En los días inmediatos a la masacre las reacciones en el mundo entero fueron de enorme sorpresa y disgusto, y en la propia Sudáfrica se levantaron voces de indignación por la similitud de los métodos utilizados por la policía bajo un gobierno del Congreso Nacional Africano (cna) con los padecidos por sus propios integrantes durante varias décadas. La respuesta del gobierno a pocos días de ocurridos los hechos fue la creación de una comisión investigadora que tiene hasta fin de año para expedirse. Sus términos de referencia incluyen investigar el comportamiento de la mina de platino Lonmin así como el de la policía y los dos sindicatos enfrentados en el conflicto, además de varios departamentos del gobierno e individuos.
La indignación fue seguida por un retorno a la realidad cotidiana en la que la violencia continúa como marca de identidad. Tanto, que las noticias sobre hechos violentos sólo llegan a la pantalla o a los titulares cuando desbordan lo que los medios, e incluso la población, han incorporado como niveles “normales”. Las estadísticas de criminalidad de la policía dan cuenta de que entre 2011 y 2012 fueron asesinadas 15.609 personas, más de 40 por día. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que 60 mil mujeres y niños son víctimas de violencia doméstica cada mes.
Lo que Marikana marcó es la evidencia de la continuación del uso de la fuerza policial, llevada hasta sus extremos, para proteger grandes intereses económicos. A pocos días de la matanza, el 6 de setiembre, diversas organizaciones sociales emitieron una “Demanda por justicia y verdad” en la que analizaron las posibles causas de lo ocurrido y las responsabilidades tanto del Estado como de la compañía minera y la Cámara de las Minas en general, e hicieron un llamado en defensa de la democracia, condenando toda forma de violencia.
Según plantean, la masacre se inscribe en un marco de creciente violencia y apartamiento de la legalidad por parte de la policía, caracterizado por un uso excesivo de la fuerza, falta de capacitación para responder a movilizaciones de descontento, y en consecuencia un aumento de las agresiones hacia los sectores más pobres. También mencionaron la creciente tensión en las relaciones laborales, que ha resultado en un aumento de los conflictos con incidentes violentos en un contexto de bajos salarios y pésimas y peligrosas condiciones de trabajo en las minas, en particular las de platino.
IMPUNIDAD. La declaración es parte de una respuesta de varios sectores de la sociedad a lo que entienden ha sido la falta de castigo a los abusos corporativos en el sector minero, no muy distanciados de los practicados durante el apartheid. En oposición a esos métodos surgió en 1982 la Unión Nacional de Trabajadores Mineros (num). Su primer secretario general fue Cyril Ramphosa, uno de los principales líderes del cna, actual integrante del ejecutivo partidario y con aspiraciones electorales.
Pero Ramaphosa, uno de los hombres más ricos de Sudáfrica, es también miembro de la Junta Directiva de la minera Lonmin y subcontratista a través de su propia empresa Shanduka. Su nombre está estos días en la palestra de la comisión investigadora a raíz de un correo electrónico que él habría enviado el 15 de agosto –día previo a la matanza– indicando que la actitud de los mineros no podía ser considerada de carácter sindical sino criminal. Esta circunstancia da cuenta de lo que Verne Harris, de la Fundación Nelson Mandela, llama la “seducción del capital” de varios de los líderes históricos del cna, que tuvo como consecuencia la continuación de las enormes desigualdades en Sudáfrica.
ASIMILACIÓN. En los primeros años posteriores al fin del apartheid comenzó a operar lo que en Sudáfrica es conocido como “culture of entitlement”, es decir una cultura que reclama por lo que entiende son derechos. Esto se expresó en que el cna, desde que asumió el poder, nunca cuestionó el modelo de vida y las formas de organización productiva impuestos por los blancos, sino que buscó ampliar el número de quienes podrían beneficiarse de ese modelo. El problema por lo tanto no eran las enormes residencias, las piscinas y canchas de tenis como parte integral de los jardines, los varios autos por familia, las ganancias necesarias para sostener tales niveles de vida y consumo. El problema era que los negros no accedían a ellos. Como resultado de la lucha contra el apartheid no se pasó a la construcción de una sociedad equitativa sino que un sector minoritario de la población negra, en gran parte asociado al poder político, entendió que había llegado su hora de vivir como antes sólo lo podían hacer los blancos. A casi 20 años del fin del apartheid el país continúa siendo uno de los más desiguales del mundo.
