El fallecimiento de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, a los 95 años, el martes 14, fue lamentado públicamente por un amplio arco de figuras políticas y empresariales. Blaquier era dueño del Ingenio Ledesma, una de las principales empresas agroindustriales de Argentina, con un significativo poder territorial en el noroeste del país y fuertes conexiones con los más altos círculos de poder.
El expresidente argentino Mauricio Macri y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y candidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros, lo despidieron con palabras de elogio y aprecio respecto a su trayectoria profesional y sus características personales. No hubo, sin embargo, en ninguno de esos avisos y expresiones públicas, mención a sus antecedentes penales, particularmente su procesamiento por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, por lo cual no pudo ser juzgado.
Luego de años de denuncias y acumulación de evidencias sobre su trayectoria y sus conexiones con quienes llevaron adelante el golpe del 24 de marzo de 1976, Blaquier fue procesado en 2012 junto con su mano derecha, Alberto Lemos, en dos causas: la que analiza las responsabilidades en el secuestro, en julio de 1976, de decenas de pobladores y trabajadores durante las denominadas «noches del apagón» (que alude al corte de suministro eléctrico que fue el marco para los secuestros) en las localidades jujeñas de Calilegua y Libertador General San Martín, donde se encuentra emplazada la empresa, y la referida a secuestros llevados adelante entre marzo y abril de 1976, incluyendo la desaparición forzada del exmédico de la empresa y exintendente de la localidad Luis Arédez, quien había puesto límites a la empresa y había comenzado a cobrarle impuestos de acuerdo a lo que indicaba la ley. El procesamiento destacó las pruebas sobre el aporte de vehículos, listados de trabajadores e información decisiva para concretar los secuestros, llevados a cabo por el Ingenio Ledesma en forma articulada con las fuerzas represivas, contra trabajadores, sindicalistas y pobladores que se habían organizado en defensa de sus derechos.
Aunque las causas estaban en condiciones de ser elevadas a juicio oral en 2013, el proceso quedó paralizado en la Cámara Federal de Casación Penal, que finalmente hizo lugar a un recurso de la defensa y dictó, en 2015, la falta de mérito a ambos acusados. La medida judicial fue inmediatamente recurrida y rechazada, pero no fue hasta julio de 2021 que la Corte Suprema de Justicia argentina anuló lo resuelto por casación, señalando que esa decisión había sido «arbitraria» y que «obstaculizó indebidamente el avance del proceso». Para entonces, y dada la avanzada edad del imputado y diversas condiciones médicas, entró en discusión su capacidad para ser juzgado y finalmente murió sin enfrentar el juicio. Blaquier se convirtió así en un símbolo de la «impunidad biológica», que alude, justamente, a las demoras que terminan extinguiendo las acciones penales por fallecimiento de los responsables y también de las propias víctimas, y que es una preocupación central del movimiento de derechos humanos.
El caso del Ingenio Ledesma es parte de una línea del proceso de memoria, verdad y justicia que aborda las conexiones entre los procesos represivos dictatoriales y las transformaciones económicas, laborales y sociales. La represión en espacios laborales fue documentada desde las denuncias durante dictadura, pasando por el trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, el juicio a las juntas, los juicios por la verdad de fines de los noventa y en diversos intentos de judicialización internacional durante la reapertura de los juicios a partir del cambio de siglo en Argentina. Sobre la base de todo este proceso se fue abriendo paso este eje de judicialización de la represión a trabajadores y trabajadoras y sindicalistas y la participación de empresas y empresarios en este proceso durante el terrorismo de Estado.
Entre 2014 y 2015, un equipo interdisciplinario de cerca de 20 especialistas de la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia, el Área de Economía y Tecnología de Flacso y el Centro de Estudios Legales y Sociales produjeron un informe titulado «Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores en el terrorismo de Estado». Este trabajo, de más de 1.000 páginas de extensión, abordó 25 casos de empresas de seis regiones de Argentina y abarcó diversas actividades económicas, desde multinacionales automotrices, como Ford Motor Argentina, Mercedes-Benz y Fiat, siderúrgicas del grupo Techint y Acindar, hasta astilleros, ceramistas, empresas de alimentación, como Molinos Río de la Plata, entre muchos otros. Con base en estudios en profundidad de los casos se analizaron los patrones en común y se detectaron los aportes centrales de las empresas en los procesos represivos, con fuerte foco en trabajadores y sindicalistas, a partir de la provisión de recursos logísticos y materiales, la participación de figuras empresariales en secuestros y hasta torturas, diversas formas de articulación con las Fuerzas Armadas y, en cinco de los 25 casos, la existencia de centros clandestinos de detención dentro de los predios de las empresas y grupos económicos.
Hoy están en marcha diversas causas judiciales vinculadas a la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Son procesos atravesados por una fuerte disputa, con avances y retrocesos. Un avance extraordinario se logró, por ejemplo, en la causa Ford, cuando en diciembre de 2018, en un contexto político adverso y complejo y luego de un cuidadoso trabajo sobre la prueba documental y testimonial, se condenó a dos altos funcionarios de la empresa, Héctor Sibilla y Pedro Müller (además del militar Santiago Omar Riveros) como partícipes en las violaciones de derechos humanos cometidas desde 1976 contra 24 extrabajadores y delegados de la empresa. La sentencia, que fue destacada en medios de todo el mundo, fue confirmada por la Cámara de Casación, que, sin embargo, abrió el recurso ante la Corte Suprema de Justicia para uno de los condenados, que aún está pendiente.
El fallecimiento de una figura tan emblemática como Blaquier sin que haya podido ser llevado ante la Justicia es un llamado de alerta para todo este proceso y convoca a construir articulaciones que permitan enfrentar los obstáculos políticos, económicos y judiciales que todavía hoy impiden que pueda hacerse justicia respecto a crímenes gravísimos y que pueda llevarse adelante un proceso de reparación para las víctimas y la sociedad en su conjunto.
Victoria Basualdo es historiadora, investigadora del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y del Área de Economía y Tecnología de Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) Argentina.
