A casi dos años de instalado el régimen autoritario de Dina Boluarte, aliada del fujimorismo y los partidos que perdieron las últimas elecciones, los sobrevivientes y los familiares de los 50 asesinados en la represión letal de protestas antigubernamentales siguen exigiendo justicia en la capital de Perú. Las masacres ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 en ocho regiones, seis de ellas andinas. La mayoría de las víctimas son indígenas y hablan quechua o aimara. Mientras el gobierno aprueba más leyes proimpunidad y asciende a policías investigados por las ejecuciones extrajudiciales, los afectados por la violencia estatal dan testimonio de sus objetivos truncados por las lesiones físicas y luchan para que los responsables sean sancionados.
Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022, luego de un frustrado autogolpe de Estado de Pedro Castillo, arrinconado por el Congreso de mayoría fujimorista que casi tenía los votos necesarios para vacarlo del cargo. El pacto de la entonces vicepresidenta de Castillo con los políticos de derecha fue rechazado por las protestas que empezaron a los pocos días en el departamento de Apurímac, una de las regiones donde Castillo tuvo más electores y, también, lugar de nacimiento de Boluarte. Las movilizaciones continuaron hasta 2023, en otras regiones y en Lima, en rechazo a los asesinatos cometidos por el Ejército y la Policía Nacional contra manifestantes desarmados, un paramédico y transeúntes.
Los muros proimpunidad
Las investigaciones fiscales fueron bloqueadas en 2023 por la entonces fiscal general Patricia Benavides, quien quitó las carpetas a los fiscales que realizaban las pesquisas en los distritos donde ocurrieron los hechos y se las entregó a un grupo de fiscales de su confianza en Lima. Benavides fue destituida del cargo por corrupción y las investigaciones avanzaron, sin embargo, no hay ningún agente de las fuerzas del orden preso. Solo un policía, investigado por el asesinato del estudiante Rosalino Flórez en las protestas en Cusco, en enero de 2022, tiene orden de detención, pero está prófugo. Además, en setiembre, el régimen aprobó una norma que entrega la conducción de las investigaciones a la Policía, quitándosela al Ministerio Público.
Un pacto silencioso entre Boluarte y la Policía ha habilitado a los agentes a no colaborar con las investigaciones fiscales. La presidenta peruana está bajo nueve investigaciones fiscales, por las masacres y por corrupción, y en una de ellas su hermano Nicanor está involucrado. En mayo, colocó como ministro del Interior a Juan José Santiváñez, un abogado de policías investigados por crimen organizado y violaciones de derechos humanos. Este funcionario tenía como agenda principal guardar las espaldas de los hermanos Boluarte. Desde la semana pasada, Nicanor Boluarte está prófugo y la Policía no lo busca.
Antes de ser ministro, Santiváñez fue abogado del coronel de la Policía Edson Cerrón en las diligencias de la investigación fiscal por el asesinato del ya mencionado estudiante Rosalino Flórez, de 22 años, en Cusco; en noviembre, con la firma de Santiváñez, Cerrón ascendió a general.
Además, un informe difundido esta semana por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, reporta que el actual régimen ha modificado los tipos penales para criminalizar la protesta. El informe titulado Justicia Mordaza indica, además, que los principales voceros y autoridades de la coalición gobernante han implantado en su discurso público, dentro y fuera del país, la idea de que las manifestaciones ciudadanas están ligadas al terrorismo. En los días previos al foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), celebrado la semana pasada en Lima, el vocero presidencial dijo que quienes participen en manifestaciones en esos días serían considerados «traidores a la patria».
Otro factor en contra del avance de las investigaciones fiscales y de la no reparación a las víctimas de las masacres de 2022 y 2023 es la inacción de la Defensoría del Pueblo en asuntos de derechos humanos. El actual defensor, nombrado en mayo de 2023 por el Congreso, es un actor más de un régimen que ha cooptado la mayoría de las instituciones antes autónomas.
