Fue una ceremonia breve, solemne y emotiva, que llevó a llorar a la presidenta Dilma Rousseff, ella misma víctima de la brutalidad de la dictadura. Luego de trabajar durante dos años y siete meses, de oír 1.116 testimonios, 633 de ellos en sesiones cerradas, de reunir 4.328 páginas que fueron resumidas en un informe final de 976 hojas con otras 700 de “adjuntos y anexos”, la Comisión Nacional de la Verdad oficialmente instalada por Rousseff terminó sus trabajos.
Casi todos los militares están muertos, incluso los cinco generales dictadores que gobernaron el país. Hay en la lista médicos legistas que falsificaron certificados de defunción y diplomáticos que controlaban acciones de espionaje y secuestro de brasileños en el exterior, fundamentalmente en Montevideo y Buenos Aires. Un ex ministro de Relaciones Exteriores, Azeredo da Silveira, fue especialmente activo en sus tiempos de embajador brasileño en la capital argentina.
El informe suscitó elogios del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y la ira esperable de los militares retirados. En la lista de denunciados hay 88 oficiales de las tres fuerzas armadas. Uno de ellos, el general del ejército Nilton Cerqueira, comentó: “Yo, que cumplí la ley, ¿soy el que violó derechos humanos? ¿Y los terroristas? ¿Y la terrorista que hoy preside el país?”.
El general Cerqueira siempre mereció la admiración de sus compañeros por haber matado al ex capitán Carlos Lamarca, que abandonó el ejército para comandar una organización guerrillera. Lamarca fue ejecutado mientras dormía bajo un árbol en el interior de Bahía. Estaba desnutrido y enfermo. Su organización había sido diezmada y él deambulaba sin otra compañía que la de un muchacho de 18 años, último sobreviviente de su grupo. Cerqueira podría haberlo detenido. Prefirió asesinarlo sin darle posibilidad de reaccionar, y se convirtió en “héroe”.
En la tarde del miércoles el Club Militar, que reúne a unos 16 mil socios, divulgó un comunicado. Ninguna sorpresa: clasificó el informe de la Comisión Nacional de la Verdad como una sarta de “medias verdades, calumnias y mentiras enteras”. Para el presidente del club, el general retirado Gilberto Pimentel, el texto merece el calificativo de “risible”.
A lo largo del tiempo en que la comisión trabajó, las fuerzas armadas dejaron claro que no contribuirían con ninguna información.
Hace poco más de un mes los integrantes de la comisión obtuvieron indicios concretos de la existencia de al menos dos rollos de microfilmes en dependencias del ejército y la marina en Rio. Se reunieron con el ministro de Defensa, embajador Celso Amorim, pidiendo que los rollos fuesen entregados a la comisión. A raíz de la legislación que la creó, la comisión tenía poder para recurrir a la justicia y obligar a los militares a entregar el material solicitado. Sus integrantes prefirieron negociar. Amorim se reunió con Junini Saito, comandante de la aeronáutica, con el general Enzo Peri, del ejército, y el almirante Moura Neto, de la marina. Los tres respondieron que la información no tenía ningún sentido. Los miembros de la Comisión de la Verdad entregaron detalles exactos de la localización –edificio, piso, sala– de los rollos de microfilmes. En vano. En el gobierno prevaleció la orientación de no confrontar de manera directa con los militares.
Hubo, a lo largo de sus trabajos, innumerables ocasiones en que los comandantes de las tres fuerzas se negaron claramente a colaborar. Quizá la más impactante haya sido cuando la comisión pidió que se investigaran nueve unidades militares en las que hubo torturas y asesinatos. El pedido incluía fechas, localización y nombres de las víctimas y también el testimonio juramentado de sobrevivientes. Los comandantes dijeron no haber hallado indicio alguno de “uso inapropiado de tales instalaciones”.
El informe final de la Comisión Nacional de la Verdad poca información agrega a lo ya sabido. Trabajos anteriores, como el Brasil nunca más, iniciativa del entonces cardenal de San Pablo, Paulo Evaristo Arns, y de su par de la Iglesia Presbiteriana, Jaime Wright, y el informe “Derecho a la memoria y a la verdad”, publicado por la Secretaría de Derechos Humanos durante la gestión de Paulo Vannuchi, un ex preso político, habían revelado todo el funcionamiento del terrorismo de Estado, con nombres de torturadores y asesinos, así como los métodos de la represión.
Sin embargo, por primera vez los responsables son denunciados bajo el sello de la Presidencia de la República. Y también por primera vez se denuncia formal y oficialmente lo ya sabido: la brutalidad fue resultado de un sistema.
El informe revela detalles de los lazos con colaboradores extranjeros más allá de la operación Cóndor; confirma que entre 1971 y 1974 un alto funcionario del consulado de Estados Unidos en San Pablo visitó nada menos que 47 veces la sede de la Operación Bandeirantes (Oban), el principal centro clandestino de tortura y muerte de la ciudad (Rousseff pasó por allí); admite que 6.591 militares de las tres armas fueron perseguidos (muchos de ellos presos y torturados) por no haber adherido al golpe; ratifica que entre los articuladores del golpe estaba Julio Mesquita Filho, entonces dueño del influyente diario O Estado de São Paulo, y que el propietario de otro gran diario, Folha de São Paulo, Otavio Frias de Oliveira, no sólo colaboró prestando vehículos de la empresa para el traslado clandestino de secuestrados sino que fue uno de los financiadores civiles de la Oban.
El informe propone que se inculpe judicialmente a los denunciados y que se revise la ley de amnistía que protege a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Además de los militares, todos los grandes medios de comunicación criticaron la iniciativa.
El gobierno prefirió no manifestarse sobre el tema.