La construcción del miedo

Fue un montaje complejo e intrincado que empezó en Buenos Aires cuatro meses antes, con el secuestro de una veintena de miembros del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Los trasladaron en forma clandestina a Uruguay y más tarde los presentaron a los medios de comunicación nacionales e internacionales como recién capturados en el país a donde supuestamente habían entrado para hacer una campaña de desprestigio del gobierno. La dictadura argentina también utilizó estas operaciones de desinformación y propaganda. Es el caso de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, secuestradas y torturadas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Las fotografiaron, maltrechas y con la mirada perdida, con una bandera de la organización Montoneros de fondo y un ejemplar de La Nación del día al frente. El 18 de noviembre de 1977 Clarín publicó la información como verdadera: «La delincuencia terrorista se atribuyó el secuestro de las dos religiosas francesas». Después, los marinos las asesinaron y arrojaron los cuerpos al Río de la Plata.

Igualmente planificada y cruel fue la peripecia que vivió Thelma Jara de Cabezas, secuestrada en Buenos Aires el 30 de abril de 1979. La torturaron e interrogaron por su actividad política y por las denuncias que había hecho en México sobre el secuestro y la desaparición de cientos de personas, entre ellas, su hijo Gustavo, un estudiante peronista de 17 años. Desde la ESMA la trajeron tres veces a Montevideo, donde –mintieron– había llegado buscando salir de la mira de Montoneros. Convenientemente fotografiada, a fin de dar veracidad al montaje, la devolvieron a Buenos Aires para que tuviera una entrevista con la revista Para Ti, en la que, en apariencia, de manera voluntaria y reflexiva, se retractó y culpó a la subversión de la desviación de su hijo menor. En la portada de la edición del 10 de setiembre de 1979, la revista incluyó el título: «Habla la madre de un subversivo muerto».

Las operaciones de prensa en las dictaduras del Río de la Plata fue el tema del encuentro que el Museo de la Memoria de la ESMA propone para el último sábado de cada mes, con el nombre La Visita de las Cinco. La actividad virtual fue organizada junto con el Sitio de Memoria del ex Centro Clandestino de Detención de Automotores Orletti, de Buenos Aires, y el Sitio de Memoria ex SID [Servicio de Información de Defensa], de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, de Uruguay. El material completo de la visita puede verse en el canal de Youtube del museo.¹

SALIR VIVOS

Aún no se sabe exactamente cómo surgió y se tramitó la operación que desembocó en la escenificación del chalet Susy, en Shangrilá, pero puede datarse la fecha de inicio. Entre el 13 y el 15 de julio de 1976 el SID hizo un secuestro colectivo de militantes del PVP en Buenos Aires. Según el testimonio de Sara Méndez, ella y sus compañeros estaban seguros de que, luego de los interrogatorios y la tortura en Automotores Orletti, les esperaba la muerte. Sin embargo, algo cambió.

Al cabo de diez días en ese lugar donde el horror convivía con las jerarquías cruzadas y a menudo contradictorias de represores uruguayos y argentinos, los subieron a un camión y los amontonaron entre ropa, electrodomésticos y motores de autos robados en los secuestros. Hicieron la marcha hasta el aeropuerto a sirena abierta. Mientras montaban a tientas en el avión, escuchaban la algarabía de las voces de los torturadores, que vivaban con sorna a las organizaciones guerrilleras. Viajaron vendados y esposados en el vuelo que aterrizó en la base militar cercana al aeropuerto de Carrasco. De ahí los llevaron a otra base clandestina del SID, la casa de Punta Gorda, donde los examinó un médico, les curaron las heridas y, por primera vez, les dieron algo parecido a una comida.

MENTIRA ARMADA

Aunque todavía no podían explicarse por qué, fueron dándose cuenta de que constituían una categoría singular de detenidos. «Formábamos parte de un plan que la dictadura precisaba que se cumpliera sin inconvenientes», afirmó Méndez. De Punta Gorda los mudaron al subsuelo de la antigua sede central del SID, la casona de Bulevar Artigas y Palmar, que estaba vacía. Allí los esperaban los oficiales y la tropa que los habían interrogado y custodiado en Orletti. «Nuestro caso no podía ser conocido más que por el pequeño grupo de actores represivos que actuaba en Buenos Aires», continuó Méndez.

