La batalla en defensa del parque Alberdi, un emblemático espacio verde en el corazón de la ciudad de Santa Fe, muy cerca del río Paraná, fue un parteaguas entre los ambientalistas locales. El gobierno de la ciudad decidió remodelar uno de los principales pulmones de la capital litoraleña, un vasto parque que alberga más de cien árboles, con menos verde, más cemento y la concesión a una empresa privada.
Lo que más rechazo generó fue la decisión de construir 300 plazas semisubterráneas para coches, cambiando la fisonomía del parque, mientras los empresarios privados que las construyen tendrán la explotación por 30 años, abonando un canon de apenas cien dólares mensuales. “La comuna les entrega un espacio público valorado en 15 millones de dólares, pagando un canon muy bajo y realizando una inversión que recuperarán en los primeros cinco años”, explica Luis Carreras, miembro del Centro de Protección de la Naturaleza (Cepronat).
Cuando el 14 de junio de 2014 comenzaron a talar los árboles, cientos de vecinos ocuparon el parque, instalaron carpas y durmieron allí durante varios días. Crearon la Asamblea Ciudadana en Defensa de lo Público, y los días 14 de cada mes retornan en grupos al parque recordando la fecha de la toma. La privatización y especulación con los espacios públicos es parte del mismo modelo extractivo que los monocultivos de soja y la minería a cielo abierto, afirman.
Enrique Viale, abogado ambientalista, miembro del Colectivo por la Igualdad, fue uno de los primeros en proponer que la especulación inmobiliaria forma parte del modelo extractivo. “El extractivismo ha llegado a las grandes ciudades”, dijo cuando se produjeron inundaciones en La Plata, en abril de 2013, con un saldo de 89 muertos.
Justo una década antes, la ciudad de Santa Fe vivió el desborde simultáneo del Paraná y el Salado, pero esta vez la tragedia se cobró el doble de víctimas, aunque aún no hay datos fehacientes del número de muertos y desaparecidos bajo las aguas. Viale asegura que “el modelo provoca degradación institucional y social”, afirmación que grafica en la irresponsabilidad e imprevisión de las autoridades y en la afectación por la inundación de casi 30 mil viviendas en una ciudad de medio millón de habitantes.
DEL CAMPO A LA CIUDAD. “Mientras nos centramos en los efectos ambientales del modelo estuvimos aislados, pero cuando empezamos a poner en el centro los problemas de salud, la población empezó a escucharnos y se interesó”, explica Carlos Manessi, fundador de Cepronat.
La organización nació en 1977, en plena dictadura. Todos los meses publica el boletín El Ambientalista (que ya lleva 284 ediciones) con informaciones sobre los pueblos fumigados, denuncias de productos que dañan la salud y de cualquier iniciativa que destruya el ambiente. El Centro de Protección de la Naturaleza “es la primera organización no gubernamental formada por ciudadanos preocupados por el ambiente en el interior de Argentina”, y ya en 1978 se involucró en frenar las fumigaciones contra mosquitos en Santa Fe, plantó cientos de árboles autóctonos en la ciudad y fue una de las primeras organizaciones en oponerse a la IV Central Nuclear y conseguir la ordenanza que declara “Santa Fe no Nuclear” (El Ambientalista, marzo de 2015).
En los noventa promovió el rechazo a una represa en el Paraná Medio. Desde que comenzó a implementarse el nuevo modelo agrícola, a mediados de la década, se encuentran en una encrucijada que los lleva a abordar los dos problemas principales: las aspersiones con agrotóxicos y la defensa de los espacios públicos urbanos. “Es la resistencia a un mismo modelo”, enfatiza Manessi.
Estos días, mientras organizan el plenario provincial de la campaña Paren de Fumigarnos, celebran la resolución del Ministerio de la Producción de Santa Fe, del 25 de marzo, que restringe severamente la aplicación aérea y terrestre del potente tóxico 2,4-D en toda la provincia. En adelante sólo podrá usarse en aplicaciones aéreas a más de 6 mil metros de las poblaciones y en las terrestres a más de mil metros de los centros poblados.
En junio de 2014 el Cepronat había presentado un expediente solicitando la prohibición o restricción del 2,4-D, el segundo herbicida más usado por la agricultura en Argentina y el tercero en Estados Unidos. Santa Fe se ha convertido así, junto a Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y Córdoba, en una de las primeras provincias en adoptar restricciones.
FUMIGADOS Y SOLIDARIOS. El Cepronat participa en la campaña Paren de Fumigarnos, nacida en setiembre de 2006 en las provincias más afectadas del país. Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires son las principales provincias sojeras. Sólo en Santa Fe la campaña reúne organizaciones y personas de 100 localidades, cuenta con el apoyo de organizaciones barriales, culturales y sindicatos, como el de los maestros, que cedieron el camping a 15 quilómetros de la ciudad para albergar a los participantes del plenario.
