“La investigación sobre la corrupción de Petrobras cambiará el país para siempre.” Dilma Rousseff no sabía lo que se le venía encima cuando pronunció estas palabras durante la última cumbre del G 20, en Australia. Le faltaban dos semanas para ganar sus segundas elecciones y con esta frase quiso demostrar que no le asustaban las acusaciones del candidato de la oposición, el socialdemócrata Aécio Neves.
Petrobras fue el telón de fondo de una de las campañas electorales más agresivas y con resultados más ajustados de los últimos 40 años. En ese entonces el Partido de los Trabajadores todavía no estaba entre los principales implicados. El candidato Neves centraba sus ataques en Dilma, de quien decía que conocía el esquema de corrupción de la mayor empresa de América Latina, pero sus acusaciones se basaban en especulaciones. “Nosotros no conservamos la mugre en el cajón, la sacamos y la investigamos, también será así con Petrobras”, le respondía Rousseff en cada debate televisivo.
La seguridad que tuvo durante la campaña no la ha mantenido después. Muchas de sus promesas electorales tampoco. Sin embargo, las investigaciones sí han seguido su curso y la presidenta no ha hecho nada para impedirlas. Todo lo contrario. De este modo, el 1 de enero, el día que asumió su nueva gestión, Rousseff estaba empantanada en el que ya se conoce como mayor escándalo de corrupción de la historia brasileña: la operación Lava Jato.
LOS ORÍGENES. Las investigaciones comenzaron en el estado de Paraná mucho antes de las elecciones. En un principio la Policía Federal y el Ministerio Público buscaban pruebas de un esquema de lavado de dinero llevado a cabo por el cambista y blanqueador Alberto Yousseff, quien ya había estado preso por el mismo crimen. Rápidamente encontraron negocios entre Yousseff y Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de Petrobras. El 17 de marzo de 2014 Yousseff era detenido y tres días después Costa seguía el mismo camino. A partir de ese momento ambos han narrado paso por paso en qué consistía el esquema de desvío de dinero público. Cada mes surgen nuevos implicados, que a su vez delatan a otros, desenmarañando una operación compleja y enraizada desde hace al menos 15 años.
Políticos, funcionarios públicos, las principales constructoras del país y diversos cambistas formarían la organización criminal Lava Jato, sospechosa de lavar alrededor de 10 billones de reales. Las nueve empresas de construcción implicadas (Camargo Corrêa, Oas, Utc-Constram, Odebrecht, Mendes Júnior, Engevix, Queiroz Galvão, Iesa Óleo & Gás y Galvão Engenharia), conocidas como “El club”, se distribuían entre ellas los contratos con diversas empresas públicas, especialmente con Petrobras, mediante el pago de jugosas “propinas”, es decir, desvío de dinero público que era pasado a diversos partidos políticos. Según la Policía Federal, Alberto Yousseff era el operador financiero del esquema (quien recogía el dinero) y Paulo Roberto Costa el operador político que repartía los fondos entre los funcionarios públicos y los partidos. El dinero salía de las constructoras y pasaba por unas “consultoras” que lo lavaban y lo derivaban a los políticos.
Hasta el momento se sabe que los principales partidos beneficiados han sido el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb, principal aliado del gobierno) y el Partido Progresista (PP). A su vez el Partido Socialista Brasileño (Psb) y su ex presidente, el fallecido Eduardo Campos, habría recibido alrededor de 20 millones de reales para su campaña de reelección de 2010 en Pernambuco. El Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb), principal opositor del gobierno, se habría llevado –en manos del también fallecido Sergio Guerra– alrededor de 10 millones de reales a cambio de no investigar las primeras denuncias sobre la corrupción de Petrobras. Todos ellos niegan su participación en esta gigantesca trama.
