Ante un grupo de empresarios y ejecutivos, Carstens aseguró ese día que uno de los riesgos de México durante 2017 es que se materialicen las amenazas de Trump, porque se daría un choque sobre el tipo de cambio real. “Sólo hemos visto los cortos de una película; la de suspenso empezó hace muchos meses y la de terror todavía no la vemos.” Desde entonces, más allá de la metáfora, a cada dicho de Trump el peso −uno de los termómetros más sensibles de la economía mexicana− se estresó y ha venido tocando nuevos mínimos históricos frente al dólar (desde principios de 2016 a la fecha la moneda se depreció 26,4 por ciento). Por otra parte, la estabilidad de la inflación, uno de los grandes baluartes del país frente a los huracanes hemisféricos, ha empezado a tambalearse, terminando 2015 en 3,36 (el porcentaje más alto desde 2014), y se prevé que en los próximos meses, tras el “gasolinazo” del 1 de enero, supere con largueza el 4 por ciento.
El mismo camino ha emprendido la inversión extranjera directa debido a los golpes de Twitter y la diplomacia de 140 caracteres del magnate inmobiliario que durante los próximos cuatro años será inquilino de la Casa Blanca. Como presidente electo, Trump amenazó con sancionar a las compañías multinacionales que tercerizan en México −principalmente las del ramo automotor− con un draconiano impuesto fronterizo de hasta 35 por ciento, y logró que corporaciones como Ford y Fiat Chrysler abandonaran proyectos de inversión en este país. El martes 17 General Motors (GM), la mayor armadora estadounidense de automóviles, también cedió a las presiones y, al igual que la cadena de supermercados Walmart, anunció que reorientará sus inversiones a Estados Unidos.
Si a Ford, Fiat-Chrysler y GM (fabricante de la marca Chevrolet) se suman la empresa de aire acondicionado Carrier y la compañía de telecomunicaciones Sprint, desde el 8 de noviembre, cuando Trump ganó la presidencia de Estados Unidos y manifestó aun más abiertamente sus intenciones de amedrentamiento en cuanto a la política comercial con México, en este país se han perdido 9 mil empleos.
Desde hace 23 años, cuando Carlos Salinas de Gortari suscribió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan, conocido también como Nafta por sus siglas en inglés) con Canadá y Estados Unidos, los sucesivos gobiernos neoliberales mexicanos apostaron a un “desarrollo” económico basado en la producción de manufacturas de exportación hacia el mercado estadounidense. El otro motor de la economía era la producción y explotación de hidrocarburos. Pero hoy esas dos turbinas se están enfrentando a disrupciones tecnológicas y políticas, y la economía mexicana corre el riesgo de colapsarse.
La anunciada tormenta perfecta sobre México podría alimentarse, además, de otros dichos y acciones de Trump, tanto cuando era candidato como ahora que es presidente electo. Desde 1979 cuando el candidato republicano Ronald Reagan se dedicó a atacar a la Unión Soviética, es la primera vez que otro aspirante a la Casa Blanca hizo campaña de manera activa contra los intereses de otro país. Al amenazar con acabar o renegociar el Tlcan, construir un muro en la frontera sur y deportar a millones de inmigrantes indocumentados, Donald Trump convirtió a México en uno de los asuntos centrales de su campaña. Y si bien su victoria electoral respondió a razones profundas, entre ellas el resentimiento de amplias capas de la sociedad estadounidense hacia la clase política y la elite de poder en Washington, es igualmente cierto que Trump recogió y exacerbó de manera abierta, explícita y franca un sentimiento antimexicano que de manera latente existía desde ya hace algunos años en un sector de la sociedad –blanco, protestante y xenófobo−, en particular en el medio rural y ciudades económicamente decadentes de la Unión Americana, como Detroit y Pittsburgh.
Al diseñar su campaña Trump decidió caracterizar la relación con México como antagónica con el interés nacional de Estados Unidos, convirtiendo una situación de interdependencia asimétrica entre países vecinos en una incompatibilidad de proyectos, como un juego de suma cero. En el arranque mismo del proceso electoral, el 16 de junio de 2015, en su Torre Trump, en Manhattan, el impredecible constructor multimillonario aseguró: “Cuando México nos manda a su gente, no manda a los mejores. Envía gente con montones de problemas, y nos traen esos problemas. Ellos traen drogas y crimen. Son violadores”.
