Aunque aún falta la firma de los popes del Fondo Monetario Internacional (FMI), que probablemente llegará a fines de marzo, y el visto bueno del Parlamento, la decisión de los técnicos del organismo de anunciar un principio de acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández fue un cimbronazo político y económico en Argentina. El shock político derivó en la renuncia de Máximo Kirchner a presidir la bancada de diputados nacionales del oficialista Frente de Todos (FT). Él y la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández, ya habían hecho públicas sus diferencias con el equipo económico liderado por el ministro Martín Guzmán, parte del círculo más cercano al presidente Alberto Fernández. También los movimientos sociales cercanos al FT y algunos economistas referentes de la coalición se mostraron disconformes con el borrador, al igual que varios sindicatos y partidos de izquierda.
Por el lado de los mercados y las finanzas, el anuncio fue un alivio para descomprimir la caída de la bolsa de valores y enfriar la creciente valorización del dólar informal. Nada nuevo bajo el sol argentino y sus históricas y cíclicas relaciones con la deuda externa, en las que los gerentes del FMI han jugado un rol protagónico. Para entender la relación entre la deuda externa argentina y el FMI, Brecha dialogó con la economista argentina Noemí Brenta, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, exconsultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y autora de Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI (Eudeba, 2014) e Historia de la deuda externa argentina. De Martínez de Hoz a Macri (Capital Intelectual, 2021).
—¿Cuáles son las características comunes de los distintos ciclos de endeudamiento externo argentino?
—En primer lugar aparecen las restricciones externas. Como la Argentina tiene un aparato productivo basado en bienes primarios y en manufacturas con valor agregado bajo, eso compromete la capacidad de generar divisas con solidez. Como sostiene el economista Mario Diament, el país tiene una estructura productiva desequilibrada y, por lo tanto, dependiente de factores externos que la hacen muy volátil: si hay sequía o si cambian los precios de las commodities, por ejemplo.
La deuda siempre es de carácter financiero y termina estimulando la fuga de capitales. Siempre se toma deuda por sobre la capacidad de pago del país. A eso hay que sumarle los problemas estructurales de la economía argentina: además del aparato productivo basado en bienes primarios, están la inestabilidad cambiaria y la crisis del sector externo. Ninguno de estos factores es excluyente, porque todos se han mantenido a lo largo de las últimas décadas, pero confluyen en causar serios problemas para la robustez de la economía nacional. De esos mismos problemas se aprovechan el FMI y, en especial, su principal accionista, Estados Unidos, para sostener los ciclos de crisis y obtener provecho, aliados con grupos económicos locales.
—¿Cómo fue la deuda tomada por las dictaduras militares y los gobiernos democráticos según su libro?
—Sin duda, lo peor de los acuerdos con el FMI se inició con la dictadura de 1976, pero los gobiernos neoliberales, como el de Carlos Menem y Mauricio Macri, fueron en línea con esos rasgos generales. Hay un patrón común entre ellos. El gobierno del general Jorge Videla firmó dos acuerdos con el FMI, en 1976 y 1977, y una de las exigencias del organismo de crédito fue la ley de entidades financieras de 1977. Eso financiarizó la economía, rompiendo un esquema histórico en el país: el respeto por las economías regionales, locales, que requerían un trato específico de acuerdo a sus características productivas. Esa ley universalizó las finanzas y colaboró para destruir las economías regionales. Así la dictadura de 1976 inició el desmantelamiento del aparato productivo. Eso lo siguieron haciendo Menem y, más recientemente, Macri. Si bien con el menemismo una parte de los ingresos por créditos internacionales del FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo se destinó a la producción y la infraestructura, el grueso de los montos fue para la fuga de capitales.
—¿Esa es una característica que se repite en los sucesivos créditos internacionales?
—Exactamente, y es un tema muy bien abordado por el libro Endeudar y fugar,1 del economista de Flacso [Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales] Eduardo Basualdo. Durante mi investigación, me resultó interesante leer cómo se repetían, en los discursos de Macri y sus funcionarios, conceptos y hasta frases iguales a los de José Alfredo Martínez de Hoz y su equipo económico. Es muy llamativo. Bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, en los primeros años se intentó acordar con el FMI, pero, finalmente, los grandes grupos económicos, que entonces se llamaban capitanes de la industria, le torcieron el brazo y estalló la hiperinflación de 1989. El menemismo entregó el patrimonio nacional y en 1992 firmó un acuerdo de facilidades extendidas, que fue ruinoso para el país y complementó la política de privatizaciones con la convertibilidad de Domingo Cavallo. En 1998 volvió a firmar otro acuerdo similar, que fue heredado por el gobierno de la Alianza, con Fernando de la Rúa a la cabeza, y sentó las bases para la caída del sistema en 2001, porque De la Rúa quedó atado al esquema de convertibilidad de Menem y Cavallo.