El entonces mayor José Nino Gavazzo les anunció que estaban en un lugar especial y reveló la razón del traslado a Uruguay: debían aceptar que los habían detenido aquí; si se negaban, los devolvería a los «bárbaros» argentinos. Méndez dice que escucharon la palabra desaparecido por primera vez y que la oferta de Gavazzo sólo tuvo dos opciones: vida o muerte. Empezaron a sospechar que los militares tenían urgencia en resolver la situación, dejándolos con vida: «La dictadura tenía presiones muy grandes. Necesitaba mostrar que la subversión seguía activa».

En efecto, el gobierno precisaba responder a la creciente campaña internacional por las violaciones de los derechos humanos. Juan María Bordaberry dejó claro qué pensaba de ellas: «La campaña marxista es como la Tercera Guerra Mundial. No cederemos», declaró en aquellos días a la televisión chilena. El diario El País se sumó a la defensa del gobierno con decenas de notas, titulares fuertes y editoriales que dan cuenta de que, para el matutino y el resto de la prensa oficialista, los foros internacionales habían sido copados por agentes de la subversión.

CONTRA LA TORTURA

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en Argentina expulsó al exilio uruguayo hacia países más lejanos del continente y hacia Europa. A partir de ese momento salvar a quienes escapaban de la represión y denunciar los asesinatos y las desapariciones pasaron al centro de las acciones colectivas. La historiadora y militante feminista Marisa Ruiz ha estudiado la formación y la expansión de la red internacional que tejieron organizaciones regionales e internacionales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, dirigentes políticos, legisladores, iglesias, intelectuales y artistas para la defensa de la vida. En ese escenario Amnistía Internacional (AI) tuvo un papel clave.

AI trabajaba por los prisioneros de conciencia de Occidente, del este socialista y del tercer mundo. En 1976 lanzó la Campaña contra la Tortura en Uruguay. Por primera vez abandonó el enfoque individual para tomar la causa de un país. Según Ruiz, la afluencia de información que llegaba de las agrupaciones de exiliados (la denuncia comprobada de 22 casos de muerte por tortura ocurridos entre 1973 y 1975), el desconocimiento de la comunidad internacional del caso uruguayo y la especulación sobre la debilidad de la economía del país, que lo hacía susceptible a las presiones internacionales, explican la decisión. La campaña se extendió entre febrero y junio de 1976, y tuvo como objetivo presionar al gobierno, hacer conocer cuanto se pudiera la situación de Uruguay y que se autorizara una visita al país para investigar las denuncias.

ENMIENDA KOCH

A mediados de junio el caso de Uruguay llegó al Subcomité de Relaciones Internacionales del Congreso de Estados Unidos. Ruiz estima que las audiencias celebradas allí entre junio y agosto constituyen el último acto no oficial de la campaña: «El principal logro en la instancia de las audiencias fue que el representante Edward Koch solicitara lo mismo que AI al Departamento de Estado». El proceso concluyó con la suspensión de la ayuda militar a Uruguay. El 17 de junio Wilson Ferreira Aldunate declaró como testigo de cargo. «Era un patricio. Y los demócratas, viejos liberales, reconocieron en él a otro liberal, en el sentido que se daba en Estados Unidos al término: un defensor de la democracia y la república. Era fiable», contó Ruiz.

En la audiencia del 27 de julio el académico Martin Weinstein, especialista en Uruguay, denunció que la semana anterior había desaparecido una treintena de uruguayos en Buenos Aires. Eran los secuestrados de Orletti. El miembro directivo de AI Edy Kaufman incluyó en la exposición el nombre de algunos de ellos: Méndez, secuestrada con su hijo Simón, de 20 días; Margarita Michelini y su esposo, Raúl Altuna. Al cabo de las audiencias la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la suspensión de la ayuda y el entrenamiento militar al gobierno uruguayo. La llamada enmienda Koch fue votada luego por el Senado y ratificada por el presidente de ese país, Gerald Ford.