Partiendo de esa caracterización de los 5,8 millones de mexicanos indocumentados que según cálculos del Pew Research Center −un think tank con sede en Washington DC− viven en Estados Unidos, el aspirante republicano pasó a proponer un remedio drástico: la construcción de un muro fronterizo cuyo costo sería sufragado por México, la deportación de los indocumentados y la derogación o renegociación del marco en el que funciona el comercio bilateral entre ambos países.
FACTOR MEXICANO. Con posterioridad, durante el primer debate que sostuvo con la candidata demócrata Hillary Clinton en setiembre de 2016, Trump afirmó que el Tlcan era “el peor tratado que se haya firmado alguna vez y, desde luego, el peor firmado por este país (Estados Unidos)”. Según él, China y México, con su mano de obra barata, se apropiaron de empleos que deberían haberse quedado en territorio estadounidense.
Al introducir en la arena política el “factor mexicano”, Trump explotó de manera demagógica su premisa de que millones de indocumentados nacidos en México no sólo eran asesinos, narcotraficantes y violadores –los “bad hombres”−, sino también ladrones de empleos de los verdaderos estadounidenses. Por extensión, los mexicanos que laboran en empresas estadounidenses que al amparo del Tlcan abrieron plantas en México también son culpables de la falta de empleo en regiones industriales deprimidas de Estados Unidos. De allí que, como recuerda el historiador Lorenzo Meyer, en los mitines de Trump se pudo escuchar el estribillo “build the wall, kill them all” (construyamos el muro y matémoslos a todos).
Debido a ese sentimiento no antilatino ni antichicano sino antimexicano, en campaña Trump se comprometió a que las plantas industriales que se habían trasladado a México −en particular las del ramo automotor− regresarían a Estados Unidos, so pena de imponerles un arancel de 35 por ciento a las unidades exportadas desde México. Y de consumarse ahora esa propuesta, sería un golpe mortal al proyecto neoliberal en que se embarcó México a partir de la decisión de Salinas de firmar el Tlcan en 1992.
Dos años después de la entrada en vigor del tratado, el intercambio comercial de México con Estados Unidos ascendió a 531 mil millones de dólares, a lo que se debe sumar alrededor de 60 millones de dólares anuales del rubro de servicios. El 80 por ciento de las exportaciones mexicanas de manufacturas se dirigen a Estados Unidos, y de allí recibe México 50,2 por ciento de sus importaciones. En conjunto, las tres grandes firmas automotrices estadounidenses, General Motors, Chrysler y Ford, son responsables de aproximadamente 9,3 por ciento del total de las exportaciones mexicanas. Y si se considera a las 20 empresas exportadoras más fuertes de México, la concentración queda así: diez firmas del sector automotor (a las tres mencionadas se suman las alemanas Daimler AG (Mercedes-Benz) y Volkswagen; las japonesas Nissan, Honda, Mazda y Toyota, y la mexicana Dina (fabricante de camiones Navistar y autobuses); cinco grandes maquiladoras, y cuatro compañías de insumos electrónicos, electrodomésticos, autopartes y metalurgia, además de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El hasta ahora verbalizado proteccionismo salvaje de Trump amenaza seriamente el modelo económico dependiente mexicano, dado que de consumarse las advertencias del nuevo mandatario, en el corto plazo el pasmado gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene ninguna posibilidad de diversificar la economía y abrir mercados, por lo que el daño sería muy significativo.
En función de los datos precedentes, el caso más obvio, pero no el único, es el de la industria automotriz, que ocupa hoy a más de 700 mil trabajadores mexicanos –desde autopartes hasta el ensamble final− que perciben salarios de entre 300 y 400 dólares mensuales. Esto sería inaceptable para los empleados de GM en Michigan, ya que perciben casi 30 dólares por hora trabajada, es decir que, dependiendo del tipo de cambio y de las horas extra, ganan hasta 30 veces más.
