En las ciudades medievales no existía el saneamiento urbano. Las personas tiraban sus orines y heces en plena vía pública. No producían muchos más desechos que los generados por su propio cuerpo; no vivían millones de personas en la ciudad, no había edificios, muchísimas personas seguían viviendo en el campo. Luego del crecimiento exponencial de las ciudades en la era de la industrialización, la basura comenzó a ser un asunto relevante y pasó a convertirse en un problema de sanidad e higiene. Los gobiernos invirtieron en desarrollos tecnológicos, esquemas de recolección, vehículos especializados, ubicación de dispositivos para guardar los residuos dentro o fuera de las viviendas. Mantener la ciudad limpia se transformó en una prioridad para alcaldes e intendentes.
A principios del siglo XX la basura comenzó a incinerarse en chimeneas distribuidas por la ciudad y a usarse para rellenar antiguas canteras. La disposición final de lo recolectado también pasó a considerarse, pero vivíamos en un mundo con muchos menos residuos. De eso ya pasaron 100 años y es tiempo de entender que la basura ya no puede ser exclusivamente un problema de limpieza urbana, de recolectar y enterrar. El paradigma cambió.
Hasta la década del 70 no se hablaba de cuestiones ambientales en la agenda pública. Fue a partir de ese momento que el tratamiento de los residuos comenzó a incorporar, sobre todo en los países del norte, la dimensión ambiental. Se pensaba en reducir y prevenir la generación desmedida de residuos y se comenzó a entender que no podemos seguir produciendo y acumulando desechos sin límites. Con el cambio climático se sumó la separación en origen entre residuos orgánicos e inorgánicos, para evitar las emisiones de metano que resultan del enterramiento masivo de basura mezclada.
En la actualidad, que los sistemas de gestión de residuos no funcionen bien significa un verdadero dolor de cabeza para las autoridades, atacadas permanentemente por la prensa local, que denuncia que «la ciudad está sucia». Sin embargo, prácticamente no se habla de las miles de toneladas diarias que producimos y enterramos, sino de los procedimientos y las estrategias para evitar la basura, evacuar el residuo, sacarlo lejos y fuera de la vista. De eso se discute una y otra vez y en especial cada cinco años, pensando siempre desde la superficie de la ciudad.
El problema de la basura acumulada –sobre todo en barrios céntricos y densamente poblados– tal vez no se solucione solamente con contenedores soterrados, con la mejora de la frecuencia de recolección o con la privatización de esa tarea, pues lo que vemos es, sobre todo, un síntoma de una sociedad planetaria profundamente desigual, fracturada, que tiene en la basura el espejo de lo que produce. Una sociedad en la que las personas encuentran como forma de sustento la recolección de lo que otros desechan para su consumo, para vestirse, para vender en la feria, para ingresar en la industria del reciclado, para canjear por lo que sea.
Por otro lado, una clase media y alta con escasa o nula educación ambiental, pero un altísimo consumo material (una bomba de tiempo), convierte todo lo relacionado con la basura en un tema político para señalar solamente la ineficiencia de la intendencia y no sus propias prácticas de consumo.
Lo cierto es que la basura la generamos todos, pero no todos vivimos de ella. Mientras algunos apenas sobreviven, otros encuentran un negocio millonario. Según el Banco Mundial, el manejo global de residuos sólidos se estima en cerca de 300 billones de dólares anuales. Esto trae aparejadas problemáticas asociadas a los costos dentro de los presupuestos municipales e implica serios desafíos, especialmente en países del Sur global. Montevideo actualmente produce unas 2 mil toneladas diarias de residuos sólidos domiciliarios, las cuales en su gran mayoría se entierran en un mismo sitio de disposición final.
Desde finales del siglo XIX hubo clasificadores que recuperaban materiales en el basurero que se ubicaba en lo que hoy es la playa del Buceo. Actualmente se encuentran en Felipe Cardoso, haciendo el mismo tipo de tareas y en condiciones casi idénticas de informalidad y precariedad laboral, mientras al mismo tiempo ingresan en la industria del reciclaje toneladas de materiales para ser aprovechados.
Desde 2013 existe la Cámara de Empresas Gestoras de Residuos del Uruguay, que nuclea a varias empresas que existían en el rubro de la recolección, la gestión y el tratamiento de residuos en el ámbito exclusivamente privado. Este grupo llegó a declarar hace algunos años ganancias netas equivalentes a lo destinado por la Intendencia de Montevideo a la recolección y la disposición de residuos. Lo que pagamos los contribuyentes para que nos limpien nuestros residuos urbanos sólidos lo ganan los privados gestionando esos residuos.