LLEGA LA PRENSA

A fines de octubre, luego de marchas y contramarchas, el blanqueo de los secuestrados adquirió su forma definitiva. Estos aceptaron que habían simulado un secuestro para justificar la denuncia que haría el PVP por su desaparición y que habían entrado al país por sus medios. Oficiales del SID redactaron las falsas declaraciones, base para el procesamiento de la justicia militar. Un oficial alquiló el chalet que sería el escenario de la estridente operación. El 26 de octubre llevaron a un grupo de secuestrados al Susy, donde los obligaron a comer un asado en el jardín para que los vieran los vecinos. Tenían la orden de entrar a la casa a las cinco de la tarde, a la espera de los camiones del Ejército que iban a sorprenderlos. Méndez contó: «Fue una operación muy cuidada. Los oficiales y la guardia estaban tensos. Temían que alguno de nosotros quisiera huir o perder el control de la situación».

Dos militares que se hicieron pasar por subversivos comentaban divertidos que todo estaba saliendo bien y que los vecinos se asomaban sorprendidos por el despliegue de fuerzas. Los supuestamente recién detenidos salieron esposados de la casa y subieron a un vehículo abierto. El trayecto de regreso al SID fue ruidoso y bien expuesto: con las sirenas abriéndoles paso y mostrándose en las afueras del Estadio Centenario exactamente a la hora en que terminaba un partido de fútbol. A otros, simularon que los habían capturado en cuatro o cinco hoteles del Centro de Montevideo. Esa misma noche se organizó la detención teniendo en cuenta el fin de la función de los cines. En realidad, los secuestrados no se movieron de la casona del SID, pues soldados, hombres y mujeres, se alojaron con documentación falsa en su lugar.

El 28 de octubre los llevaron de nuevo al Susy para culminar la operación, con la esperada rueda de prensa. «Recién en ese momento tuvimos una noción de la envergadura de los hechos. La mayoría era prensa internacional. Nos dimos cuenta por las cámaras y la vestimenta. Gavazzo nos había advertido que no podíamos hablar, que estábamos ahí sólo para que nos filmaran», recordó Méndez. Las cobertura de Associated Press muestra a un joven Gavazzo, de uniforme, exhibiendo las armas y los documentos supuestamente incautados, y a los detenidos, saliendo del chalet esposados y en silencio para el obligado desfile. Durante tres días la prensa informó sobre la operación, que también se transmitió por radio y televisión. Los secuestrados, ahora presos oficiales, volvieron a la casa del SID. Poco después, procesados por la justicia militar, los hombres fueron al Penal de Libertad y las mujeres, a Punta de Rieles.

ENTRE CENSURA Y APLAUSO

¿Cómo es posible que los medios hayan difundido la operación sin réplica ni impugnación? En primer lugar, porque los partes militares debían emitirse obligatoriamente, sin contestación. Ya antes del golpe de Estado el Poder Ejecutivo había establecido que sólo se podía informar de acciones militares o policiales a través de comunicados oficiales. También se prohibió emitir opiniones o juicios sobre las Fuerzas Armadas y la Policía que conspiraran contra su moral y su reputación en todo lo relacionado a la lucha antisubversiva. La violación del artículo constituía un delito militar. Junto con el monopolio de la información en la lucha contra la subversión, la dictadura avanzó temprano en el establecimiento de pautas informativas acordes con la nueva era. En julio de 1974 un comunicado de la Presidencia de la República fijó orientaciones para los medios que configuran un sistema integral de censura y comunicación dirigida: cuidar los titulares, no especular con aspectos parciales de las declaraciones de los jerarcas, evitar el tono decepcionante de los editoriales y enfatizar los logros del gobierno.

