietnam y en la década siguiente a las dictaduras del Cono Sur. Para el obispo mexicano Raúl Veras, uno de los integrantes del jurado, “el golpe brasileño es un proyecto que amenaza retrotraer al país y a la región a las políticas neoliberales” aplicadas en las décadas anteriores. El jurista costarricense Walter Antillón Montealegre comparó a su vez el proceso contra Dilma Rousseff con los ocurridos anteriormente en Honduras y Paraguay, que instituyeron “un nuevo modelo de golpe” distinto al militar.
El tribunal sesionó en tres etapas. En la primera, fueron escuchados testimonios y alegatos de defensa y acusación, en la segunda cada jurado dispuso de 30 minutos para expresar su voto y en la tercera se leyó el fallo. Juarez Tavares, presidente del jurado, señaló que el Tribunal por la Democracia es “una alternativa que se dio la sociedad civil para manifestarse en este grave momento que atraviesa Brasil”. Un legislador nacional del PT dijo que, vista la calidad de sus miembros, su opinión debería ser tenida en cuenta por el Senado brasileño, cuyo presidente, Renan Calheiros, recibirá la comunicación del fallo en Brasilia.