Mohammed al-Qiq está muriendo en el hospital Haemek de Afula [Galilea]. Qiq, cuya detención administrativa fue suspendida la semana pasada cuando su condición se agravó, está consciente pero no puede comunicarse. Ha perdido el oído y el habla. El sábado su huelga de hambre cumplió 81 días. En la aldea cisjordana de Dura su familia espera noticias, incluyendo su esposa Fayha y sus dos pequeños hijos, Islam y Lur. No han visto a Mohammed desde el 20 de noviembre del año pasado.
Mientras tanto los oficiales anónimos del Shin Bet (servicio de seguridad) que recomendaron arrestar a Qiq sin juicio ni evidencia continúan viviendo y trabajando normalmente en sus hogares y oficinas. Ni ellos ni los políticos se van a ablandar cuando vean las fotos del hospital que recuerdan a un muselmann (un preso de campo de concentración que está muriendo lentamente). En lo que a ellos respecta, que se muera.
La vida en casa y en el trabajo también continúa como siempre para Elyakim Rubinstein (vicepresidente de la Suprema Corte), Zvi Zylbertal y Dafne Barak-Erez, los jueces del máximo órgano judicial que aprobaron su detención sin juicio ni cargos ni derecho a defensa.
El 4 de febrero el órgano dictó la suspensión de la orden de detención, pero sólo debido a su deteriorada salud. Ya no es necesario esposarlo a la cama, dijeron, fallando contra el Estado. Su familia puede visitarlo, decretaron magnánimamente. No obstante, permanecerá en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Afula. No será liberado ni imputado, sino que continuará en una detención suspendida. Una nueva invención legal.
Esto es lo que escribieron en su retorcido fallo: “Después de deliberar llegamos a la conclusión de que debido a la condición médica del demandante, como se muestra en el informe detallado y actualizado, y como seres humanos, le deseamos una rápida recuperación, él se ha provocado esto, incluyendo el grave deterioro neurológico y comunicativo; un riesgo que obliga en este momento a imponer una orden de detención designada para prevenir más que castigar. Por lo tanto, hemos decidido suspender la orden de detención administrativa (…) de modo que cuando su condición se estabilice y pida abandonar el hospital, deberá solicitarlo a las autoridades, y se mantiene su derecho de petición. Esto es una suspensión, con la interpretación implícita, y no una expresión de nuestra opinión”.
El viernes dos activistas sociales israelíes, Anat Lev y Anat Rimon-Or, fueron a la residencia prersidencial en Jerusalén. Intentaron reunirse con el presidente, Reuven Rivlin, para pedirle que interviniera y así evitar la muerte de un ser humano por inanición. Cuando el presidente se negó a recibirlas y se acercaba el Shabbat, decidieron quedarse allí e iniciar una huelga de hambre, sentadas en colchones en la acera. Detrás de ellas está el edificio que alguna vez albergó el tribunal militar del Mandato Británico, “en el cual tuvieron lugar juicios contra combatientes judíos clandestinos, que no aceptaron la jurisdicción del tribunal” (según reza una placa junto al portón).
Rimon-Or, que enseña filosofía y educación en el colegio universitario Beit Berl, dijo el viernes: “Yo veo a una persona que está diciendo: ‘No voy a jugar con vuestras reglas’. La opresión existe en tantos niveles, y si no podemos hacer nada y nuestra batalla está perdida, al menos mostremos alguna responsabilidad personal diciendo un enfático no”. Previamente ella había estado parada frente al hospital de Afula durante dos semanas, sosteniendo un cartel que exigía la libertad de Qiq. “Estuve allí porque me sentía impotente frente a todo lo que está pasando”, explicó.
Después de que los jueces suspendieron la orden de detención, la gente empezó a visitar a Qiq, incluyendo activistas palestinas y judías (todos ellos con ciudadanía israelí). Lev entró en la habitación y vio “a un hombre gritando de dolor, sin voz”. El martes 9 una docena de activistas de derecha vino al hospital “a expresar su espanto ante las expresiones de preocupación por un árabe”, según lo explica Rimon-Or, y para manifestar contra las otras activistas. Dos mujeres lanzaron una asombrosa sarta de insultos que a Rimon-Or le costó repetir, incluyendo “putas” y “terroristas”. Un palestino-israelí les respondió en el mismo tono, y las mujeres presentaron una denuncia contra él; ahora está bajo sospecha de acoso sexual.
El miércoles 10 varios activistas consiguieron una ambulancia para trasladar a Qiq a un hospital en Ramala. Asumían que así él aceptaría terminar la huelga de hambre. Rápidamente el hospital de Afula se llenó de personal de seguridad que frustró el traslado. El viernes el Club para los Prisioneros Palestinos presentó otra petición ante la Suprema Corte, pidiendo que ordenara el traslado de Qiq a Ramala. “Es nuestro último recurso”, dijo el abogado Ashraf Abu Sneineh.
Algunas activistas usaron sus teléfonos para mostrarle a Qiq un video en el cual su familia le trasmitía su apoyo. Su esposa, Fayha, dijo al periódico Haaretz: “Nosotros rechazamos el fallo de la Suprema Corte que nos permite visitarlo. No vamos a ser parte de este juego: ‘Por favor, bese a sus hijos y continúe bajo detención suspendida’. Lo queremos libre. No sabemos a qué apuesta el Estado si piensa que puede resistir los resultados de su huelga de hambre. Nosotros, la familia, sabemos que podemos manejar esos resultados”.
“Su estado es muy grave. Los niños saben que su padre está detenido por el ejército y que está enfermo –agregó–. No entienden mucho lo que significa una huelga de hambre. Yo les digo que su padre es un héroe y trato de trasmitirles que si –Dios no lo permita– algo le pasa, estará en el paraíso.”
(Publicado en Haaretz, Israel, el lunes 15. Traducción de María Landi.)