GENUFLEXIÓN. Una vez instalado en la presidencia, Trump sólo necesita invocar el artículo 2205 y Estados Unidos estaría fuera del tratado en seis meses, lo que sería catastrófico para la economía mexicana. Ante esa situación, que es el escenario más adverso para México, el debilitado Peña Nieto ha optado por una política de acercamiento no contencioso. Desde la bochornosa invitación a Trump en agosto, en repetidas ocasiones Peña ha intentado satisfacer las exigencias del magnate desplegando una estrategia de apaciguamiento, el otro extremo de la confrontación. Peña aceptó reabrir las negociaciones del Tlcan y ha limitado el debate acerca del “muro” a quién pagará por él, pero no ha manifestado que tal propuesta es inaceptable y constituye una afrenta más en la deteriorada relación bilateral.
Según The New York Times, Trump señaló hace pocos días que renegociaría el Tlcan y que el pago del muro fronterizo, cuya construcción iniciaría apenas arranque su administración, será parte de la negociación. Ha dicho también que el fundamento legal para levantar el “hermoso muro” está en la ley Sensenbrenner, aprobada por la Cámara de Representantes en 2005 para controlar la inmigración, el terrorismo y proteger la frontera.
El viernes 13 el equipo de transición de Trump inició conversaciones con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y con el Departamento del Interior para empezar la planeación del muro, parte del cual ya existe desde finales de los años ochenta en muchas partes de los 3.145 quilómetros de frontera con México. Según el vicepresidente electo, Mike Pence, “hay varias maneras” para que México pague el muro; se ha insinuado incluso que podría ser pagado con impuestos a las remesas que envían los mexicanos desde la Unión Americana.
Salvo el gobierno de Peña Nieto, en los círculos políticos, académicos y periodísticos de México son pocos quienes dudan de que Donald Trump cumplirá con sus amenazas. El nuevo presidente y su gabinete de militares halcones y empresarios y financieros multimillonarios que le acompañarán a partir de este 20 de enero son miembros o sirven a los intereses de la clase capitalista trasnacional que, ante la crisis de hegemonía y legitimidad del sistema, encarna −según William I Robinson− el fascismo del siglo XXI.
HALCONES. Con las designaciones de los generales James Mattis (Defensa), John Kelly (Seguridad Interior) y Michael Flynn (Seguridad Nacional), Trump le ha dado un aire marcial a su gobierno. A ellos se suman otros dos extremistas: el senador Jeff Sessions como procurador general y el representante Mike Pompeo en la Agencia Central de Inteligencia.
Ex jefe del Comando Sur del Pentágono hasta enero de 2016, John Kelly es un militar de línea dura que ha vinculado la amenaza del terrorismo con la guerra al narcotráfico y el control migratorio en la “vulnerable” frontera con México. En su audiencia ante el Senado para su ratificación como secretario de Seguridad Interior, ante la pregunta de cuáles serían sus prioridades en caso de ser confirmado, Kelly respondió: “Cerrar la frontera al movimiento ilegal de personas y cosas. Sin embargo, no podemos jugar a la defensiva. La seguridad de la frontera (de Estados Unidos) comienza 1.500 millas al sur del Río Grande (Bravo) en las junglas de América Latina, sube al istmo centroamericano y a la frontera de México y Guatemala, y de ahí a todo lo largo de México”.
Kelly hará mancuerna con Sessions, el legislador de Alabama más antinmigrante del Senado y una de las personas más influyentes en el pensamiento de Trump en cuanto a la necesidad de fortificar la frontera. A su vez, cabe mencionar que Flynn, ex director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, guarda poco respeto por las convenciones de Ginebra y defiende la práctica de la tortura, punto que comparte con Sessions y Pompeo, quien a su vez es defensor del campo de concentración de Guantánamo y partidario de programas de espionaje masivos.
Para colmo de males, el secretario de Estado será Rex Tillerson, presidente ejecutivo de Exxon-Mobil −la corporación que en sociedad con la francesa Total ganó el derecho de explotar el bloque dos de los yacimientos en aguas profundas del Golfo de México, en la llamada ronda 1.4 de Pemex−, y en Energía estará el ex gobernador texano Rick Perry, vinculado a la industria petrolera.
Además, Trump tendrá a tres “halcones proteccionistas” en materia comercial. Robert Lighthizer, el abogado designado como representante de Comercio de Estados Unidos, comparó durante años a los defensores del libre comercio con los políticos ingenuos. A Lighthizer lo acompañará el economista Peter Navarro, quien será miembro del nuevo Consejo Nacional de Comercio en la Casa Blanca. Navarro es otro partidario de la línea dura contra la “amenaza” china. A ambos se unirá Wilbur Ross, el inversionista multimillonario especializado en la reestructuración de compañías en problemas –es apodado “el rey de la bancarrota”−, quien ocupará la cartera de Comercio del gabinete trumpista.
