Por lo menos por el momento, el presidente Emmanuel Macron y el gobierno de la primera ministra Élisabeth Borne se han salido con la suya: el proyecto de ley de reforma del sistema francés de jubilaciones ha quedado ratificado luego de que la Cámara de Diputados rechazara el lunes una moción de censura presentada por un grupo de legisladores centristas, en su mayoría exoficialistas, y respaldada por el conjunto de la oposición. Faltaron muy pocos votos (apenas nueve) para que el resultado se invirtiera, pero lo cierto es que la vía parlamentaria para frenar una reforma repudiada por la enorme mayoría de la sociedad ha quedado definitivamente clausurada. Solo queda la de la resistencia social, que algunos sectores se proponen intensificar.
Las manifestaciones callejeras más importantes de los últimos 30 años, en las que participaron millones y millones de personas a lo largo de toda Francia desde enero, no pudieron hasta ahora torcerle la mano a Macron. Tampoco sirvió para cambiar la situación la multiplicación de sondeos coincidentes que fueron dando cuenta de un rechazo social generalizado (de al menos el 70 por ciento de los encuestados) a una norma que lleva la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, y a los 67 para poder cobrar su monto total, que perjudica de modo notorio a los trabajadores más precarizados y que no impone casi ningún aporte adicional a los dueños del capital. Y fue también insuficiente la división que la iniciativa ocasionó en el propio macronismo y en Los Republicanos, el partido de derecha clásica que el oficialismo necesita para gobernar desde que perdiera su mayoría absoluta en el Poder Legislativo, en 2022.
JÚPITER
Ese debilitamiento de sus sostenes parlamentarios, que le hizo temer que su proyecto naufragara entre los diputados, fue lo que llevó al gobierno a recurrir la semana pasada a un artículo de la Constitución (el 49-3) que permite la adopción de una ley sin el voto del Congreso. Prácticamente no hay partido que desde la oposición no fustigue ese artículo como símbolo de autoritarismo y que llegado al gobierno no lo aplique cuando siente que sus apoyos tambalean. Desde que la Constitución cuasimonárquica de la V República fue promulgada, en 1958, hasta ahora el 49-3 fue activado 100 veces por jefes y jefas de gobierno gaullistas, de derecha, socialdemócratas.
Para dejar sin efecto una ley aprobada por medio de ese mecanismo, la oposición del momento debe presentar una moción de censura en las 24 horas que siguen a la adopción de la norma y lograr que la voten por lo menos la mitad más uno de los diputados. Si lo consigue, cae el gobierno (no el presidente) y cae la ley. Nunca ha habido en Francia una moción de censura victoriosa. Contra esta reforma de las jubilaciones el jueves pasado se presentaron dos, una por parte de la extrema derecha y otra por iniciativa de un grupo transversal de 91 diputados. El parlamento se pronunció sobre ambas el lunes 20: la de la Agrupación Nacional, el partido ultra liderado por Marine Le Pen, solo obtuvo 94 votos; la otra, la transversal, llegó a los 278. A esta última la apoyaron el conjunto de la oposición y 19 de los 61 diputados de Los Republicanos. Con nueve votos más, habría ganado.
Es cierto que todos los gobiernos, del signo que sean, han echado mano al 49-3, pero no siempre para aprobar proyectos de una envergadura similar a esta reforma jubilatoria, que de mantenerse en el tiempo afectará profundamente a varias generaciones y que tanto rechazo social levanta, dicen en la Fundación Jean Jaurès, un think tank progresista ligado al Partido Socialista. «Es el colmo que este gobierno haya estado a punto de caer por el voto de un puñado de representantes de la derecha, pero así están las cosas, Macron está perdiendo legitimidad incluso entre algunos que hasta ahora lo veían como el político más adecuado para impedir un eventual triunfo o, en todo caso, un ascenso notable de la izquierda», piensa François Ruffin, diputado de Francia Insumisa (FI), eje de la Nueva Unión Popular Ecologista y Social, una coalición todavía no consolidada de grupos y partidos que van desde los verdes hasta los comunistas, pasando por los socialistas y toda una serie de organizaciones sociales.
