La prioridad es atender primero a los que más precisan. Y segundo a todos los que son amigos del pastor Gilmar. Fue un pedido especial que me hizo el presidente de la república», se escucha en el audio que reveló el martes 22 Folha de São Paulo. La voz es la del ahora exministro de Educación Milton Ribeiro, quien afirma que a pedido de Jair Bolsonaro liberaría recursos de la cartera con prioridad para las alcaldías que cuenten con la intermediación de un determinado pastor evangélico. Gilmar es Gilmar Santos, presidente de la Convención Nacional de Iglesias y Ministros de las Asambleas de Dios en Brasil. La negociación del dinero se haría a través del pastor Arilton Moura, de la misma organización. Ninguno de los dos tiene un cargo oficial, pero se reúnen permanentemente en el ministerio.
El otro gran periódico de San Pablo, Estadão, tituló: «Pastores controlan agenda y liberación de dinero en el ministerio» y afirmó que Santos y Moura tienen «pase libre» en la cartera y «actúan como lobistas». Al explotar el escándalo, Bolsonaro llegó a decir que él ponía la cara en el fuego por Ribeiro, pero no aguantó la presión. En año electoral, los políticos corren de los escándalos como las gacelas de los guepardos. La dimisión de Ribeiro ha provocado divisiones en la bancada evangélica en el Congreso Nacional. Bruna Brelaz, presidenta de la Unión Nacional de los Estudiantes, dijo a Brecha que ve como positiva la caída de Ribeiro porque «sus acciones han dejado a las universidades, y a la educación como un todo, en un limbo presupuestal, sin ningún tipo de perspectiva o amparo por parte del ministerio, que se convirtió en un departamento de negocios y de propaganda ideológica del gobierno». Sin embargo, afirma que la salida del jerarca no representa necesariamente una mejora: «No tenemos esperanza de que venga un ministro que pueda arreglar este desastre, ya que el principal problema es el propio gobierno de Bolsonaro».
SALTANDO EL MOSTRADOR
El pasado lunes 28, día en que cayó el cuarto ministro de Educación en lo que va del mandato de Bolsonaro, la táctica habitual de distracción oficialista una vez más fue aplicada cabalmente. Ante las crisis, que han sido el combustible permanente de la gestión, el Ejecutivo crea o inflama otras nuevas. Quizás el ejemplo más famoso de esta táctica fue la dimisión del polémico ministro de Ambiente Ricardo Salles el mismo día de junio de 2021, en que se hizo público el «escándalo Covaxin», una denuncia de supuesta corrupción en la compra de vacunas (véase «Pagar para vender», Brecha, 25-VI-21).
Ahora, Bolsonaro anunció el mismo día en que hacía renunciar a su ministro de Educación un cambio en la presidencia de Petrobras, algo que se sospechaba que ocurriría en cualquier momento. Los elevados precios del combustible y su última suba, de 18 por ciento, han estado en el centro de las polémicas en las últimas semanas, y cualquier noticia sobre Petrobras despierta el interés de la población. Aprovechando esto, y simulando combatir el problema, Bolsonaro removió del ente estatal al general Joaquim Silva e Luna –que tenía mandato hasta 2023– y anunció en su lugar a Adriano Pires. Viejo conocido de las elites, Pires cuenta con el beneplácito de gran parte de la prensa, en la que siempre ha figurado como «especialista en energía».
Lo que los grandes medios no dicen es que Pires «trabaja intensamente tras los bastidores por los intereses de empresas del sector de petróleo y gas […] es un lobista que, cuando viste su ropaje de especialista, no hace más que abogar públicamente en beneficio propio», tal como afirmó The Intercept en un reportaje de diciembre de 2021. Según el testimonio de un empresario recogido allí, Pires opera a favor de «todo tipo de privatización, otorgamiento de ventajas a particulares y en la defensa de intereses extranjeros en el sector eléctrico y del petróleo».
En un artículo publicado en Poder 360 en octubre del año pasado, el propio Pires escribió: «La solución definitiva [para los precios de los combustibles] solo vendrá con la privatización de Petrobras. Mientras la empresa sea de economía mixta y tenga al Estado como controlador, sus beneficios corporativos y las prácticas monopolistas se mantendrán, yendo a favor de la corporación y, muchas veces, contra los intereses de Brasil». Pires también es defensor de la vigencia del precio de paridad de importación (popularmente conocido por sus siglas: PPI) como forma de fijar los precios del combustible en Brasil, uno de los principales factores que han determinado los actuales precios exorbitantes del combustible en el país (véase «La enfermedad como remedio», Brecha, 11-XI-21), por lo que en este frente no se esperan grandes cambios en la gestión de la empresa. La Federación Única de los Petroleros, que nuclea a los trabajadores del sector, afirmó en un comunicado que el nuevo jerarca viene, en realidad, a «acelerar el proceso de privatización y asumir el eventual desgaste de la crisis en lugar del presidente».