AMENAZAS DE IMPEACHMENT. Lava Jato se ha convertido en la principal piedra de un camino que ya acumulaba varios obstáculos para la recién electa presidenta. El día que tomó posesión de su cargo por segunda vez aseguró que iba “a defender a la empresa estatal de los predadores internos y de los enemigos externos”. Para entonces ya sabía que su mano derecha, la ex ministra de la Casa Civil Gleisi Hoffmann, había sido acusada de recibir dinero para su campaña en el Senado, y que el ex ministro Antonio Palocci también era mencionado como receptor de 2 millones de reales para la campaña de la propia Rousseff.
En enero Petrobras ya había cancelado sus negocios con más de 23 empresas privadas, y se sumaban 39 personas presas, entre funcionarios y ejecutivos de las constructoras. Otros cinco directores de diversas áreas de la petrolera también habían sido acusados.
De una lista de 2 mil funcionarios públicos a investigar, 150 ya han sido llamados a declarar.
Si enero fue un mes negro para Dilma, febrero ha empezado todavía peor. El día 4 la presidenta de la estatal petrolera, Graça Foster, presionada por los resultados de las investigaciones, dimite de su cargo. Al día siguiente el tesorero del PT, João Vaccari, acusado de acumular más de 200 millones de reales para su partido y otro pico para su cuenta personal, es llevado a declarar por la Policía Federal. El viernes 6 Rousseff anuncia la designación del nuevo presidente de Petrobras: Aldemir Bendine, ex presidente del Banco de Brasil, poseedor de un perfil más político y menos de mercado, provocando las críticas del mercado financiero internacional y una nueva caída de las acciones de la petrolera estatal.
A medida que se descubren nuevas implicaciones del PT en la organización Lava Jato, las amenazas de impeachment contra la presidenta en el parlamento aumentan. En realidad desde que Rousseff ganó las elecciones por una ajustada victoria, este término jurídico se ha repetido hasta la saciedad. En el mes de noviembre unos 10 mil manifestantes marcharon en San Pablo, apoyados por el candidato perdedor Aécio Neves, pidiendo este “golpe” a la presidenta.
Pero lo que parecía una jugada más vinculada con la ignorancia y con el fervor generado tras unos comicios muy agresivos, hoy parece cobrar fuerza. El propio ex presidente Fernando Henrique Cardoso (Psdb) reclamó a su abogado que contactara con el jurista Yves Gandra Martins para fundamentar un eventual proceso de impeachment con base no en los crímenes de la presidenta, porque no existen esas pruebas, sino en su supuesta responsabilidad en los crímenes de otros. El periodista Ricardo Kotscho advierte de una “versión brasileña del golpe paraguayo” que derrocó a Fernando Lugo en 2012, y recuerda que Gandra es un abogado vinculado al Comando Caza Comunistas que apoyó el golpe brasileño de 1964 contra João Goulart.
La presidenta no responde ante las amenazas, tampoco da explicaciones, y le quedan pocos apoyos. A pesar de haber intentado contentar a la derecha con un equipo económico proclive a los deseos del mercado y de anunciar políticas de recorte del gasto público calcadas de las que predicara la oposición, Rousseff no ha podido conquistarlos. A la vez su giro a la derecha ha enfadado mucho a los sectores que confiaron en sus promesas “de izquierda”. La elección de ministros como Katia Abreu en Agricultura (conocida como la “reina del agronegocio”) o de Gilberto Kassab en la cartera de Ciudades (uno de los ex alcaldes de San Pablo más desprestigiados y corruptos) ha enfurecido también a los propios afiliados y compañeros del PT.
El clima de tensión dentro del propio partido se sintió el pasado fin de semana cuando la formación oficialista celebraba sus 35 años de fundación, y el presidente uruguayo José Mujica aparecía como estrella invitada. El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió las decisiones económicas de Dilma con una frase que se pretendía terminante: “No hay otro camino posible”. Pero los sindicatos no aceptaron esta justificación y pidieron un nuevo diálogo entre Rousseff y los movimientos sociales, otra promesa que todavía no se ha cumplido. Lula rechazó todas las acusaciones relacionadas con el escándalo de Lava Jato y cerró el acto anunciando su candidatura para 2018 en un intento de hacer borrón y cuenta nueva con el pasado y con un futuro inmediato que pinta muy oscuro para el partido.
