La realidad nacional y regional determina que los militares queden fuera de este escenario, aunque las condenas a 14 de ellos por el secuestro y homicidio del ex químico de la policía secreta de Pinochet Eugenio Berríos –ocurridos en Uruguay en 1991–, así como el fallecimiento en prisión de Manuel Contreras, ex jefe máximo de esa organización, y la reapertura de algunos casos, crearon inquietud entre el personal retirado de las fuerzas armadas. Por otra parte, el desacato de uno de los condenados dio lugar a que la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos afirmara que aún existe una red de protección para los violadores de los derechos humanos.
En la primera semana de agosto, después de muchas idas y venidas, entró a la Cámara de Diputados el proyecto para la despenalización del aborto por inviabilidad del feto, peligro para la vida de la madre o violación. La ley chilena permitió el aborto por razones médicas desde 1931 hasta 1989, cuando los grupos católicos conservadores, como el Opus Dei, encabezados por el cardenal simpatizante de la dictadura Jorge Medina, lograron que Augusto Pinochet y la Junta Militar lo prohibieran por completo. Esa fue una de las numerosas ataduras legales que se urdieron para prevenir un “destape” de la sociedad, ante la inminente llegada de la democracia.
El proyecto de ley para la terminación del embarazo fue una promesa de la campaña de Bachelet. Después de haberse pronunciado en contra de forma estentórea durante muchos meses, el 2 de agosto la Iglesia realizó la intervención política más abierta que ha hecho en los años de democracia, incluso teniendo en cuenta su rechazo a la ley de divorcio, aprobada en los noventa. En una declaración publicada en el diario El Mercurio, la Conferencia Episcopal rebatió todos los argumentos a favor de las causales para terminar el embarazo y concluyó cobrando la cuenta por su trabajo de defensa de los derechos humanos durante la dictadura: “A quienes ayer promovían junto a la Iglesia la defensa de la vida y de la dignidad de los perseguidos políticos, les invitamos hoy a ser consecuentes, pues el respeto a la vida debe mantenerse en toda circunstancia”.
Además, envió un mensaje a los parlamentarios cristianos, subrayando que es su deber “promover leyes justas y no colaborar con una ley de aborto”. En el mismo diario cinco obispos vinculados con el Opus Dei y otros grupos conservadores dirigieron una carta abierta a los diputados exhortando a votar en contra del proyecto presentado por el Ejecutivo.
A pesar de esa campaña, la Comisión de Salud de la Cámara aprobó la idea de legislar sobre el aborto. Pero el arzobispo de Santiago manifestó que el debate no estaba perdido y nuevamente la DC asumió la representación clerical dentro del oficialismo, al presionar para hacerle varias modificaciones al proyecto. La más significativa es la que impone a los médicos la obligación de denunciar a la policía la violación cuando una mujer solicite el aborto por ese motivo. A la víctima no se le respeta la confidencialidad, ya que ella solamente podrá ratificar lo denunciado.
Por otra parte, en una propuesta sobre la reforma de la Constitución, el Consejo Nacional de la DC indicó que el Estado debe proteger la vida de las personas y tiene que haber un mandato constitucional para que la ley “proteja la vida del que está por nacer”. Además, el mismo organismo recibió un documento elaborado por la ex canciller y ex senadora Soledad Alvear –esposa de Gutenberg Martínez, el principal operador político de la Democracia Cristiana–, que sostiene que autorizar el aborto es anticonstitucional y una violación de los pactos internacionales.
COMO EN LOS DÍAS DE ALLENDE. En la Araucania, una de las zonas más pobres y a la vez más generadoras de riqueza para las empresas forestales del sur de Chile, continúa sin resolverse el problema de los reclamos violentos de tierras por parte de comunidades mapuches. Ni la acción policial ni la compra de tierras por parte del gobierno han sido eficaces para poner fin a la violencia, que se manifiesta en decenas de atentados por año a haciendas y propiedades de las forestales, con algunos hechos, como la muerte en 2013 de un matrimonio en su casa incendiada durante un ataque, que dan argumentos a la derecha para sostener que en la región impera el terrorismo. También ha habido muertos bajo las balas policiales, mientras medios como El Mercurio, órgano de los golpistas de 1973, se encargan de mantener vivos aquellos fantasmas.
El gobierno de Bachelet, por su parte, continúa zigzagueando entre las presiones de los grupos de interés, y a fines de agosto despidió al intendente (gobernador) de la Araucania porque el funcionario había redactado una propuesta para resolver la crisis que incluía, entre otros puntos, la declaración de Chile como Estado plurinacional, la reserva de cupos parlamentarios para los pueblos indígenas y la restitución de tierras a las comunidades, comenzando por las ocupadas por las forestales. “El gobierno le tuvo miedo a mi propuesta”, dijo el ex intendente Francisco Huenchumilla, un hombre de larga trayectoria en el parlamento como representante de la región del conflicto. Huenchumilla está en el ala izquierda de la DC –minoritaria–, y sus raíces políticas se hunden en el gobierno de Allende, cuando estuvo vinculado a la reforma agraria. Su sustituto es un colaborador del ministro del Interior, Jorge Burgos, que la Democracia Cristiana logró poner en el puesto más poderoso del gabinete cuando se produjo la reestructuración de mayo, vista por algunos como un “golpe blanco” para empujar al gobierno hacia la derecha. El remplazante de Huenchumilla colaboró también con Soledad Alvear en la elaboración de su propuesta antiaborto.
La destitución del gobernador coincidió con la marcha hacia Santiago de un grupo de camioneros que cargaban en sus vehículos otros camiones quemados en los ataques de la Araucania. Los transportistas integran una alianza con las asociaciones de agricultores y de empresas forestales que, con el apoyo de la derecha, desde hace varios años pide medidas de “mano dura”, como la aplicación de la ley antiterrorista o incluso una declaración de estado de emergencia para enfrentar el activismo indígena. Mientras el gobierno dudaba entre detenerlos antes de la llegada a la capital o permitirles su desfile frente a la sede del poder Ejecutivo, como ellos lo exigían, en las carreteras se producían escenas que trajeron recuerdos de las huelgas de transportistas contra Allende. El 27 de agosto la ciudad quedó prácticamente aislada cuando otros sindicatos de camioneros apoyaron a los del sur, y en las rutas de acceso se formaron embotellamientos de hasta 15 quilómetros.
El senador Alejandro Navarro, quien se separó hace algunos años del Partido Socialista por discrepar con la tendencia de esa colectividad a sacrificar principios y objetivos por una política de acuerdos con la oposición, declaró que la caravana de camiones estaba orquestada por la derecha para perjudicar al gobierno, “en una actitud sediciosa similar a la que se dio en la época de Allende”. De vuelta en su región, los transportistas fueron recibidos como héroes por sus simpatizantes, y el líder de la marcha no tuvo pelos en la lengua para hacer un balance: “Nosotros pedimos que las leyes sean modificadas… no le vamos a dar más de dos semanas de plazo al ministro para retomar las conversaciones”.
Con las reformas educacional y tributaria cada vez más desfiguradas por las presiones, con los posibles cambios a los sistemas de salud y de pensiones privados sufriendo el ataque sostenido de las empresas que los operan, con la gradual desaparición de la posibilidad de cambiar la Constitución de la dictadura en una asamblea constituyente, y con el trabajo de zapa que hace la DC en el oficialismo, Chile parece ir camino de un 1973 sin golpe ni tragedias humanas, pero igualmente negativo para el avance de las fuerzas progresistas.
