Si hay un sector político celoso del derecho a la privacidad en materia económica, ese es el Herrerismo. Especialmente cuando se trata de información delicada, como la que tiene en su poder la Dirección General Impositiva (DGI) sobre personas y empresas. Sin embargo, ese derecho pasó a un segundo plano para el exsenador Gustavo Penadés cuando empezaron a acumularse denuncias de abuso sexual de menores en su contra. La fiscalía ya logró determinar que el exlegislador se valió de investigaciones ilegales de policías para intentar identificar a las víctimas que declararon en la causa con identidad protegida. También se comprobó que un funcionario del Parlamento y del Parlasur, Diego Cuiñas, actuó como articulador entre Penadés y los policías, entre quienes estaba el entonces director del ex-...
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