En Uruguay los inmuebles rurales comenzaron a empadronarse en 1912. La norma que ordenó la formación de la División Catastro tenía como objetivo dar «cumplimiento a los cometidos que el decreto del 19 de diciembre de 1831 confirió a la Comisión Topográfica». Pero los 81 años que pasaron hasta que por fin se emprendió la tarea de inventariar la propiedad del suelo no fueron precisamente de procrastinación. Entre una fecha y otra, la superficie de propiedad estatal pasó de ser el 80,4 por ciento del total a ser solamente el 15. Además, recién entonces, esta última cláusula pasó a significar lo que el lector y el periodista entienden al leerla. De eso se trata la Breve historia sobre la propiedad privada de la tierra en Uruguay, el nuevo libro de Nicolás Duffau.1
Comencemos con algunas precisiones. El de la propiedad de la tierra no es un tema nuevo para los historiadores uruguayos. El primer volumen de la colección de documentos para la historia económica del Uruguay, reunida por Juan Pivel Devoto, se llama, justamente, Tierras, 1734-1810. Antes de la dictadura, cuando en casi todas las tiendas políticas se formulaban proyectos de reforma agraria, la redistribución propuesta por el lejano reglamento de 1815 fue objeto de un enorme interés. La importancia de la producción agropecuaria para Uruguay convocó a la investigación acerca de su desarrollo, una tarea que no se habría podido llevar a cabo sin contar con elementos firmes que dieran cuenta de la evolución de la propiedad en el campo. Los cuestionamientos que el primer batllismo hizo al predominio del latifundio también alimentaron la curiosidad historiográfica sobre la materia. ¿Por qué valía la pena volver sobre el tema?
«Si bien la propiedad juega su rol en trabajos como Historia rural del Uruguay moderno, de José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, y en Después de Artigas, de Nelson de la Torre, Julio Rodríguez y Lucía Sala, se trata de enfoques en los que, en mi humilde opinión, no se le da suficiente relevancia a la propiedad como tal, a la propiedad como problema», respondió Duffau en una conversación con Brecha. Y explicó: «En Historia rural… el centro es el proceso de modernización; en Después de Artigas, la construcción de una antinomia entre poseedores y desposeídos; en Consecuencias sociales del alambramiento, de Raúl Jacob, se trata, justamente, de lo que establece su título. La propiedad sobrevuela en todas estas obras, pero no la propiedad como problema. Otra limitación que encontré en la historiografía de los sesenta y los setenta es que, de algún modo, asume que en el siglo XIX había una sola idea de propiedad, pero, cuando me puse a investigar, vi que ni había una única definición de propiedad ni una sola manera de poseer la tierra. Es decir, la propiedad no pasó a ser de un día para el otro individual, indivisa y heredable, y se acabó la discusión». La Breve historia… dialoga permanentemente con estos y otros antecedentes. Se nutre de ellos (además de hacerlo con una voluminosa y variada documentación). Sus tramos iniciales pueden sugerir, incluso, que se está apenas ante una actualización. El cambio de enfoque comienza a producirse, sin embargo, por obra de las escuetas y deferentes sentencias en las que el autor señala su distancia con el discurso historiográfico que lo precede.
El 15 de octubre de 1754 la monarquía dictó una real instrucción con el propósito de ordenar la propiedad en sus colonias agilizando los pesados mecanismos para adquirir o legalizar la posesión de la tierra. «Pivel Devoto elaboró un relato ordenado y que resulta prolijo sobre las ventas y composiciones de tierras realengas por parte de la Real Hacienda. En la sucesión de procedimientos explicada por Pivel no hay espacio para destacar conflictos, juicios, y la administración parece funcionar en forma correcta», escribe Duffau. Lo que narra la Breve historia… es otra cosa: «Un proceso de marchas y contramarchas en el que se aprueban normas que no se cumplen y se boicotean los planes del Estado», sintetizó el autor en la entrevista. En aquella ocasión y en muchas otras, los poseedores efectivos de la tierra mostraron poco interés en legalizar su situación, lo que naturalmente implicaba pagar por lo que tenían.
La investigación sobre el reglamento de tierras artiguista se hizo recién en los sesenta. El descubrimiento de su impacto, hasta entonces minimizado, fue deslumbrante y el contexto en el que se hizo fue propicio para inducir al anacronismo hasta al más advertido. En Bases económicas de la revolución artiguista, uno de los trabajos pioneros en este sentido, Barrán y Nahum comentaron, por ejemplo, que las «clases poseedoras no iban a perdonar durante mucho tiempo al caudillo la violación del derecho de propiedad privada que el reglamento significó». Duffau no niega que la medida le haya granjeado a José Artigas enemigos muy poderosos, pero observa que no exactamente por el motivo aludido. La propiedad privada «de código», «esa que hoy tenemos internalizada, entonces no existía»: «Lo que había era un conjunto superpuesto de nociones de propiedad. De hecho, la mayor parte de los poseedores carecían de títulos».
