La tarea principal de un ministro del Interior es velar por la seguridad individual y colectiva de la ciudadanía.
Al insistir –hasta conseguir– en que la Policía acceda a las ubicaciones de los clubes cannábicos y las empresas productoras de cannabis medicinal, el ministro Jorge Larrañaga está generando zozobra e inseguridad respecto al modelo de regulación de cannabis. Su actitud impacta en toda la sociedad, pero fundamentalmente en los más de 60 mil ciudadanos y ciudadanas que se registraron adecuadamente para ampararse en la Ley de Regulación y Control del Cannabis (19.172) en sus tres modalidades. Son personas que confiaron en la ley y en el Estado, que adquirieron derechos. No sólo acceden a un cannabis de calidad, producido con licencias otorgadas por el Estado, sino que, como bien afirmó el comisario general Mario Layera, son un excelente modelo de seguridad: esos usuarios no concurren a las bocas de venta del narcotráfico. Layera tiene experiencia.
El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) fue creado por ley y es dirigido por una junta con representantes de los ministerios de Salud Pública, Agricultura y Desarrollo Social. Está presidido por la Secretaría Nacional de Drogas, que depende de Presidencia. El subsecretario del Ministerio del Interior integra la Junta Nacional de Drogas (JND), conformada por otros ocho ministerios. Está presidida por el prosecretario de la Presidencia y su secretaría general es ejercida por el doctor Daniel Radío. Interlocutores e institucionalidad sobran.
Tenemos 20 años de continuidad, con una estrategia construida entre muchos desde 2005, a partir de los avances y aportes que ya había hecho el expresidente de la JND, el doctor Leonardo Costa (programas de reducción de daños y legislación antilavado).
En aquel momento no intentamos refundar nada. Esto mismo afirma ahora Radío. Hemos construido institucionalidad, diálogo con la sociedad civil, la academia y los investigadores; con la Policía y las agencias represivas; con el Sistema Nacional Integrado de Salud. También con organismos multilaterales. Hemos promovido un enfoque de derechos humanos, acción comunitaria, salud pública y desarrollo. Romper esto es más que un delito.
Lanzar anuncios provocativos con afirmaciones sobre la filtración del cannabis legal al ilegal, además de ser erróneo, revela el acoso, la guerrilla vengativa que intenta perforar la ley de regulación del cannabis y la integralidad de las políticas públicas en drogas.
EL NECIO
Definición de necio: «Que insiste en los propios errores o se aferra a ideas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia». El ministro Larrañaga es un necio. Sabe bien que no puede derogar la ley, que ello generaría problemas de índole legal y jurídico que le costarían mucho al Estado. Por eso se dedica a perforarla.
La ley fue votada en 2013 por una mayoría más amplia que la oficialista. Muchos legisladores se pronunciaron a favor, aunque no la votaron por disciplina partidaria. Entre ellos, el doctor Daniel Radío. El presidente de la república, cuando era diputado, fue autor de uno de cuatro proyectos de autocultivo presentados antes de que la ley viera la luz.
Larrañaga sabe perfectamente que la Ley de Regulación y Control del Cannabis cita explícitamente la ley de habeas data (18.331), que protege datos sensibles de todas las personas. Las direcciones donde se produce el cannabis son uno de esos datos sensibles. Su confidencialidad es un derecho inviolable. El Protocolo de Actuación Policial, emitido por el Ministerio del Interior, también lo expone indubitablemente.
Arrasar con estos derechos es un delito muy grave. Motivará acciones legales a varios niveles. No sólo recursos de amparo y denuncias penales, sino también acciones en el fuero civil, ya que se están generando daños económicos y morales a las personas, a los clubes cannábicos y a las empresas del ramo.
TRAZABILIDAD Y REGULACIÓN
La producción y la venta ilegal de marihuana es un delito y hay que castigarlo. Pero las hipótesis y trascendidos sobre la fuga de marihuana legal hacia el mercado ilegal, incluso hacia Brasil, se parecen más a una intriga de malos policías que quieren medrar. O a una persecución revanchista de quien vociferaba en las elecciones primarias del Partido Nacional de 2014: «No planten nada, no planten nada…». Perdió.
Hay que recordar que el tratamiento genético del cannabis uruguayo permite su trazabilidad.
Le escuché decir a Larrañaga que con cuatro fiscalizadores el IRCCA no puede hacer su tarea. La conclusión de ese silogismo no debe ser otra que que hay que fortalecer el instituto y aumentar el número de fiscalizadores.
La regulación ha sido y es un debate mundial, que tuvo su máxima expresión en la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Naciones Unidas en abril de 2016, cuando la comunidad internacional acordó mínimamente un nuevo consenso. El enfoque de la guerra contra las drogas, que como bien afirmó el fallecido Kofi Annan fue una guerra contra las personas, no sólo fracasó, sino que aumentó la violencia y, paradójicamente, la criminalidad.
Estados Unidos no sólo avanza en la regulación del cannabis, a partir de los 12 estados que ya tienen reglado el uso entre adultos y los 35 que tienen normativa para uso medicinal: en el Congreso hay un proyecto de ley que va a legalizar el uso de marihuana. Han instruido a los fiscales de suspender la prisión por consumo y delitos menores por drogas.
El prestigio de Uruguay en el debate internacional, donde se escuchan diferentes puntos de vista, se debe a su defensa de los derechos humanos vinculados a las políticas de drogas. Debutamos en 2008 en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas defendiendo ese enfoque, no sin grandes resistencias.
«Uruguay ha sido elegido por amplísima mayoría, por sexta vez consecutiva desde 2008, como estado miembro de la Comisión de Estupefacientes para el período 2020-2023 en el Consejo Económico y Social. Es un acontecimiento inédito la permanencia de un Estado por tantos períodos consecutivos. Sólo puede leerse como un reconocimiento internacional al liderazgo de nuestro país en el plano del problema mundial de las drogas, incluida la iniciativa del mercado regulado del cannabis.»
El 26 de marzo, en su revista semanal, el diario El País de Madrid publicó un reportaje a Carola Pérez, presidenta del Observatorio Europeo de Cannabis Medicinal, con el título «Cannabis, el negocio que apunta a convertirse en el pelotazo del siglo», en el que dice que «en torno al cannabis legal se calcula un negocio mundial de 50.000 millones de euros. Canadá ya ha tomado la delantera».1
Paradojas de la vida, no sólo somos prestigiosos y nos piden orientación, sino que la regulación del cannabis de uso medicinal y del cáñamo industrial se ha convertido en una punta de desarrollo económico de gran importancia e impacto social por la creación de puestos de trabajo.
Se pueden tener opiniones diversas respecto a cuál es la mejor forma de regular y controlar las sustancias psicoactivas. El asunto tiene su historia. Lo que no se puede hacer es romper la ley y avasallar derechos adquiridos por tener opiniones diferentes, poner en riesgo a personas, clubes y empresas. El debate abierto y sin tabúes fue un reclamo de Uruguay en el ámbito internacional, siempre. En Uruguay existen leyes, hay un Parlamento y una institucionalidad. No se puede llevar a prepo este tema complejo, guiado por la necedad de quien perdió la batalla política y legislativa.
* Milton Romani Gerner, exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas y exrepresentante permanente de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos.
1. «El rol de Uruguay en el debate mundial de políticas de drogas: Enfoque de derechos humanos, salud pública y regulación de mercados». Embajador Milton Romani, Instituto Artigas de Servicio Exterior, Revista Diplomática, segunda época, volumen 1, número 2, enero-junio de 2019.
