Después de ese ataque, en el que resultaron heridos tres venezolanos, Maduro cerró la frontera y dispuso la deportación de unos 1.500 inmigrantes colombianos instalados en la zona desde hace años. Colombia denunció la violación de los derechos humanos de esos inmigrantes, tratados con desprecio, según se dijo, por las autoridades venezolanas. Se trata de una zona donde el contrabando es la regla, un fenómeno del que viven cientos de personas que venden en Colombia productos como azúcar, carne, combustibles, a precios infinitamente más caros de lo que valen en Venezuela, contribuyendo a profundizar la escasez de esos productos en la república bolivariana. El miércoles el presidente colombiano Juan Manuel Santos volvió a arremeter contra Maduro y a negar que esté “complotando” contra la revolución bolivariana, como lo acusó su par venezolano. “La revolución bolivariana se está autodestruyendo por sus resultados, no por cuenta de los colombianos ni del presidente de Colombia”, dijo. “Maduro no me atiende el teléfono, y me dijo el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que tampoco lo atiende a él”, afirmó por la noche. También el miércoles la canciller colombiana, María Ángela Holguín, se reunió en Nueva York con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, “con el fin de ponerlo al tanto de la crisis humanitaria”. Unasur, mientras tanto, se mantiene al margen del conflicto, limitándose a instar a los dos presidentes a resolverlo. Aunque tanto Maduro como Santos se han declarado dispuestos a reunirse, por ahora no hay fecha fijada para un encuentro. A Santos el conflicto con Venezuela le ha venido bien para aumentar su popularidad, que estaba en fuerte caída: en las tres semanas que lleva el cruce de armas fronterizo creció nueve puntos.