—¿El acuerdo recién hecho con el FMI va en sintonía con la larga historia de los tratos argentinos con ese organismo o hay algo diferente?
—Por ahora es un entendimiento, un borrador. Faltan la carta de intención, el acuerdo del directorio del FMI, la firma, el acuerdo del Parlamento argentino, los pagos inmediatos para viabilizar y oficializar el documento. Habrá que ver qué ocurre los días que faltan hasta el 21 de marzo, cuando se haga efectivo el segundo pago, qué implica la puesta en marcha de lo que se firme.
—Por lo que se puede ver ahora, ¿habrá ajustes en los salarios y las jubilaciones, y recortes en las áreas sociales?
—El gobierno asegura que el acuerdo no va a frenar el crecimiento, ni los salarios, ni las jubilaciones, que son elementos centrales en un país con la crisis en la que lo dejaron el gobierno de Macri y la pandemia. Pero una cosa es lo que se dice, otra lo que se firma y otra lo que se logra mientras la economía se mueve con los años. Por ejemplo, Guzmán dice que con el acuerdo habrá un crecimiento del 4 por ciento anual. El FMI pone esa cifra en el 3,5 por ciento. Como sea, lo seguro es que no habrá un crecimiento del 10 por ciento, como ocurrió en 2021, mientras se salía lentamente de la pandemia.
—De acuerdo a su conocimiento de la historia de la deuda externa argentina, ¿cómo reacciona la economía cuando se hacen acuerdos con el FMI?
—Siempre, durante el primer año, la economía se enfría. Todas las variables están en sintonía con lo acordado y el margen de maniobra del gobierno es muy poco ante los diferentes agentes de la economía. Con el paso de los meses, ya en el segundo y el tercer año, las cosas se relajan un poco y el propio movimiento económico hace que se revean las metas. Pero, por ejemplo, cuando la dictadura militar firmó su primer acuerdo con el FMI, en 1976, anunció a la sociedad, lisa y llanamente, que bajaría los salarios para cumplir las metas del acuerdo. No es eso lo que ocurre ahora. El gobierno firmó un acuerdo de facilidades extendidas, que no es lo mismo que un standby. Eso permite plazos más largos de pago y revisión, que en este caso alcanzan los seis años. Un standby no lo permitiría.
—Algunas voces críticas del acuerdo, como los movimientos sociales y economistas como Claudio Lozano, sostienen que, en definitiva, sí estamos ante un acuerdo standby.
—Los principales problemas que causan los acuerdos de facilidades extendidas son las dificultades en el sector externo, y más cuando hay problemas de fondo en la economía del país, problemas estructurales. Los anuncios hechos por el Ministerio de Economía apuntan a sostener esas facilidades extendidas. Todos los acuerdos firmados por Argentina en su historia marcaron una reducción de las exportaciones y el ingreso de capitales, en especial, capitales especulativos. Eso es lo que busca el FMI condicionando a los gobiernos. Eso es lo que ocurrió con Macri, por ejemplo.
1. Endeudar y fugar. Un análisis de la historia económica argentina de Martínez de Hoz a Macri, de Eduardo Basualdo (editor), Mariano Barrera, Leandro Bona, Mariana González, Andrés Wainer y Pablo Manzanelli. Siglo XXI, Buenos Aires, 2017.
Los lineamientos generales del acuerdo
El Fondo Monetario Internacional (FMI) refinanciará durante los próximos dos años y medio los pagos de capital e intereses de la deuda contraída por Mauricio Macri en 2018 (44.500 millones de dólares). El organismo multilateral irá brindando a Argentina el dinero para hacer frente a cada una de las cuotas pautadas en el viejo acuerdo de 2018, mientras el Estado se compromete, entre otras cosas, a una reducción paulatina del déficit fiscal: 2,5 por ciento en 2022, 1,9 por ciento en 2023 y 0,9 por ciento en 2024 (en 2021 fue del 3 por ciento).
Como parte del acuerdo de «facilidades extendidas», hasta fines de 2024 habrá inspecciones trimestrales, en las que el FMI controlará si Argentina cumple las metas fiscales, financieras, cambiarias y monetarias. Si los compromisos no se cumplen, el organismo puede interrumpir sus desembolsos y otra vez las pesadas cuotas del crédito de Macri deberán ser enfrentadas por Argentina por sus propios medios. Si los compromisos se cumplen y todo sale como ha sido acordado, cuando finalice este programa –dentro de cuatro años y medio–, de todos modos Argentina seguirá debiendo 44.500 millones de dólares, a pagar entre 2026 y 2032.
Francisco Claramunt