A fines de 2025 Australia se convirtió en el primer país en aplicar una prohibición legal a que menores de 16 años tengan cuentas activas en redes sociales. La reforma incorporada a la Online Safety Act (que responsabiliza a las plataformas de proteger a los usuarios), vigente desde el 10 de diciembre, obliga a sitios como Facebook, Instagram, TikTok, X y YouTube a implementar «pasos razonables» para impedir que residentes australianos menores de 16 tengan cuentas activas, bajo amenaza de multas de hasta 35 millones de dólares por incumplimiento.
La implementación ya tuvo resultados, así como debate político y jurídico. Según Meta, propietaria de Facebook, Instagram, Threads y WhatsApp, entre el 4 y el 11 de diciembre eliminó o bloqueó 544.052 cuentas que la empresa «cree» pertenecían a menores de 16. La cifra muestra el alcance de la intervención estatal y corporativa, pero sin dudas deja ver la fragilidad de las herramientas para determinar la edad real de los usuarios.
La propia Meta señaló que estos datos no prueban eficacia en términos de seguridad. Advierte que una prohibición general puede resultar ineficaz, ya que los usuarios podrían migrar a plataformas menos reguladas o evadir controles mediante el uso de VPN, cuentas de terceros o servicios fuera de la jurisdicción australiana. Como alternativa propone sistemas cooperativos de verificación de edad, como sus propias herramientas Age Keys, que según la empresa lograrían equilibrar control y privacidad.
En el campo de los derechos humanos, Amnistía Internacional Australia sostuvo que, en lugar de una prohibición general, el Estado debería regular más estrictamente las plataformas para proteger la privacidad, los datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes. Alertó que sistemas intrusivos basados en biometría o documentos de identidad pueden derivar en violaciones graves y nuevas formas de vigilancia digital. Recordó, además, que las redes sociales cumplen funciones relevantes en sociabilización, inclusión y expresión, especialmente en contextos de vulnerabilidad.
En Australia ya se presentaron recursos ante la Corte Suprema que cuestionan la constitucionalidad de la medida por entenderse que afecta la libertad de expresión, así como la participación social, sin pruebas concluyentes de que se logren mejoras en la salud mental o el bienestar.
REACCIÓN GLOBAL
El precedente australiano reactivó el debate en otras latitudes. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, declaró estar abierto a un modelo similar en un contexto de preocupación por adicción digital, grooming (engaño pederasta o ciberacoso emprendido por adultos para ganarse la amistad de menores) y salud mental adolescente. El debate aparece inserto en una discusión más amplia sobre el rol del Estado frente a plataformas que concentran poder económico e información.
El Parlamento Europeo ya había aprobado en noviembre una resolución que recomienda fijar en 16 años la edad mínima para el acceso a redes sociales, con verificación respetuosa de la privacidad y límites a prácticas algorítmicas dañinas, en el marco del Digital Services Act.
En enero de este año la Asamblea Nacional francesa aprobó un proyecto que prohibirá el uso de redes sociales a menores de 15 años, así como el uso de celulares en los liceos. Se estima que entrará en vigor en setiembre, con verificaciones completas a fin de año. Incluye medidas contra contenidos comerciales nocivos y límites a características algorítmicas diseñadas para incrementar la exposición a contenidos adictivos. «El cerebro de nuestros niños y adolescentes no está en venta», declaró a la cadena BFMTV el presidente Emmanuel Macron.
Siguiendo esa corriente, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez anunció el 3 de febrero desde la Cumbre de Gobiernos en Dubái la Ley de Protección de Menores de Edad en entornos digitales. «Nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca estuvieron destinados a navegar solos», señaló Sánchez. La ley propone prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 y exigir sistemas de verificación que no se limiten a simples casillas de check, sino barreras efectivas de identificación.
En América Latina también ha habido movimientos. Brasil sancionó en 2025 el llamado ECA Digital, que refuerza las obligaciones de plataformas respecto a niñas, niños y adolescentes, prohíbe los diseños orientados a generar dependencia y exige mayor transparencia algorítmica. A diferencia del modelo australiano, no impone prohibición absoluta, sino un enfoque regulatorio más amplio que busca equilibrar protección, derechos y responsabilidad empresarial.
EFICACIA, PRIVACIDAD Y PODER TECNOLÓGICO
Más allá del bloqueo de cuentas, el centro del debate está en la relación entre poder tecnológico, derechos y privacidad. La ley australiana pone en un mismo plano la protección de las infancias y la capacidad estatal de controlar el acceso digital, pero deja sin resolver la forma de garantizar verificaciones sin que se transformen en vigilancia masiva. La Oficina Australiana de Información sobre Privacidad advirtió que estos métodos pueden generar riesgos importantes si no existen controles independientes.
La evidencia científica tampoco ha arrojado respuestas simples. Investigaciones recientes señalan que los daños asociados al uso intensivo de redes sociales en adolescentes son reales, pero sus causas son complejas y dependen de múltiples factores. En ese marco, las prohibiciones generales pueden tener poco impacto si no se acompañan de políticas públicas integrales.
Mientras varios Estados discuten restricciones y controles de edad, Discord (plataforma de chat originalmente usada por jugadores en línea, pero ahora extendida a todos los rubros) anunció que desde marzo de 2026 implantará un sistema que pondrá a todas las cuentas en modo «adolescente por defecto», salvo que sean verificadas mediante escaneo facial o documento de identidad. La Electronic Frontier Foundation, principal organización internacional sin fines de lucro dedicada a defender libertades civiles, privacidad, seguridad y libertad de expresión en internet, anunció el 9 de febrero desde su cuenta de X que se «opone a los mandatos de verificación de edad, incluyendo la nueva política de Discord que exige escaneos faciales o identificaciones para acceder completamente a la plataforma».
Tanto el experimento australiano como los proyectos de Francia y España abren una discusión que excede a las infancias y su relación con las pantallas. Sin dudas está en juego la forma en que los Estados eligen intervenir frente a plataformas privadas que estructuran la vida social contemporánea. Proteger a niñas, niños y adolescentes es una obligación ineludible, pero hacerlo mediante soluciones tecnológicas opacas, verificaciones invasivas o prohibiciones de alcance incierto puede consolidar nuevas formas de control, desigualdad o segregación. Más aún si estas decisiones las dejamos en manos de los mismos oligopolios tecnológicos globales que crean el problema. Tal vez la pregunta de fondo no sea solo cómo encontrar la forma de limitar el acceso, sino establecer claramente quién define las reglas en el espacio digital, con qué criterios y bajo qué controles se lleva a cabo. Preguntas que deben ser abordadas desde la más amplia e inclusiva participación de todas las partes involucradas.
