Salto Grande recibirá 1 millón de dólares tras rescisión de un convenio con el Inumet: Fuera del radar - Semanario Brecha
Salto Grande recibirá 1 millón de dólares tras rescisión de un convenio con el Inumet

Fuera del radar

La Comisión Técnica Mixta, actualmente envuelta en la polémica por acusaciones de clientelismo, había suscripto, en 2019, un acuerdo con el Inumet para la compra de un radar que se instalaría en la zona norte del país. Salto Grande había aportado 1 millón de dólares, suma que volverá a sus arcas luego de que el instituto de meteorología decidiera reorientar la compra a través de una nueva licitación. El millón no se destinará a cubrir gastos funcionales, sino a los «planes de responsabilidad social» de la represa.

Azucena Arbeleche, el martes 29, en el Parlamento. FOCOUY, GASTÓN BRITOS

A casi tres años de que empezaran las contrataciones directas de referentes políticos blancos y colorados en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), el Parlamento empieza a tomarse en serio el clientelismo de la gestión encabezada por el nacionalista Carlos Albisu en acuerdo con el senador colorado Germán Coutinho. En cambio, en el litoral noroeste el tema es vox populi desde hace rato. En Salto, por ejemplo, a la bancada de ediles del Partido Nacional la apodan «la bancada de la CTM» y la gestión de Albisu, que despliega recursos económicos entre las más diversas organizaciones civiles, es referida como una «intendencia paralela». Parte de la prensa local suele dar cuenta de ello, y el tema divide aguas en el Frente Amplio (FA) y el Partido Colorado (PC) salteños. Al menos hasta el recambio de autoridades departamentales en el FA, la gestión de la CTM era denunciada públicamente por la Mesa Política de ese partido en Salto. Distinto es el caso del intendente y precandidato a presidente, Andrés Lima, que supo celebrar la designación de Albisu por el simple hecho de tratarse de un salteño.

El FA no tiene representación en la conducción de Salto Grande, y hasta ahora no ha contado públicamente qué nivel de prioridad le dio, cuando negoció con el gobierno entrante las representaciones en los distintos entes, a un organismo que contaba con 20 años de antecedentes de uso clientelar por parte de los partidos tradicionales. En el PC, en tanto, quienes desafían el liderazgo de Germán Coutinho han llegado a publicar cartas abiertas en los principales diarios del departamento fustigando la gestión de la CTM, que anteriormente pretendieron integrar.

Aunque el grueso de las designaciones directas se dio entre fines de 2020 y mediados de 2021, y, por tanto, desde ese momento hasta ahora los beneficiados vienen cobrando los altos salarios que la CTM paga con fondos provenientes del presupuesto público, el tema ganó centralidad a nivel nacional recién en los últimos días. Las críticas no vinieron solamente de la oposición, sino también desde dentro de la coalición –a cargo de los más altos dirigentes de Cabildo Abierto– y hasta desde filas nacionalistas. Pero el símbolo más claro de la incomodidad que produce la gestión de la CTM estuvo en la (no) respuesta del canciller, Francisco Bustillo, que evitó contestar una pregunta del periodista Leonardo Sarro y se volvió viral.

Por su parte, Coutinho no ha hecho declaraciones sobre las designaciones a las que se lo vincula. Albisu, en tanto, dio sus explicaciones en varios medios, pero, al entrar en el detalle de algunas de sus decisiones, dijo verdades a medias. Por ejemplo, en Azul FM (29-VIII-23), al ser consultado sobre los abultados retiros incentivados otorgados por la CTM, dijo: «Esos lugares que ellos [los que se retiran] están ocupando hoy, se anulan. Entonces, también se da un ahorro por parte de la organización». El mismo argumento se esgrimía en las administraciones del FA para cerrar este tipo de acuerdos, en general también por montos abultados, aunque bastante menores a los de la actual gestión. Sin embargo, en ese período la plantilla de funcionarios efectivamente se redujo, contrariamente a lo que ha sucedido con el actual gobierno, que la aumentó en al menos un 12 por ciento (según los legisladores del FA). Pero, además, la reforma del estatuto del personal de la CTM aprobada este año no dice que los cargos ocupados por funcionarios que acuerden retiros incentivados tengan que eliminarse, y aunque esa decisión pueda ser adoptada por las autoridades caso a caso, parece poco aplicable a la situación de Carlos Gelpi, uno de los que ya cerró un acuerdo. Gelpi ocupaba dos cargos a la vez en Salto Grande. Antes de que cambiara el gobierno era jefe del sector seguridad y protección de la gerencia de recursos humanos. Si ese cargo se elimina, la CTM se quedaría sin jefe de seguridad. Pero, además, ya con la nueva administración, en junio de 2020 se creó un nuevo cargo de asesor, en el que se designó a Gelpi, quien a su vez mantuvo su rol como jefe de seguridad. Entonces, si, como promete Albisu, el organismo elimina ese puesto de asesor, estaría quitando de su estructura una función creada durante la actual gestión tres años atrás.