El testimonio y la caminata
Frente a esos obstáculos, para buscar justicia los sobrevivientes de las masacres y los deudos de los 50 asesinados solo tienen la palabra –en pancartas y megáfonos–, los retratos de sus seres queridos, y las marchas y los plantones en sus ciudades y en la capital.
En paralelo, y desde fines de setiembre, transportistas y comerciantes han hecho cuatro paros en Lima y otras regiones en rechazo al gobierno por su inacción ante el aumento de los asesinatos cometidos por extorsionadores. También exigieron la derogación de las leyes que, al buscar la impunidad para políticos investigados por organización criminal, lavado de activos o corrupción de funcionarios, han beneficiado al crimen organizado común. El paro más reciente fue convocado durante el foro APEC en Lima, a mediados de noviembre, y participaron decenas de familiares de víctimas y sobrevivientes de las masacres de 2022 y 2023. La Policía los reprimió con empujones, golpes y gas lacrimógeno, tanto en los alrededores del Congreso como a unos 200 metros de la sede del evento, en el que participaban Joe Biden y Xi Jinping. Los policías hicieron casi una decena de detenciones arbitrarias en Lima y, en Arequipa, hirieron a manifestantes con armas de fuego.
Varios heridos que no habían participado antes en las vigilias y las marchas en Lima porque estaban postrados debido a las lesiones sí han estado en octubre y noviembre en la capital para exigir justicia y reparación. Algunos manifestantes que han sido torturados están bajo investigación fiscal, como Donato Nuñonca.
Los civiles heridos por la Policía y el Ejército en las movilizaciones antigubernamentales de 2022-2023 son más de 800 según las cifras oficiales, pero podrían ser más. Muchas víctimas no acudieron a los hospitales en esos días porque la Policía entraba para obligar a los heridos a firmar papeles en blanco o a autoincriminarse por delitos que no habían cometido. Otros no volvieron a buscar atención médica porque el personal de salud los hostigó por participar en las protestas y por ser indígenas o campesinos. En una audiencia organizada en octubre, en Lima, por Amnistía Internacional, titulada Racismo y Represión, algunos sobrevivientes contaron que no pueden dormir más de dos horas y están traumados porque creen que puede volver a ocurrir la violencia de los disparos.
Diego Quispe Livise, de 34 años, es un sobreviviente de la masacre cometida por la Policía el 9 de enero en los alrededores del aeropuerto y en el centro de la ciudad de Juliaca, Puno, región ubicada en la frontera con Bolivia. Ese día fueron asesinados 17 civiles. Quispe vive con más de 100 restos de perdigones de metal en el cuerpo.
En la audiencia relató que ese día pasaba cerca del aeropuerto cuando iba a buscar un transporte para volver a San Gabán, donde vivía entonces. «El 9 de enero se cruzó una tragedia en mi camino, yo tenía una meta para prosperar, pero la vida se me truncó por un momento. Y no solo la mía, muchos de mis hermanos actualmente se encuentran postrados en cama, han perdido su trabajo, algunos tienen problemas familiares porque los que sobrevivimos a esta tragedia ya no podemos trabajar», dijo Quispe. «Los policías nos dispararon a los que pasábamos, sin diferenciar [si participábamos en la protesta]. Son más de 100 perdigones de metal que tienen ranuras, por eso es muy difícil que los extraigan, me toca vivir con todo esto hasta donde Dios me dé la vida, no hay de otra que seguir luchando así», añadió.
Quispe, pese a que siente más malestar cuando hay sol o aumenta la temperatura, fue uno de los que sostenía, por varias horas en las caminatas del paro contra APEC, una gran banderola de la Organización Nacional de Mártires y Víctimas de las protestas 2022-2023 contra Dina Boluarte. Lo acompañaba al otro lado de la pancarta Reyder Hinostroza, a quien el Ejército le destrozó el muslo en la masacre de Huamanga, Ayacucho. Hinostroza era transportista y no participaba en las manifestaciones, pero ese día estaba con otras personas ayudando a cargar a un herido hacia una ambulancia. En ese momento le dispararon. Actualmente es el vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la masacre del 15 de diciembre de 2022.