«La primera ministra y el presidente de la república ya no pueden ignorar este electrochoque. Hay fracturas en este país que tal vez no sean cicatrizables. ¿Hacia qué democracia estamos yendo? Emmanuel Macron no puede seguir jugando con fuego», dice por su lado Aurélien Pradié, uno de los republicanos disidentes a quien le molesta particularmente el estilo cada vez más autárquico del presidente. «Macron no puede seguir diciendo, como proclamó al comienzo de su primer quinquenio, que es Júpiter. De su autoritarismo, de su ceguera, salen favorecidos los extremos, de izquierda y de derecha.»
En las propias filas macronistas hay descontento con las actitudes del presidente, según declaraciones off the record de dirigentes de Renacimiento, el partido del presidente, recogidas por medios como el portal Mediapart y el diario Libération. «A veces va demasiado lejos en su toma de distancia con la gente» y en afirmaciones que «suenan mal en contextos como el actual», dijo uno. «Sonó mal», por ejemplo, que, poco después de haber recurrido al 49-3 para eludir la votación parlamentaria de la reforma jubilatoria y con los ecos todavía resonando de manifestaciones que habían reunido a más de 3 millones de personas en toda Francia, Macron dijera que «la multitud carece de legitimidad frente al pueblo que se expresa a través de sus representantes». «Dicho ahora, parece, al menos, torpe», afirmó ese liberal.
EL PRESIDENTE Y LA CALLE
La izquierda política y social –o en todo caso parte de la izquierda política y social– apuesta a la calle. A que «la moción de censura la formule y la vote la gente movilizada, que sea una moción de censura popular», según resumió el principal referente de FI, Jean-Luc Mélenchon. «Era tradición en el país que, cuando la calle se sublevaba contra algún plan de gobierno, alguna ley, el Ejecutivo de turno cedía. Uno de los signos que identifican a este gobierno como neoliberal es precisamente su desprecio mayúsculo por la gente, además, por supuesto, de gestionar en favor de los más ricos, en favor del capital, de los “primeros de la clase” y de avanzar en el desmantelamiento del Estado de bienestar a como dé lugar.»
Mélenchon recordó que en 2006 fue «la calle» la que logró que quedara sin efecto en los hechos una modalidad de contrato laboral de jóvenes que había sido adoptada por medio del 49-3, sin voto parlamentario. «Era algo importante, porque afectaba los ingresos, la calificación, la formación de amplias categorías de jóvenes, pero esto de las jubilaciones implica a muchísima más gente, porque la reforma está pensada para entrar en vigor en muy poco tiempo.»
La violencia cada vez más extrema, más habitual, más habitualmente extrema de la represión a las manifestaciones callejeras es otro rasgo de la «deriva neoliberal del gobierno de Macron», dicen militantes del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA), una formación postrotskista que tuvo su cuarto de hora años atrás y hoy está presente fundamentalmente en las movilizaciones sociales. En las redes sociales las denuncias sobre la violencia policial se acumulan, según consignó, entre otros, Libération el miércoles 22. Se habla de apaleos, de atropellamientos, hasta de casos de agresiones sexuales. También de detenciones masivas, incluso de adolescentes, según dijo el Sindicato de la Magistratura. La principal acusada es la Brav-M, la Brigada Motorizada de Represión de la Acción Violenta, un cuerpo de «vaqueros en moto», como algunos la llaman, cuya disolución reclama la izquierda.