Pero donde el referente salteño de la 404 pasó más calor fue en Carve (30-VIII-23). Allí se le preguntó si los delegados –es decir, los directores– de Salto Grande se «autovotan» los retiros incentivados. «No, porque esos retiros no son para los delegados. […] El delegado que se va no tiene ningún retiro. […] Son los funcionarios» los que pueden obtenerlos, contestó. Sin embargo, aunque en términos generales su afirmación es correcta, este semanario ha dado cuenta, en varias notas, de la resolución mediante la cual se aprobó un retiro anticipado e incentivado para los funcionarios que sean nombrados delegados, algo que en la Junta Departamental de Paysandú fue denunciado como una disposición a la medida del nacionalista Daniel Arcieri, que hoy integra el directorio de Salto Grande. Pero algunas explicaciones de Albisu sí encuentran asidero.

LAS PARTIDAS

El detonante que le dio centralidad a la CTM en la agenda nacional fue la asignación de una partida de refuerzo por 200 millones de pesos, autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Pero Albisu ha respondido que esas partidas se vienen dando desde el quinquenio pasado, pues el presupuesto de la CTM no ha sido actualizado desde 2015 (algo que podría haber subsanado el gobierno actual). A los 744 millones de pesos del presupuesto de Salto Grande, se suma la partida del MEF y otra por el mismo monto adjudicada por UTE. El FA interpreta que el refuerzo es una validación de la gestión clientelar del organismo por parte de la cartera de Economía, y por eso consultó a la delegación que asistió este martes a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, en la que se está tratando la rendición de cuentas. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, no recogió el guante y cedió la palabra a un abogado y a una contadora del MEF, cuyas respuestas se limitaron a exponer el marco jurídico que rige en Salto Grande y a explicar la desactualización de la partida presupuestaria. La semana pasada, otra funcionaria de Economía había contado en Diputados que el organismo originalmente pidió una partida de 700 millones de pesos.

Pero la CTM no solo se verá reforzada por las asignaciones del MEF y de UTE. En una resolución del 15 de agosto de este año, a la que tuvo acceso Brecha, Salto Grande decidió «autorizar la suscripción de un acta de acuerdo de mutua rescisión» de un convenio firmado con el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) en 2019. El objetivo del convenio, según la misma resolución, era «adquirir e instalar el primer radar Doppler Banda-C a instalarse en la región norte» del país. Fuentes de la administración anterior explicaron al semanario que la alianza con la CTM implicaba el aprovechamiento de la red de telepluviómetros de la represa para calibrar el radar y de los técnicos especializados que trabajan en el complejo hidroeléctrico. El proyecto preveía también la participación de UTE –con la que el Inumet no llegó a firmar convenio–, que aportaría el tendido eléctrico; de ANTEL, que pondría la fibra óptica, y del Sistema Nacional de Emergencias, que integró junto con el Inumet un fideicomiso administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). En enero de 2020 se abrió una licitación para la compra del radar, a la que se presentó solo una empresa, de Estados Unidos, pero la adjudicación no llegó a concretarse antes del cambio de gobierno. El aporte de Salto Grande para la compra había sido de 1 millón de dólares.

Este año, el actual directorio del Inumet decidió reiniciar el proceso y anunció que abrirá una nueva licitación. En diálogo con Brecha, el presidente del Inumet, el cabildante Pablo Cabrera, dijo que «el proyecto anterior no cuajó en su momento por distintos temas con la CND y la empresa que iba a ser adjudicataria, y lo que pidió Salto Grande fue si ese dinero que habían puesto se les podía devolver, y no hubo inconvenientes». Cabrera explicó que el instituto de meteorología pretende instalar tres radares de banda C en lugar de un radar de banda S, como preveía el convenio con la CTM. Las prioridades geográficas también cambiaron. El primer radar se instalaría en la zona centro-sur del país, el segundo, en la zona este y el tercero, en el norte. Consultado por los fondos con los que se prevé costear los radares, Cabrera dijo que saldrán del propio instituto, aunque fuentes que siguen los temas meteorológicos pusieron en duda que el Inumet cuente con esa capacidad y advirtieron que el organismo no solicitó un aumento presupuestal para comprar radares en la rendición de cuentas. «Le dijimos a la CTM que capaz que con los ahorros que tenemos ahora no nos da para el tercer radar, pero que sería bienvenida eventualmente una ayuda de Salto Grande», dijo Cabrera.

La CTM, en tanto, no destinará lo reembolsado a cubrir los eventuales problemas funcionales originados por la falta de actualización de su presupuesto, sino «a los planes de responsabilidad social» que el organismo «viene realizando a través de diferentes proyectos y colaboraciones en la región de Salto Grande», consigna la resolución que aprobó rescindir el convenio. Para no pocos actores políticos del norte del país y del propio Parlamento, el «desarrollo regional» es el eslogan bajo el que la coalición ampara el discrecional reparto de fondos a organizaciones del litoral (véase «A toda turbina», Brecha, 21-X-22) y de cargos a los aliados políticos locales (véase «Repartos en la represa», Brecha, 5-XI-21).

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