«A veces sonrío por fuera, pero por dentro me encuentro más destrozado. En mi casa soy bastante aburrido, pero en cualquier actividad de la asociación vengo a sonreír y a curarme de todas estas emociones. En el brazo izquierdo tengo 46 balines, en el derecho son nueve a la altura de la muñeca. Todo esto resistí para contarles a los jóvenes qué pasó, qué nos hizo este gobierno, y seguiremos contando hasta el día que el destino nos acompañe», dijo Quispe.
Nacido en Azángaro, en Puno, subrayó que volverán a la capital «hasta que paguen todos por lo que han hecho: desde los altos mandos hasta el último policía que estuvo ahí. El gobierno ha hecho esto con nosotros: “¿Eres de una región del sur o altoandina? Tú tienes menos derecho para protestar y mereces que te metamos una bala”. Hay una discriminación racial que hizo este gobierno y todos sus ministros», denunció.
La persecución de la protesta
El ciudadano del departamento de Apurímac Donato Nuñonca relató en la audiencia Racismo y Represión que, luego de las masacres de diciembre a enero, los apurimeños quisieron protestar «en el propio pueblo de Dina, la presidenta, porque ahí están sus familiares». «Decidimos salir de nuestra provincia de Andahuaylas para protestar en Aymaraes», detalló.
El 9 de febrero de 2023 subieron a un camión y cuando llegaron a una zona de la carretera llamada Siete Curvas estaba cerrada y bloqueada por otras personas, y se formó una fila larga de vehículos que no podían avanzar. «Éramos varios amigos y bajamos del camión a ver, hemos caminado y en eso escuchamos un disparo en la carretera, en un cerro, en una pampa había enfrentamientos, no sabíamos quiénes eran. Al ver eso, hemos dicho “vámonos”, pero nuestro camión estaba lejos, casi en la última fila, y estábamos esperando a algunos de nuestros compañeros que no volvían. Justo en eso, de un momento a otro empiezan a disparar, taa, taa, taa, nos meten bala al camión en el que veníamos y a otros dos. A uno de nuestros compañeros le quitaron la vida, a un metro de mí», recuerda Nuñonca.
Según su relato, los policías les gritaron que abrieran la puerta del camión, pero como estaba dura no pudieron hacerlo de inmediato. «Nos han dicho “¡terrucos de mierda, abran, carajo; bajen terrucos de mierda!”», agrega el apurimeño víctima de tortura. Terruco es un peruanismo usado desde el período 1980-2000 para aludir a los miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso, una agrupación cuya cúpula fue detenida y encarcelada en 1992.
Nuñonca añade que bajaron traumados por el asesinato a balazos que presenciaron, y que un policía le pidió sacar el pasador [los cordones] de su calzado: con eso le amarraron una mano por atrás de la espalda. «En eso empezó la masacre, el golpe. Me dijeron que me echara al suelo y, cuando estaba haciéndolo, jalaron mi pie para que me cayera, porque mi mano estaba atada. Empezó a llover y a granizar. Hemos estado tirados en la carretera desde las 2 o 3 hasta las 5 o 6 de la tarde.» Cuando los llevaron en la noche a la comisaría, las manchas de sangre de los golpes que la Policía les infligió ya no estaban en sus ropas: la lluvia las había limpiado.
«Muchos de mis compañeros están maltratados psicológica y físicamente: a mí me dejaron la nariz hacia un lado. Esa ropa se ha secado en nuestro propio cuerpo, estábamos sin comer. Durante los golpes algo nos han sembrado en las manos y a quien hablaba seguía golpe tras golpe», describió en la audiencia.
Por esos hechos, en los que no cometió ningún delito y fue víctima de un exceso de la fuerza policial, Nuñonca está bajo investigación fiscal junto con otras 40 personas. «Esto hasta ahora no se sabe, porque no hemos podido salir a hablar, porque la Justicia está privándonos de nuestros derechos. Los policías nos tildan de terrucos y la Justicia está a favor de los asesinos, pero en contra de nosotros», cuestionó.