La huelga de los mineros en Marikana buscaba aumentar el salario de un promedio de 518 dólares por mes a 1.450. Luego de todos los incidentes lograron un aumento del 22 por ciento además de una entrega por una única vez de 2 mil rands como ayuda para cubrir sus costos por el período que estuvieron en huelga. El sueldo del presidente de la República, Jacob Zuma, es de 300 mil dólares anuales, más alto que el del primer ministro británico y el presidente francés, según se encargó de destacar un diario local sudafricano. Cyril Ramphosa, como presidente de la Junta Directiva de mtn (una de las dos principales compañías de teléfonos celulares) cobra 210 mil dólares por año, y esto es apenas una pequeña parte de sus ingresos totales, teniendo en cuenta la variedad de empresas y negocios en los que participa.
Pero en mtn los “paquetes” anuales de sus directivos están muy por encima de estas sumas. El mayor sueldo en mtn es de 6,5 millones de dólares. Varios de los que reciben estos salarios son parte de la nueva clase negra multimillonaria resultado de la política conocida como bbe (empoderamiento económico negro) promovida a partir del gobierno de Thabo Mbeki. La justificación para tal política fue la vieja teoría del derrame. Los índices de desigualdad, la violencia en los conflictos sindicales y las puras cifras muestran que la torta no ha llegado aún a repartirse.
DESIGUALDAD Y VIOLENCIA. El martes 30 se presentaron los datos del censo de 2011, mostrando una población de 51,8 millones de habitantes. Hubo avances en cuanto al acceso a los servicios aun cuando quedan amplios sectores de la población, en general negra, no cubiertos. A modo de ejemplo, un 57 por ciento de la población cuenta hoy con saneamiento, un 8,8 por ciento no tiene acceso aún al agua potable, la electricidad alcanza al 84 por ciento de la población y la recolección municipal de residuos al 62. El desempleo es a su vez del 30 por ciento. El censo muestra que ha habido un mayor aumento de los ingresos entre la población negra, pero el de los hogares blancos sigue siendo seis veces mayor.
La brecha en educación también continúa siendo muy grande. Si bien hubo un aumento de la proporción de negros con calificación universitaria, apenas 12 por ciento de la población alcanza ese nivel con un porcentaje significativamente mayor entre los blancos. Sólo el 35,2 por ciento de los negros menores de 20 años completaron la enseñanza secundaria mientras entre los blancos el porcentaje es de 76. La cantidad de jóvenes de entre 18 y 24 que asisten a centros educativos es menor que en 1996. Los datos coinciden con un estudio reciente del Foro Económico Mundial sobre competitividad global para los años 2012-2013, que posiciona a Sudáfrica en el lugar 136 en educación en una lista de 144 países. Son en general las escuelas para niños y niñas negras las de menor calidad, superpobladas, con infraestructura mínima y docentes poco calificados. Esta situación impacta a largo plazo en las oportunidades de empleo y las condiciones de vida.
Los índices de violencia no se explican sólo por las desigualdades. Luego de la matanza de Marikana hubo varias otras huelgas, violentas en general, lo que determinó que en el correr de este año hayan fallecido más de 50 personas en conflictos sindicales. Tanto que el propio presidente, acusado de no haber tomado acciones categóricas frente a lo que se considera una crisis seria en las relaciones laborales, hiciera un llamado el 18 de octubre para que industriales y empresarios congelaran sus salarios. La respuesta fue que el presidente debía predicar con el ejemplo.
Este alto nivel de descontento, incluso de sentimiento de traición que varios sectores de la población experimentan, debería manifestarse en un claro descenso de las preferencias de voto hacia el cna. Pero aquí opera otro de los factores determinantes en la vida sudafricana: el étnico y racial. Las próximas elecciones nacionales y parlamentarias serán a principios de 2014, y en diciembre de este año habrá un congreso del cna para elegir autoridades que luego serán postuladas a los cargos electivos. El actual vicepresidente, Kgalema Mothlante (quien ya fuera presidente entre setiembre de 2008 y mayo de 2009, completando el período de Thabo Mbeki, obligado a renunciar por una crisis interna), es el principal contrincante de Jacob Zuma. El mayor partido de oposición, la Alianza Democrática, sigue siendo percibido por la mayoría de la población como un partido blanco. Gobierna las provincias del Cabo Occidental y Ciudad del Cabo, ambas con menor porcentaje de población negra que el resto del país. No constituye por ahora un desafío real en las elecciones nacionales.
La única lucha real por el poder será dentro del cna en el congreso de diciembre. Pallo Jordan, miembro del cna que ha ocupado varios cargos de gobierno y es considerado uno de sus principales intelectuales, comentando lo ocurrido en Marikana y con vistas a diciembre ha dicho que el partido debe producir un equipo de liderazgo que tenga el coraje moral de combatir la corrupción y recuperar la confianza de las fuerzas democráticas, de modo de reinsertar al partido en su trayectoria hacia la construcción de una mejor vida para todos. Más que una expresión de deseos es un reconocimiento del difícil momento que atraviesa el país y el propio cna.