Pero no todo fue obligado acatamiento de las normas del régimen. Buena parte de la prensa establecida colaboró entusiasmada y, en algunos casos, en afinada sintonía con el gobierno militar. Cuando Ferreira Aldunate declaró en el Congreso, El Diario envió a su redactor responsable, Julián Safi, y El País, al periodista Álvaro Casal para una acción de contrapropaganda con el fin de boicotear o al menos atenuar el impacto de su intervención. En la conferencia de prensa que dio el legislador con miembros directivos de AI en el Church Center de Nueva York, Safi y Casal lo interpelaron a los gritos. Ambos diarios presentaron la bravuconada como un acto épico, que, según los corresponsales, dejó en ridículo a AI y la obligó a suspender la conferencia. El País, La Mañana y El Diario alzaron fuerte la voz en el repudio de la campaña, por falsaria y difamatoria: «Campaña antiuruguaya: en Liverpool arrojan bananas a agentes de Amnesty» y «Calumnias de Amnesty sin apoyo popular» son dos encabezados de los muchos artículos que dedicaron al asunto. En marzo de 1977, cuando el caso de Uruguay se trató en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), El Diario informó con titulares catástroficos: «[Jimmy] Carter se alía en la ONU a URSS, Cuba y el Bloque Rojo». Y Safi tituló «El show de Ginebra» su editorial sobre el episodio.

PARA TI

El cineasta Daniel Cabezas señaló algunos puntos de contacto entre la operación del chalet Susy y la de su madre, Thelma Jara. Jara integraba la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, había participado en las primeras marchas con las madres en la Plaza de Mayo y había viajado a la Conferencia Episcopal de Puebla, en México, donde le entregó una carta al papa Juan Pablo II sobre los crímenes de la dictadura argentina. La campaña internacional contra la Junta Militar se había multiplicado sumando voces y países. A ella se agregó la que Cabezas lanzó desde México luego de la desaparición de su madre, con el apoyo de cineastas, escritores, obispos y dirigentes políticos.

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tenía fecha para desembarcar en el país en setiembre de 1979, en una visita de investigación, lo que inquietaba a la dictadura. Cabezas sostiene que el secuestro de su madre y la publicación de la falsa entrevista en una revista de gran tiraje como Para Ti tuvo más de un mensaje: desmentir a la prensa extranjera y a la CIDH («Los desaparecidos están vivos»), confundir y debilitar a las organizaciones de derechos humanos en las que Jara era bien conocida. Y, por fin, uno más general: «[Reclamar] a las madres de los jóvenes que controlaran a sus hijos. De hecho, los militares habían lanzado años antes la campaña “¿Usted sabe dónde está su hijo?”. Ahora una madre se reconocía culpable de no haberse ocupado del hijo».

MINISTROS Y EMPRESARIOS

Como dice Cabezas, la preocupación por las campañas internacionales venía de antes. En junio de 1976 Jorge Rafael Videla firmó un decreto para contratar agencias de publicidad con el fin de contrarrestar «la acción psicológica emprendida por intereses y grupos extranacionales, dirigida contra el prestigio de la nación Argentina en el exterior» (véase «La verdadera campaña antiargentina», Página 12, 18-X-15). La empresa Diálogo, de Héctor del Piano y Horacio O’Donnell, se benefició de ese primer contrato.

Ese mismo año el ministro de Economía de Argentina, José Alfredo Martínez de Hoz, promovió un contrato con la empresa de marketing y relaciones públicas Burson Marsteller, a la que el gobierno confió una campaña para mejorar la imagen del país –se atribuye a la empresa la creación del eslogan «Los argentinos somos derechos y humanos»–. En la operación contra su madre, además de al Estado argentino, Cabezas apunta a la editorial Atlántida, de Aníbal Vigil, y a Lucrecia Gordillo y Agustín Botinelli, redactores responsables de Para Ti. Por último, señala la participación de la secta Moon –dueña de la empresa World News, que por ese entonces planeaba editar en Uruguay el periódico Noticias del Mundo– y la de su vocero, Safi.

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