“La austeridad mató a los médicos antes de que pudieran atender a los pacientes”
Éric Toussaint*
Juan Pablo Bohoslavsky, el experto independiente de las Naciones Unidas para informar sobre las consecuencias de la deuda para el ejercicio de los derechos humanos ha publicado un informe sobre la situación de Grecia. La tabla de la evolución del gasto público entre 2009 y 2013 es instructiva. Los gastos pasaron de 128 mil millones de euros a 108 mil millones. El gasto en salud pública cayó un 42 por ciento, la lucha contra la exclusión social se redujo en un 81 por ciento, las prestaciones por desempleo en un 30 por ciento, mientras que el número de desempleados se multiplicó por 3.
Según lo indicado por el experto de la Onu, “La austeridad excesiva en el sector de la sanidad pública mató, literalmente, a las enfermeras y los médicos antes de que pudieran atender a los pacientes”. Uno solo de los capítulos de gasto aumenta, el de los asuntos económicos: esto se debe al rescate bancario. Este indicador se ha incrementado en un 116 por ciento. Téngase en cuenta que la mayor parte de los fondos asignados por la troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Comisión Europea) a los rescates bancarios no se hacen pasar por el presupuesto del Estado y por lo tanto no aparecen en la tabla. Si todo el dinero público destinado en Grecia a salvar a los bancos franceses, alemanes, griegos… se incluyera en el presupuesto griego el aumento sería mucho más fuerte. Por el contrario, estas sumas han causado el aumento de la deuda pública y es al pueblo griego a quien se reclama esta deuda.
En la segunda parte del informe, la atención del experto independiente se centra en el tercer memorándum impuesto a Grecia tras la capitulación del gobierno de Alexis Tsipras en julio de 2015. Un punto central de este memorándum es la reducción del gasto en seguridad social por un importe equivalente al 1,5 por ciento del Pbi por año. En la página 13, el experto resume la opinión expresada por la Comisión de la Verdad sobre la Deuda griega, creada por el parlamento en abril de 2015 y disuelta por el nuevo presidente del parlamento en noviembre de 2015. El experto celebra la creación de la comisión y considera que la auditoría debe continuar. Observa también que desde el inicio de la crisis 230 mil pymes han cerrado, provocando la pérdida de 600 mil puestos de trabajo. Añade que el programa de ajuste impuesto a Grecia produjo la destrucción de 234.847 puestos de trabajo en el sector público entre 2009 y finales de noviembre de 2015, una reducción del 26 por ciento. En general, en el país, un millón de puestos de trabajo han sido eliminados.
El experto cree que mantener la reducción del salario mínimo viola la sección 7 A II del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales e indica que sólo el 10 por ciento de los desempleados reciben prestaciones por desempleo. En 2014, se estima que 2,4 millones de personas vivían por debajo del umbral de la pobreza con un ingreso de menos de 12 euros por día para un solo miembro y menos de 6,6 euros por persona en familias de cuatro miembros (2 adultos y 2 niños).
En la página 18 (punto 75), el ponente subraya que las instituciones acreedoras pisotean su obligación de llevar a cabo un estudio preliminar sobre el impacto humano de las medidas que dictan a Grecia. Según él, los derechos económicos y sociales se han violado a gran escala. En el punto 77, el relator dice que la reducción dramática del ejercicio de los derechos humanos fundamentales que sufren los griegos no se debe a una “mano invisible”, sino que es claramente el resultado de las políticas en el país. En el punto 84, recomienda posponer las nuevas medidas de austeridad en materia de seguridad social. En el punto 91, pide conceder subsidios de desempleo a todos los parados durante 24 meses. En el punto 98, recomienda que las autoridades griegas continúen el trabajo iniciado por la Comisión de la Verdad de la Deuda griega. En el punto 101, pide a los acreedores que reduzcan la deuda griega.
* Doctor en ciencias políticas en las universidades de Lieja y París VIII. Integrante del Comité por la Auditoría de la Deuda del Tercer Mundo.