QUE NONES
Todo el mundo esperaba la entrevista que el mediodía del miércoles concedería Macron a informativos televisivos. Se pensaba que podría tomar nota de las divisiones de la llamada «mayoría presidencial», de lo pírrica que aparece para tirios y troyanos su estrechísima victoria parlamentaria del lunes y de la masividad de las protestas. Se especulaba con que podría destituir a Borne o convocar a un referéndum de ratificación de la reforma jubilatoria. Un ex primer ministro de derecha, Édouard Philippe, le sugirió incluso al presidente que dejara sin efecto la nueva ley. Pero nada de eso pasó. Macron dijo que seguiría adelante con su reforma y defendió la gestión de su primera ministra. Sin matices. A las centrales sindicales (las ocho que existen en Francia, que en la resistencia a la reforma jubilatoria han mostrado un rarísimo frente unido), a las organizaciones sociales, a las formaciones de izquierda les pareció una nueva muestra de desprecio del presidente por «la gente de abajo» y una nueva provocación.
EL DEBATE
¿Hay margen aún para revertir la situación? La cuestión domina las discusiones entre quienes rechazan la reforma. Centrales sindicales como la Confederación General del Trabajo o Solidaires, partidos como FI, el Comunista, el NPA piensan que la única forma de lograrlo es intensificar las movilizaciones callejeras y, en paralelo, ocupar empresas de sectores clave de manera duradera. Fue con esa combinación que movilizaciones anteriores de una dimensión menor a las actuales resultaron exitosas, apuntan quienes defienden esta estrategia. Una publicación de derecha, L’Opinion, preguntó recientemente a allegados a Macron qué es lo que debería pasar para que el presidente cediera. Que París esté en llamas, dijo uno, o que haya una huelga general indefinida que provoque un cimbronazo económico y social.
De la misma opinión es Simon Duteil, delegado general de Solidaires (Mediapart, 15-III-23). «A Macron no le importa la calle. Tiene que haber muchos más huelguistas, y que las huelgas sean visibles, notorias», que al gobierno le duela, afirmó. «Las manifestaciones han sido enormes, pero es insuficiente, falta la otra pata, la de la huelga», dijo, y señaló que, con excepción de algunos sectores (el ferroviario, las refinerías, los servicios de recolección de basura de París y otras grandes ciudades, y ahora las facultades), el objetivo que se había fijado la intersindical de «paralizar Francia» no se ha concretado. Quienes están en esta línea toman como ejemplo a los basureros parisinos, en huelga desde el 6 de marzo. En la ciudad hay miles de toneladas de basura acumuladas y el movimiento continúa, a pesar de que el gobierno está amenazando con obligar a los trabajadores a abandonar la medida.
Pero hay trabajadores de sectores que figuran habitualmente entre los más activos que esta vez han faltado a la cita, como los del metro de París, cuya huelga indefinida, en 2019, fue clave para que un proyecto anterior de reforma jubilatoria fuera abandonado, bajo el primer quinquenio de Macron. La situación económica de las capas populares ha empeorado respecto a años precedentes, la inflación es más alta que nunca y la capacidad de aguante no es tan grande como en otras épocas, explican sindicalistas de esos sectores. No es fácil, apuntan, para quienes ganan salarios que superan en poco el mínimo, resistirse a aceptar dádivas ofrecidas por la patronal, como primas de presentismo para los no huelguistas. «Las patronales y el gobierno nos quieren dividir, y hay, en paralelo, una acentuación de la represión y una degradación de la situación general de la gente que conspira contra la permanencia en el tiempo de las movilizaciones», dicen en el gremio del metro capitalino.
En las facultades de la región de París, activas en el rechazo a la reforma, se ha impuesto un retorno a la virtualidad para impedir que sean ocupadas y que los estudiantes se junten. Aquello que se presentaba como una herramienta para combatir una pandemia ahora se utiliza para romper huelgas.
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Paradójicamente, el recurso al 49-3 ha galvanizado a los más resistentes e indignado a los que dudaban sobre la pertinencia de profundizar las movilizaciones. Desde el jueves se han multiplicado las «protestas salvajes», que reúnen por las noches a varios miles de manifestantes y que terminan de manera invariable en enfrentamientos con la Policía. Y para ayer, jueves, estaba prevista una nueva «gran jornada» de rechazo a la reforma, la novena en algo más de dos meses. En los próximos días se verá si «la multitud» se radicaliza o si, poco a poco, el movimiento comienza a desinflarse.
