Dos productos agroquímicos prohibidos desde hace años en nuestro país aparecieron en el agua del pozo de la escuela, así lo determinó el último estudio hecho por la Facultad de Química presentado a los vecinos.
Corría el mes de enero cuando los productores de La Armonía tuvieron que enfrentar que un exceso en la aplicación de plaguicidas en un cultivo de maíz de un vecino escurriera hasta la cañada que usan para regar sus invernáculos, y se murieran sus plantas.
A propósito del accidente, en febrero la Facultad de Química analizó y comprobó la presencia de cinco tipos de agrotóxicos en el agua de los pozos de la zona (véase Brecha, 31-III-17), y repitió el análisis en marzo de este año por encargo de la Intendencia de Canelones (IC).
Según explicó a Brecha el ingeniero Matías Carámbula, director de Desarrollo Rural de la IC, la búsqueda de herbicidas y plaguicidas se realizó en los siete pozos de agua para consumo y en las cañadas más comprometidas. Los resultados en algunos de los pozos corroboraron la presencia de los químicos Picloram, 24-D y el 2457 encontrados anteriormente. Aunque en algunos casos los niveles de concentración de estos productos descendieron con relación a las primeras muestras, colocándose dentro de los niveles permitidos para el agua potable,1 en otros pozos continúan siendo muy altos. Por otro lado, en una de las cañadas los niveles son alarmantes: se registraron 96,36 microgramos de 24-D por litro de agua (lo permitido es cuatro microgramos), y 156 microgramos del químico 2457 por litro, cuando el límite deseable es nueve microgramos.
También se detectaron en los pozos algunos químicos que no se habían encontrado antes, como el “pentaclorofenol, Beta-BHC y Dieldrin, todos por encima de los niveles admisibles”, dijo Carámbula. “Se destacan los niveles muy altos de heptacloroepoxido”, agregó el ingeniero, y explicó que mientras el límite permitido para este producto es 0,03 microgramos por litro de agua, se encontraron valores de 8,31 y de 3,22 microgramos en dos de los pozos.
El porqué de las sustancias encontradas es lo que genera más incertidumbre, algunas como el Picloram se explican por el accidente ocurrido en La Armonía durante el verano (la empresa Esencia del Bosque lo aplicó en una dosis ocho veces mayor a la permitida), pero de las otras no se sabe su fecha de aplicación o si son subcompuestos residuales de otros plaguicidas o herbicidas que se han ido descomponiendo a lo largo de décadas. “Hay productos utilizados en la agricultura extensiva y otros utilizados en la fruticultura, en algunos casos productos que estaban en el suelo desde no se sabe cuándo y ya no se usan más, o supuestamente no se usan más, entre ellos el Ddt y el endosulfán”, resumió Carámbula.
En octubre de 2005 nuestro país prohibió por decreto el uso y la importación de Ddt, e hizo lo mismo con el endosulfán en enero de 2012, por tratarse de químicos con efectos nocivos para el ambiente, la salud humana y los suelos. Ambos están catalogados como contaminantes orgánicos persistentes (Cop), ya que permanecen largo tiempo en el suelo, y forman parte de la lista del Convenio de Estocolmo –del que Uruguay forma parte desde 2004– de sustancias a eliminarse.
Justamente, restos de endosulfán y Ddt se encontraron en el agua del pozo de la escuela número 10 de La Armonía. La escuela también fue incluida al recoger las muestras que la Facultad de Química tomó en marzo, y allí “se identificaron productos organoclorados, varios de ellos (en concentraciones) muy por encima de los niveles permitidos” para el agua de beber, confirmó Carámbula a Brecha.
“Los resultados de los análisis se dejaron en la dirección de la escuela para que los canalicen ante los organismos correspondientes”, agregó el ingeniero.
“Lo de la escuela fue bastante detonante para que desde la IC encargáramos nuevos análisis para todos los pozos de agua de la cuenca de la cañada Tabárez”, dijo también, y agregó que basándose en los resultados obtenidos no descartan tomar medidas cautelares para la zona.
POR EL SUELO. Las “ayudas del Mgap nos han traído más problemas que soluciones”, relata el productor Eduardo Casanova, cada vez más desanimado luego del duro año que le tocó. Terminada la ayuda económica que les otorgó la IC (25 mil pesos por tres meses), el Mgap les dio los materiales para construir nuevos invernáculos (postes y nailon) en las tierras no afectadas. Pero muchos de ellos no pueden construirlos solos –es el caso de Casanova, que vive con su esposa y su bebé– o no pueden pagar ahora la mano de obra para levantarlos.
Para colmo, de los nuevos pozos que les instalaron –Ganadería habilitó la ley de riegos y una empresa los construyó– los productores tienen que pagar el 20 por ciento de su costo. Para vecinos como Casanova, que no han podido plantar los invernáculos en todo lo que va de 2017 y ya están endeudados, la situación es desesperante.
Desde hace un tiempo el Mgap ha dejado de ir a tomar muestras de suelo, coinciden los vecinos. Así que han empezado a plantar, a ensayo y error, en las tierras afectadas, con la esperanza de que las lluvias hayan “enjuagado” los químicos que saturan las tierras debajo de los invernáculos. A ciegas y sin nuevos estudios de suelo, están probando con cultivos de bajo valor (lechuga, acelga, nabo) “para ver si crecen” y para no perder mucha plata si es que no funcionan, cuenta Casanova. “La vecina plantó chauchas y se le secaron… habrá que seguir probando”, dice preocupado.
EN EL JUZGADO. Mientras tanto, en el ámbito legal, los productores y la empresa argentina Esencia del Bosque asistieron a una audiencia de conciliación a fines de agosto. En las conversaciones previas entre el abogado de los vecinos y los abogados representantes de la sociedad anónima parecía haberse llegado a un acuerdo, e incluso la empresa se había mostrado afín a hacerse cargo de los daños, cuantificados por los ingenieros agrónomos de las siete familias en unos 16 millones de pesos. Pero el día de la audiencia un nuevo abogado se hizo presente en nombre de la empresa y desconoció el reclamo en “forma genérica” (La Diaria, 30-VIII-17), negando la responsabilidad en los hechos y por lo tanto la posibilidad de una indemnización.
Actualmente los vecinos están armando una demanda que incluye medidas reparatorias por las tres cosechas que han perdido en este año, dirigida tanto a la empresa aplicadora como a Esencia del Bosque, explicó Brecha Juan Raúl Williman, abogado de los damnificados.
A pesar de que los productores afectados cuentan con diversas pruebas y organismos que los respaldan (Mgap, Dinama, IC y Facultad de Química), el no haber logrado una conciliación marca el comienzo de un juicio civil que puede llevar años. Dilatar el proceso siempre conviene a las grandes empresas y perjudica el ánimo y el bolsillo de los más chicos: “Yo quería evitarles el juicio. El tiempo no les juega a favor, en este caso el que tiene tiempo de sentarse y esperar es la sociedad anónima”, lamentó el abogado de los vecinos.
- La norma parámetro utilizada es la de “Agua potable-requisitos”, del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (Unit) de julio de 2010, el indicador de calidad del agua para consumo humano que usa Ose (se puede descargar en ose.com.uy).