En Después de Artigas, De la Torre, Rodríguez y Sala insisten en que durante la ocupación lusobrasileña tuvo lugar «una contrarrevolución agraria», un «retroceso a las peores condiciones de propiedad de la tierra, propias del antiguo estatus colonial». También sobre este juicio la Breve historia… impone una relativización. «Es que no puede decirse que el Estado Cisplatino se constituyó a favor de una recuperación masiva de tierras. Es cierto que una buena parte de los donatarios artiguistas perdieron sus tierras durante la Provincia Cisplatina, pero otros lograron desarrollar estrategias que les permitieron retenerlas, entre ellas, negar su condición de donatarios, como hizo Hilario Pintos, un notorio artiguista de Tacuarembó. El gobernador Federico Lecor prefirió dejar las querellas sobre tierras en manos de los tribunales de justicia. Los lusobrasileños tuvieron una política muy cuidadosa en ese sentido: sabían que les era útil contar con figuras intermedias, como Pintos, pertenecientes a los sectores populares, pero con influencia local», explicó Duffau.
LOS MALDITOS
En definitiva, la propiedad privada tuvo menos aliados incondicionales de lo que parecía. La pesquisa de Duffau lo muestra también al reconstruir cómo se situaron frente a ella algunos personajes a quien nadie podría atribuir ideas socializantes. Lucas Obes, por ejemplo, fue uno de los que salieron a recibir bajo palio al invasor portugués. Era uno de los «cinco hermanos» a quienes se atribuía buena parte de las decisiones del primer gobierno de Fructuoso Rivera, sobre todo las más vidriosas. Al respecto, el historiador dijo: «El equipo de De la Torre, Rodríguez y Sala tiene una visión muy condenatoria de su actuación como fiscal de Hacienda. Pero cuando uno ve la documentación, encuentra una actitud muy medida, que busca sobre todo defender a quien efectivamente trabaja la tierra. Yendo muchas veces en contra de su propio círculo social, defiende a los poseedores humildes del apetito de los más poderosos, alegando que han construido ranchos y potreros, que han formado rodeos y que entonces no se los debe desalojar».
Andrés Lamas, por su parte, no se salva de ser recordado como el diplomático que, en representación del gobierno, firmó los tratados de octubre de 1851, por los cuales, en retribución al apoyo brasileño en la guerra contra Juan Manuel de Rosas, el Estado oriental cedió amplios territorios al imperio, autorizó su intervención en las cuestiones internas e, incluso, se obligó a devolver a los esclavos fugados hacia Uruguay. Sin embargo, en el debate decimonónico sobre la tenencia de la tierra, Lamas defendió la idea de una distribución equitativa. «¿Cómo queréis […] que le tenga amor al trabajo el hombre que no es dueño de nada de lo suyo?», argumentaba. Se oponía a que la tierra, «que es propiedad natural de todos», estuviera «destinada a ser la propiedad individual, y a perpetuidad, de unos pocos favorecidos de la fortuna». Por esto defendía que, en vez de vender sus tierras, el Estado las entregase «en porciones relativamente pequeñas», en régimen de enfiteusis. El término latino denominaba un sistema similar al arrendamiento, pero por un plazo muy largo y un precio sensiblemente inferior al que se habituaba para esas operaciones. Había sido aplicado entre 1825 y 1828, cuando la Provincia Oriental volvió a ser parte de las Provincias Unidas, pues era una política agraria impulsada por Buenos Aires, pero Lamas continuó defendiéndola hasta fines del siglo XIX.
Venancio Flores fue el caudillo que, a cambio del apoyo brasileño y argentino para derribar al gobierno electo, involucró al país en la desoladora guerra de Paraguay. Pero al hacerse del poder detuvo las ventas de la tierra del Estado y creó una comisión para determinar qué campos eran públicos y cuáles privados, ante la cual los privados debían presentar la documentación que comprobara la legitimidad de sus posesiones. «Eso causó una alarma muy grande, porque se pensó que el trabajo de la comisión iba a desembocar en alguna forma de redistribución de la tierra. Había unos cuantos simples poseedores, pero de 10 mil o 15 mil hectáreas. En cierto sentido, lo que hicieron los hacendados fue asaltar la comisión. Se introdujeron en ella para influir desde ahí. De hecho, esta reacción puede ser vista como un antecedente de la formación de la Asociación Rural del Uruguay [ARU], creada cuatro años después», observó Duffau.