Ese triunvirato fue elegido para cumplir con la promesa de campaña de una política comercial basada en “Estados Unidos primero”, y una de las primeras acciones de Ross y compañía será reestructurar el Tlcan, como lo ha hecho con tantas empresas a lo largo de su vida. De hecho Ross ha declarado que México tendrá que ceder en las negociaciones debido a la enorme dependencia comercial que tiene con Washington.
Convertir a México en el chivo expiatorio de su campaña dio grandes réditos a Trump. Pero con ese elenco de militares, petroleros y negociadores duros contra el libre comercio, el futuro parece más ominoso. Frente a ese panorama, y en un contexto de grave crisis política e institucional acentuada por las protestas sociales desatadas por el gasolinazo, Enrique Peña Nieto decidió designar a su “mil usos”, Luis Videgaray, como secretario de Relaciones Exteriores. Dijo que Videgaray regresaba al gabinete para “fortalecer vínculos bilaterales” con Estados Unidos.
El ex secretario de Hacienda, a quien se le atribuyen “poderes hipnóticos” sobre el presidente de México, fue el chivo expiatorio tras la irresponsable y torpe invitación a Trump para que se encontrara con Peña Nieto en Los Pinos en setiembre pasado. Responsable del actual desastre económico del país, Videgaray negoció la visita directamente con el yerno de Trump, Jared Kushner, quien ahora ha sido nombrado asesor especial del mandatario estadounidense. Vidagaray ha dicho que conoció a Kushner −casado con Ivanka, la hija más cercana a Trump−, a través del mundo de las finanzas, en Wall Street. En una entrevista con Televisa, Videgaray sostuvo que invitar a Trump fue una “decisión correcta, pero precipitada”, y calificó al ahora mandatario estadounidense, quien según encuestas de Cnn y The Washington Post-ABC será el presidente más impopular de la historia, como un “hombre negociador” y “extraordinariamente amable”.
Él y su jefe Peña Nieto piensan que su vínculo personal con Kushner les permitirá renegociar el Tlcan “a la mexicana”, entre bambalinas. Y para ello ya nombraron como nuevo embajador en Washington a Gerónimo Gutiérrez, quien se desempeñaba como director del Banco de Desarrollo de América del Norte, con sede en Texas y creado por el eslabón más fuerte del acuerdo trilateral para atender los temas del tratado.
Videgaray y Gutiérrez deberán coordinar al puñado de “asesores” colaboracionistas que han venido actuando por la parte “mexicana” en las cañerías del tratado al servicio de las grandes corporaciones, entre ellos, los tecnoburócratas Jaime Zabludovsky, Herminio Blanco y Luis de la Calle y los empresarios Armando Garza Sada (grupo Alfa), Claudio X González (Kimberly Clark México), Alejandro Ramírez (Cinépolis) y Valentín Diez Morodo (presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior).
Otras sorpresitas: ayer jueves Trump postuló como secretario de Agricultura al ex gobernador de Georgia Sonny Perdue, quien no sólo es partidario de abrir el comercio con Cuba sino que ya en 2010 encabezó una delegación de su estado para promover la venta de productos agrícolas en la isla. Perdue marcha al mismo gabinete en el cual hay anticomunistas fanáticos.
La hija de Trump, Ivanka, y su esposo Jared Kushner serán “asesores especiales” de la Casa Blanca, casi con el mismo rango que Steve Bannon. Kushner es judío, Ivanka se convirtió al judaísmo. Bannon es un adalid de alt-right, un cóctel de antisemitismo y supremacía blanca…
Si Carrier, Ford, Fiat-Chrysler y General Motors se han arrodillado ante las amenazas de quien ha sido calificado como autócrata, narcisista y hombre egocéntrico con una personalidad trastornada, que está convencido de que el único camino es el suyo, parece obvio que no habrá relación personal que lo haga desistir de sus promesas. Asimismo, dada la abismal asimetría entre las partes, de llevarse a cabo la renegociación del tratado, no hay duda de que se agudizará la dependencia de México.