Es que hace décadas que la basura ya no es un problema para muchos. Todo lo orgánico puede transformarse en compost, que se vende o se usa para calcular reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Los residuos secos tienen distintos rubros, tamaños, volúmenes y pesos. Muy pocos carecen de valor: hoy la mayoría son capturados para ser valorizados. Pero esto no se aprovecha a nivel público, en el marco de lo cual los ingresos se redistribuyen para financiar las necesidades colectivas. Las ganancias se van a grandes conglomerados, empresas pequeñas o medianas, uruguayas o extranjeras. Solo el manejo de desechos electrónicos es hoy parte de una industria casi monopólica con altísimos ingresos. Lo mismo ocurre con metales como el cobre y el aluminio, con alto valor en el mercado del reciclaje.
Cuando se cuestiona por qué en 35 años de gobierno de un mismo partido no se ha solucionado el problema de la basura en Montevideo, habría que responder que, en realidad, nunca se abordó el problema desde el punto de vista estructural. Por la sensibilidad de los días cercanos a las elecciones, prefiero limitarme a exponer algunos ejemplos internacionales que considero importantes, para que los montevideanos dejemos de pensar que el problema de la basura es un tema de limpieza.
En 2003, el gobierno de Buenos Aires creó un departamento de recuperadores urbanos, modificando mediante una ley específica el antiguo modelo exclusivo de limpieza, con lo que empezó a incorporar las dimensiones del reciclado dentro del dominio público. Los pliegos de licitación de recolección fueron por años ampliamente disputados entre cooperativas de cartoneros (clasificadores) y entidades privadas, con lo que se logró establecer, luego de muchas batallas legales y organizativas, zonas prioritarias de entrega de materiales reciclables a cooperativas organizadas de cartoneros. De lo contrario, hubieran sido devoradas por los esquemas de privatización.
En Colombia, a partir de un decreto de la Corte Constitucional de 2011, se definió dar prioridad en el manejo de los residuos a quienes más lo necesitan, con el argumento de que la basura es un mínimo vital para quienes no tienen otra manera de sobrevivir en la ciudad. Pero la decisión fue aún más allá. Si los impuestos municipales son capaces de pagar varias decenas o cientos de dólares por tonelada recolectada en camiones, ¿por qué no se podía pagar el equivalente a un motocarro, un carro tirado por caballos o una bicicleta de mano por hacer la misma tarea? Así, los bogotanos modificaron su sistema tarifario, bajo la administración de Gustavo Petro, de modo de incorporar al sistema de gestión contribuyente todo lo recolectado, incluso por las microrrutas de los recicladores más humildes de la ciudad. Esto contribuyó a formalizar el sistema de reciclaje mediante el registro de los intermediarios, es decir que aquellos que compran el material a los recicladores de calle no lo pueden hacer en la informalidad, sino que deben registrarse, ya que parte del dinero de esta transacción proviene de los materiales recolectados. Por tanto, no es un sistema de reciclaje exclusivamente en manos del libre mercado y las fluctuaciones de los precios de los materiales. Existe una política pública que entiende que ambos esquemas deben ser complementarios e integrados. Los clasificadores colombianos pasaron así a ser considerados proveedores de servicios públicos, con toda la dignificación y la retribución económica que eso implica.
Es necesario cambiar el paradigma. ¿Podríamos, como técnicos, políticos y ciudadanos, dejar de mirar la basura solo desde la superficie? Así como no resolvemos los problemas de salud observando únicamente los síntomas, tampoco podemos entender la ciudad si no la abordamos como un cuerpo metabólico complejo.Como dice el coordinador de la Comisión de Ambiente del PIT-CNT, Jorge Ramada (Caras y Caretas, 5-VII-25), el hecho de que los clasificadores de Montevideo y gran parte de Uruguay sigan en la informalidad es funcional al negocio de los residuos. Yo agregaría: centrarse políticamente solo en lo visible también lo es. Nada cambia si no profundizamos en las causas y actuamos integralmente en consecuencia.
Lucía Fernández Gabard es doctoranda en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Fundó el sindicato internacional de recicladores de residuos en 2024, luego de más de 20 años organizando al sector informal del reciclaje en más de 20 países. Actualmente es directora del Programa de Organización y Representación de la red internacional WIEGO, especialista en economía informal.