MOJONES
Pero la enmienda más potente que el trabajo de Duffau les hace a las nociones habituales sobre la historia de la tierra refiere al período llamado modernización, que se abre con el golpe de Estado del coronel Lorenzo Latorre. La visión más divulgada es que, tras el militarismo, con su código rural, sus ferrocarriles y sus alambrados, la propiedad privada habría quedado definitivamente configurada. La Breve historia… ofrece buenos argumentos para pensar que las cosas fueron menos categóricas. Entre otros factores, porque ni siquiera los integrantes de la ARU terminaban de ponerse de acuerdo sobre el alcance de la noción de propiedad. Para Francisco Ros, agrimensor oficial de la ARU, los montes, que desde el período colonial se consideraban propiedad comunal y eran explotados libremente por los vecinos, deberían permanecer en manos del Estado. En cambio, para Domingo Ordoñana, seguramente el más connotado de los dirigentes ruralistas, los montes debían privatizarse.
Sin embargo, el mismo Ordoñana se opuso a una de las medidas claves del avance propietarista: la introducción de la medianería forzosa, que obligaba al propietario vecino de otro que alambrara su campo a pagar la mitad del cerco lindero. Para el dirigente ruralista, si bien «el cierre de la propiedad indica la solución de muchos problemas», no es una salida «moral», pues «llevará al desquicio y la ruina a las clases menos acomodadas». A su vez, en las páginas de la propia revista de la ARU, argumentaba: «Nos parece violento el pago de la medianería, cuando el vecino declara terminantemente que él no precisa el cerco. […] Mucho más cuando por ese mismo cerco ese vecino que vivía orillando el campo que se cerca se arruina si inmediatamente no vende sus animales porque su campo no tiene espacio para ganados». Revelaba con esto que no consideraba del todo ilegítima la práctica de poner animales a pastar en campo ajeno.
«La historiografía debería abandonar la idea de la modernización. Es cierto que durante el militarismo hubo un impulso capitalista, pero lo que se ve en el período es fundamentalmente coacción. En realidad, en el medio rural se advirtió la continuidad de algunas iniciativas que ya se venían llevando adelante, como el alambramiento. Y los conflictos por la tierra tampoco se terminaron con el militarismo. En algún caso se acentuaron. En realidad, estos explotaban cada vez que el Estado intentaba poner orden en la situación de la propiedad», dijo Duffau en conversación con el semanario. «El instrumento que subsanará todos esos errores que siembran tan abrumadoramente las semillas de litigio es el teodolito», escribió en 1867 el director de Obras Públicas, Alejandro Mackinon. Probablemente los agrimensores estuvieron en condiciones de percibir cuánto faltaba realmente para definir la propiedad.
La Breve historia… es también un esfuerzo de reconstruir lo que llama historia política de la agrimensura en el período. Con esto se termina de redondear un recorrido que comienza explicando las bases coloniales de la cuestión de la propiedad y de analizar su tratamiento como problema intelectual, la construcción jurídica que le fue dando forma y, finalmente, su resolución técnica por la agrimensura. «Traté de mostrar que los agrimensores fueron actores fundamentales en el proceso de privatización, actores políticos, porque a veces son militantes de los partidos, pero también porque son quienes, con su saber técnico, legitiman una decisión del Estado. Además –y esto quizá sucedía más antes que ahora–, su tarea tenía mucho de mediación entre vecinos. Los agrimensores son testigos de peso en los juicios sobre tierras y cuando delimitan, cuando definen que acá termina la tierra de un vecino y comienza la del otro, cumplen un papel muy importante, que es la construcción de esa idea de orden social», observó Duffau.
DE AQUELLOS POLVOS
La lechuza de Atenea levanta vuelo recién cuando anochece, escribió Hegel. El catastro fue posible solo cuando quedó claro que el Estado no reclamaría sus tierras. Lo que durante casi 80 años pareció irrealizable se completó en cuatro, lo que, de paso, muestra que en los últimos tiempos más de 15 mil propietarios venían eludiendo el pago de la contribución directa. Referir la distribución del suelo que mostró aquel relevamiento puede ser una de las maneras de evaluar el proceso que narra Duffau. En 1913, 50 mil familias explotaban campos de menos de 300 hectáreas y 393 disponían de estancias de 5 mil o más. Sin embargo, la Breve historia…, escribe su autor, «no es un argumento antipropietarista, pero sí parte de una convicción epistémica: en cualquier análisis histórico lo sagrado es profanado»: «Solo así podemos entender nuestras condiciones de existencia y las relaciones sociales, políticas y económicas en las que estamos insertos».
1. Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2022.
