Genuflexão

Los familiares de João “Jango” Goulart, el presidente brasileño derrocado en 1964 por un golpe de Estado promovido por la cia, pretenden sentar a Estados Unidos en el banquillo de los acusados. La justicia de su propio país está haciendo todo lo posible para impedírselo.

La historia comenzó en 2002, luego de una entrevista concedida por el embajador de Estados Unidos en Brasil Lincoln Gordon al lanzar en San Pablo y Rio su libro Brasil segunda chance. A caminho do Primeiro Mundo. En esa entrevista Gordon admitió la participación de su país en el golpe de Estado de 1964 contra João Goulart. Dijo por ejemplo que desde dos años atrás la cia había destinado 50 millones de dólares a diversas acciones de desestabilización del gobierno democrático. Apenas conocidas esas declaraciones, la familia de “Jango” (sus hijos João Vicente y Denise y su viuda Maria Tereza) denunciaron a Estados Unidos ante la justicia brasileña como corresponsable del golpe que derrocó a su padre.
Inicialmente, según explicó João Vicente Goulart, la familia aspiraba a una acción afirmativa, política y de defensa de la soberanía nacional y una indemnización genérica. Pero la justicia exigió que fuera establecida una solicitud de indemnización concreta en la que se cuantificaran los daños patrimoniales generados a la familia Goulart por el acto del golpe y su posterior exilio en Uruguay. Para ello, la defensa tomó la declaración de impuestos del ex presidente en 1963, le agregó los años transcurridos y le sumó un reclamo por daño moral. Resultado: una indemnización por 2.000 millones de dólares.
El 10º Tribunal Federal de San Pablo terminó negando la solicitud al estimar que el Estado extranjero goza de inmunidad jurídica en Brasil. La pelota está actualmente en el campo de la Suprema Corte de Justicia.
La acción de la cia contra Goulart fue decidida bajo la administración de John F Kennedy. En una reunión realizada el 30 de julio de 1962 entre el mítico presidente y el embajador Lincoln Gordon, el asesor presidencial Richard Goodwin evocó la posibilidad de impulsar un golpe de Estado en Brasil “en un futuro próximo”, según consta en documentos desclasificados en 2004 por el Departamento de Estado. Kennedy temía la consolidación en Brasil de un gobierno nacionalista que afectara los intereses de las empresas estadounidenses. Consciente de lo pequeño que era el Partido Comunista en Brasil –lo que le quitaba un argumento para justificar una intervención abierta–, el presidente se inclinó por el desarrollo de acciones encubiertas a cargo de la agencia de inteligencia, una práctica que tiempo atrás, bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, el Consejo de Seguridad Nacional ya había autorizado. En su resolución recomendando la realización de covers actions en el extranjero, el organismo precisaba que “las operaciones debían ser secretas para permitir que el gobierno (estadounidense) pudiera negar, de manera plausible, su participación en las mismas”. Lyndon Johnson se limitó a ejecutar una política adoptada por Kennedy pero que éste no pudo llevar a cabo al haber sido asesinado en noviembre de 1963.

LÍNEA AUXILIAR. En la petición presentada por la familia Goulart se recuerda el hecho de que varios embajadores estadounidenses se quejaron en su momento de la utilización de las representaciones diplomáticas como bases apenas disimuladas de la cia. La agencia reclamaba esa prerrogativa basándose en que la cobertura de las embajadas era esencial para su trabajo y que, sin la inmunidad de que gozan los diplomáticos, sus códigos, archivos y comunicaciones carecerían de la seguridad suficiente; por su lado algunos diplomáticos clamaban por la autonomía de la función. El enfrentamiento fue fuerte y sólo se saldó en noviembre de 1960, cuando el presidente Eisenhower debió terciar en favor de la agencia y expedir una orden ejecutiva en la que establecía que “los jefes de las misiones diplomáticas de Estados Unidos en el exterior, como representantes del presidente y actuando en su nombre, deberán asumir (…) la responsabilidad directa de la coordinación y supervisión de actividades de varias agencias en los distintos países”. Quien no siguiese esas orientaciones sería removido de su cargo. A partir de entonces –el propio embajador Gordon lo recordó– las embajadas estadounidenses se convirtieron en una suerte de línea auxiliar de la cia.

ACTOS DE GESTIÓN. En su demanda contra Estados Unidos, los patrocinantes de la familia Goulart citaron todos esos precedentes, más el hecho de que en los días previos al golpe estaba apostada frente a las costas brasileñas una escuadra de la marina estadounidense. “Hubo actos concretos de gestión de parte de Estados Unidos contra el gobierno democrático de Brasil”, que además eran “ilegales”, ya que no contaban con la aprobación del Congreso de su propio país, dijeron los abogados. Washington, insistieron, violó también los principios de la Organización de Estados Americanos (oea), que impiden la intervención directa o indirecta de un Estado extranjero en asuntos internos de otro.
Pero por el momento los Goulart y sus defensores han chocado contra todas las instancias judiciales brasileñas. Un ministro de la Suprema Corte, Félix Fischer, pretendió incluso impedir la presentación de un recurso ante ese organismo pretextando que había sido elevado fuera de fecha. El sello del correo bastó a los abogados para desbaratar lo que calificaron como una maniobra. Los defensoress criticaron también la decisión de la Suprema Corte de ofrecer al “reo” (Estados Unidos) la posibilidad de invocar la prerrogativa de “inmunidad de jurisdicción”, no solicitada por la defensa de Wa-shington.
Los Goulart no excluyen entablar una demanda también en Estados Unidos, siguiendo los pasos de la familia de Jacobo Arbenz, el presidente guatemalteco depuesto en 1954. Los Arbenz acusaron a la cia de estar detrás de aquel golpe, no les costó probarlo y ganaron el juicio. Nunca se supo el valor de la indemnización que cobraron, pero esa decisión sentó jurisprudencia. Los familiares de Goulart tampoco excluyen recurrir a tribunales internacionales.
João Vicente Goulart dice sin embargo que insistirá hasta el final en apelar a la justicia brasileña, por una cuestión de soberanía, afirma, aunque crea cada vez menos en la “voluntad soberana” de la Suprema Corte.