Este mes la Asamblea Ciudadana del parque Alberdi instaló un puesto en el que recibe donaciones destinadas a las familias afectadas por los temporales y la enésima crecida del Salado. Intenta que la derrota que sufrieron sea un alerta para frenar otras privatizaciones de espacios públicos.
Según los miembros del grupo, “lo que pasó en el parque es un indicio de que se están empezando a recuperar políticas de corte neoliberal ligadas a las privatizaciones”. En efecto, hay un proyecto de otras 800 cocheras en la plaza San Martín. Aprendieron que la defensa del parque fue apenas un primer paso y ahora, dicen, “se inició una nueva etapa con una nueva agrupación de vecinos”.
La Asociación de Magisterio de Santa Fe destacó que en toda la provincia hay 800 escuelas rurales y periurbanas en las que trabajan 2 mil maestros. El sindicato recibe muchas denuncias de maestros que enferman de cáncer y de escuelas que cierran los días en que se fumigan los campos. Muchos directores de escuelas tienen miedo a denunciar. Para visibilizar la situación se proponen convocar un Congreso Provincial de Escuelas Fumigadas.
Créase o no, el intendente de la ciudad, José Corral, militante de la Unión Cívica Radical, acusó recibo del impacto de la protesta vecinal. Al punto que al inaugurar las sesiones del Concejo Municipal, dijo en referencia al parque Alberdi: “Abriremos la discusión sobre otros proyectos similares que han generado un debate que nos obliga a ser prudentes y no avanzar sin los consensos necesarios en decisiones que involucran el espacio público”.
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Los campamentos sanitarios
Uno de los impactos más potentes de la resistencia al modelo de agricultura industrial puede rastrearse en el área médica, a través de la creación de la Red Universitaria de Ambiente y Salud-Médicos de Pueblos Fumigados. Aunque la red tiene su epicentro en Córdoba, donde ha realizado investigaciones que publicaron en agosto de 2010 en el Primer Encuentro de Pueblos Fumigados, es en Rosario donde la universidad viene desarrollando la más innovadora experiencia de campo, que supone una fuerte interacción rural-urbana.
La Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, la mayor ciudad de la provincia y la tercera del país, vivió un viraje político en 2007, con el triunfo de una corriente que hizo cambios de fondo en la carrera. Uno ellos fue la introducción de los “campamentos sanitarios”, “un dispositivo creado en 2010 como evaluación final integradora del ciclo de práctica final de la carrera de medicina, que integra evaluación, investigación, docencia y extensión”, según lo define Damián Verzeñassi, responsable académico de esa materia.
Verzeñassi sostiene que los campamentos son una herramienta de análisis epidemiológico de las comunidades, y que un estudiante no debe terminar sus estudios sin tener una experiencia que le deje en claro que obtuvo su título gracias a los aportes de toda la población y no sólo por méritos personales. Duran cinco días y participan en ellos entre 90 y 150 estudiantes de la misma cohorte, por lo cual se hacen cada tres meses.
La facultad firma un acuerdo con el municipio, que debe ser de menos de 10 mil habitantes. Al campamento acuden entre diez y quince docentes, la facultad se encarga del traslado y los equipos y el municipio del alojamiento y la alimentación. En los tres meses anteriores los estudiantes preparan el campamento, saben a qué localidad van a ir y lo que deben hacer durante los cinco días que estarán en el pueblo.
A cada estudiante se le adjudica una manzana de la ciudad para que entre lunes y martes encueste a todos sus habitantes. La encuesta busca una caracterización socioeconómica del grupo familiar y los principales problemas de salud que ha padecido en los últimos 15 años. “Conseguimos una cobertura del 76 por ciento de la población en los 21 campamentos realizados”, explica Verzeñassi.
El miércoles construyen un perfil sanitario de la población. “Los docentes evaluamos el trabajo de los estudiantes, su capacidad de entrevistar, de generar empatía con el sujeto, de construir una hipótesis de diagnóstico y de identificar los elementos determinantes de la situación de salud de la familia.” Además convierten las escuelas en un gran hospital de campaña, donde hacen un examen físico y control de salud de los niños.
El jueves realizan talleres de promoción de salud y prevención de enfermedades en las escuelas primarias y secundarias y en plazas y centros sociales; al día siguiente se hace la evaluación de los estudiantes y por la tarde convocan a todo el pueblo para devolverle los resultados. “Hemos comprobado que ha existido un crecimiento del cáncer que oscila entre cuatro veces y media y hasta siete más que en el primer quinquenio. Cuando empezamos a ver que en los 21 pueblos había incrementos similares de cáncer, de abortos espontáneos, de nacimientos con malformaciones, nos preguntamos qué hay en común en todos ellos, y es que están en el medio de las áreas de producción agroindustrial con agroquímicos”, señala indignado.
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