Quisiera mencionar que me preocupan dos cosas del artículo de Alma Bolón publicado por Brecha en su edición pasada y que trascienden al hecho de haber sido aludido en la nota y que explican la respuesta que sigue. La primera tiene que ver con la concepción del cogobierno que manifiesta la autora. La segunda cosa es la forma en que deben proceder los tribunales de concursos para la provisión en efectividad de los cargos docentes.
Como mencionamos al comienzo, la primera preocupación tiene que ver con la concepción del cogobierno universitario que expresa la autora, la idea acerca de sus potestades y las limitaciones de éste, la relación que existe entre las decisiones que toman los órganos políticos de dirección de la facultad, como el Consejo, y la estructura académica que organiza la docencia; en otras palabras, la relación entre lo político y lo académico. Para un lector que no esté interiorizado con la dinámica de funcionamiento de la Universidad de la República es necesario hacer algunas aclaraciones.
Paso a explicar. En la Udelar existe un mecanismo preestablecido para la provisión de los cargos en efectividad, que es el concurso. En primer lugar se designa una comisión asesora integrada por tres miembros que evalúa los méritos de los concursantes. Como su nombre indica, la comisión es asesora del Consejo de la facultad. Es parte de sus potestades proponer a este órgano de gobierno que designe directamente a uno de los concursantes, cuando existieran méritos francamente superiores de uno de los postulados. Estas situaciones se presentan, pero es más habitual que las comisiones asesoras recomienden que los presentados vayan a concurso de oposición y méritos, el cual incluye una instancia de pruebas. En ese caso el Consejo debe designar un tribunal integrado por cinco miembros. Puede coincidir que se mantengan los tres integrantes de la comisión asesora, pero en otras oportunidades puede ocurrir que el Consejo proponga una nueva composición del tribunal. Esto está dentro de las potestades del Consejo de la facultad, pero no parece ser así para la profesora Alma Bolón. El artículo deja entrever que una autoridad democráticamente constituida (el Consejo) debería someterse a la autoridad académica de los directores de los departamentos y aceptar lo que propongan. El lector puede empezar a hacerse una idea de cuál es la concepción de la política universitaria que tiene la autora del artículo y cuán democrática puede resultar ésta.
En ocasión de la sesión de donde fue extraída una cita que aparece en el artículo al cual estoy respondiendo, luego de que se elevara un informe de la comisión asesora para el llamado a provisión en efectividad de un grado 5 del Departamento de Teoría Literaria, tal como Bolón lo menciona en su artículo, surge una preocupación de algunos de los integrantes del Consejo, por las mismas razones que son esbozadas por la autora: “la asesora no consideraba ganador a nadie, aunque el fallo dejara ver cierta preferencia por un candidato”.
Una pregunta me surge de inmediato para realizarle al lector. Si usted tuviera que tomar la decisión acerca de la integración de un tribunal en un contexto de cuestionamiento interno sobre la parcialidad de las instancias ya actuantes, ¿qué hubiera hecho? ¿Proponer la integración de un tribunal que consta de cinco miembros incluyendo a tres que ya tienen una opinión favorable por uno de los candidatos, o proponer una composición que lo llevara a estar integrado mayoritariamente por personas externas al servicio? En mi caso, me incliné por la segunda opción porque creí que era lo que ofrecía mayores garantías para todos los concursantes. Por eso propuse en el Consejo, y sigo defendiendo el mismo criterio para casos similares, que el tribunal “tenga una mayoría (…) que no sean docentes de la facultad”. El lector podrá sacar sus propias conclusiones acerca de las supuestas intenciones que puede tener un consejero que propone que la mayoría de los docentes del tribunal no sean de la Fhce. Pero parece que ahora los que tratamos de defender una cierta cristalinidad en los procesos de selección de los docentes y evitar la endogamia somos quienes tenemos que defendernos.
Ahora bien, ¿de qué nos estaría acusando Bolón? Según lo que aparece en el final de su artículo, lo que unificaría situaciones tan diversas como pueden ser dos concursos, la posterior renuncia de dos directores de departamento –uno de los cuales fue sumariado por adulteración de facturas–, la Universidad de la Empresa, las maestrías y doctorados en ciencias de la educación de la Ude y el calefón, sería una ofensiva contra las humanidades. ¡Que lo parió, Mendieta! Mirá donde se escondía el Alma del asunto.
Esto podría resultar hasta un mal chiste si el nombre de varias personas no estuviera en juego, así como su honorabilidad (¿está fuera de moda hablar de esto, o cuando está en juego la “defensa de las humanidades” uno no debería reparar en esta clase de detalles menores?). Pero la actitud de la profesora titular –quien nunca amenazó con renunciar a su cargo– es algo más que un mal chiste, porque en realidad lo que Bolón pretende hacer en su artículo es mostrar que las comisiones asesoras en los dos casos estaban procediendo, no a partir de la evaluación de los méritos de los concursantes, sino de su posición ideológica. Y esto sí que resulta grave, porque si fuera así, lo que habrían evaluado estas comisiones no son los méritos de los concursantes sino de qué lado están en esta gesta heroica de “defensa de las humanidades”. Esto está dicho en el artículo cuando la autora cree que puede descalificar méritos de un concursante por la discrepancia ideológica con la agencia que los certifica;1 y peor aun, la defensora de esta posición no escatima argumentos y acciones para definir su posición de defensa de las “humanidades”, utilizando incluso su actuación como profesora titular de la Fhce en el marco de dos tribunales para demostrar su “compromiso” con la causa que dice defender. El artículo mismo es un manifiesto en favor de esta toma de posición.
Decíamos que preocupa la actitud de Bolón porque conduce a la balcanización de la institución, donde bandos antagónicos disputan la integración de los tribunales en función de la incorporación de nuevos adeptos. Aunque el discurso se presente como defensa del “pensamiento crítico intransigente”, si todo terreno se transforma en un campo de disputa contra la “disolución de las humanidades”, sólo queda definir de qué lado de la mecha está uno. Más que disputa ideológica esto parece transformarse en una nueva cruzada. Debo decir que si la opción que propone la profesora Bolón para la “defensa de las humanidades” es situarse por encima de las garantías que debe ofrecer un concurso, en lo que es personal, me quedo defendiendo la institucionalidad del concurso, por más que corra el riesgo de ser acusado de actuar como un agente de Washington.
- Se pregunta la autora: “¿Desde cuándo un organismo, la Anii, integrado por patrones y por el Estado, enfocado a la producción y al conocimiento instrumentalizable, proporciona los criterios de valía en el campo de la teoría literaria?”. Una cosa es discutir las políticas de desarrollo científico en Uruguay y las formas de integración de los organismos que las promueven, lo cual es más que saludable; otra cosa diferente es creer que en el marco de un tribunal se pueden desconocer los méritos de un postulante porque son certificados por ese organismo. Parece que la profesora Bolón como autoridad cree tener derecho para decidir cuáles son los méritos de los concursantes que deben ser considerados y cuáles no, independientemente de su valor académico. Es interesante la contradicción en que cae la profesora: cuando se refiere a la relación de una comisión asesora con el Consejo, lo académico parece estar por encima del cogobierno, es decir de lo político; pero cuando se trata de la valoración de los méritos de los concursantes, lo político está por encima de lo académico.