EL VALOR DE PETROBRAS. Si Lava Jato ha vuelto a colocar al PT en el punto de mira en materia de corrupción, la prensa “grande”, siempre alineada con la derecha más conservadora, también colabora en el hundimiento del partido. La semana pasada el periodista Luis Nassiff denunciaba el envío de un mail de la directora de la Central de Globo de Periodismo, Silvia Faria, en el que advertía a sus redactores que eliminaran las partes en las que aparecía el nombre de Fernando Henrique Cardoso vinculado a la operación Lava Jato.
El diputado del izquierdista Psol Jean Wyllys hacía la misma advertencia: “Está claro que hay que investigar la corrupción en Petrobras durante los gobiernos petistas, pero también durante la etapa tucana. Los medios seleccionan la información relativa a la corrupción del PT y obvian la de los otros partidos”. Wyllys también destacaba cómo este escándalo debía servir para reflexionar sobre la financiación privada de las campañas electorales: “El desvío de dinero iba directo a los cofres para financiar campañas. Lava Jato es el símbolo de la corrupción en Brasil entre el sistema privado y el público, es urgente pensar en una reforma de la financiación de los partidos políticos”, apuntaba el dirigente izquierdista,
La otra gran víctima de la prensa está siendo la propia compañía, que es presentada como una empresa arruinada. La Federación Única de Petroleros (Fup) fue la primera en quejarse del maltrato mediático: “Estamos viendo cómo intentan desprestigiar a Petrobras, esconder sus éxitos para disminuirla ante los inversores privados”, dicen los sindicalistas en una carta publicada en el portal Carta Maior.
Desde la Fup recuerdan que en los últimos 12 años las inversiones que hizo condujeron a que la empresa se volviera autosuficiente y cosechara éxitos tecnológicos como el descubrimiento de los yacimientos petroleros del pre-sal. En 2002 su valor en el mercado era de 15 billones de dólares y ahora alcanza los 110 billones, nueve veces más. A finales del año pasado la producción de Petrobras fue superior a la de la estadounidense Exxon Mobil, con una cifra de 150 mil barriles por día, convirtiéndose en la mayor productora de petróleo del mundo entre las empresas de capital abierto.
La prensa, sin embargo, insiste en la caída de las acciones de Petrobras en las bolsas extranjeras y evita hablar de la crisis internacional de la Opep y de la nueva guerra de precios del petróleo marcada por Arabia Saudita, que ha dejado a países como Irán, Rusia y Venezuela en serios problemas (véase nota de Andrés Alsina, Brecha 29-I-15).
El papel geopolítico de Brasil en el sector petrolero es difícil de poner en duda. Pero Petrobras es todavía más importante a nivel nacional, al generar el 13 por ciento del producto bruto interno del país y el 20 por ciento de las inversiones realizadas en Brasil. Las 23 empresas que están marcadas por Lava Jato suman el 14 por ciento de los empleos formales totales en el gigante latinoamericano. Si estas constructoras se mantienen imposibilitadas de ofrecer productos a Petrobras y de participar en obras públicas, el desempleo será una de las primeras consecuencias.
La izquierda reivindica el papel social y simbólico de esta gran empresa: “Petrobras es y será, con todos sus problemas, un instrumento fundamental para el desarrollo del país, su valor es inconmensurable”, subraya por ejemplo el periodista Mauro Santayana. Dilma Rousseff tiene por delante la difícil tarea de castigar a los corruptos sin dañar a la empresa, y salvar a su partido de una oposición sedienta de poder y con mayoría en el Congreso.
