La ley de la trampa - Semanario Brecha

La ley de la trampa

En un detallado informe titulado “No end in sight” (“Sin final a la vista”), Amnistía Internacional fundamenta cómo las reformas introducidas en la justicia penal anunciadas por el gobierno chino como avances en materia de derechos humanos apenas han contribuido a cambiar una práctica profundamente arraigada en el país, por la cual se tortura a los detenidos para obtener confesiones forzadas.

Aunque China haya ratificado la Convención de la Onu contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes en 1988, no parece haberse buscado corregir la situación. Uno de los principales problemas que señala el documento tiene que ver con que la policía posee gran incidencia sobre el sistema penal, que admite a las “confesiones” como la base de la mayoría de las condenas.

Quienes podrían hacerle frente a la justicia y denunciar los malos hábitos de tortura y degradación son los abogados, pero cuando enfrentan casos relacionados con la rendición de cuentas del gobierno y temas sensibles como la tortura, la corrupción, la libertad religiosa y de expresión, se convierten en blanco de la represión del gobierno, que se traduce en su inhabilitación y el hostigamiento por parte de las autoridades.

Muchos abogados defensores que tratan de denunciar la tortura ni siquiera logran obtener una investigación genuina por parte de la fiscalía estatal. Además ninguno de los 37 abogados especialistas en derechos humanos consultados para el informe ha logrado reunir las pruebas suficientes que evidencien los abusos. “En un sistema en el que incluso los abogados pueden acabar siendo torturados por la policía, ¿qué esperanzas pueden tener los acusados corrientes?”, afirmó Patrick Poon, investigador de Amnistía Internacional. “Disimular un sistema de justicia que no es independiente, en el que la policía sigue siendo todopoderosa y en el que no se dispone de ningún recurso cuando se vulneran los derechos de los acusados no servirá de mucho para poner freno a la lacra de la tortura y los malos tratos en China. Si el gobierno se toma en serio la mejora de los derechos humanos debe empezar por hacer rendir cuentas a los organismos encargados de hacer cumplir la ley cuando cometen abusos.”

Las torturas y malos tratos incluyen palizas, largos períodos en los cuales los detenidos son mantenidos esposados de pies y manos, sometimiento a herramientas e instrumentos de tortura, largos períodos de privación del sueño, falta de comida y agua; obligación para el detenido de recitar las reglas de los centros de detención, y se niega un tratamiento médico adecuado.
“Me amarraron con correas a una silla de hierro, me abofetearon, me dieron patadas en las piernas y me golpearon tan fuerte en la cabeza con una botella de plástico llena de agua que perdí el conocimiento”, testificó Tang Jitian, ex fiscal y abogado en Pekín, que fue torturado por agentes de seguridad en marzo de 2014 cuando, junto con otros tres letrados, investigó presuntas torturas en una instalación de detención secreta –las llamadas “cárceles negras”– en Jiansanjiang, al nordeste de China. Más tarde a Tang Jitian le pusieron una capucha, lo esposaron con los brazos a la espalda, lo levantaron del suelo y lo tuvieron colgado por las muñecas mientras la policía lo golpeaba.

Otro abogado, Yu Wensheng, que fue arrestado el 13 de noviembre de 2014 y detenido por 99 días bajo custodia policial, afirmó que fue interrogado unas 200 veces por diez agentes de seguridad pública en tres turnos por día. Lo tuvieron esposado con las manos en la espalda, con las esposas insoportablemente apretadas: “Las manos se me hincharon y sentí tanto dolor que no quería vivir. Los agentes de policía tiraban una y otra vez de las esposas y yo gritaba”.

Wu Hailong, representante de China ante la Onu en Ginebra y jefe de la delegación, tras la publicación del informe dijo a Reuters que la posición de su país contra la tortura “es firme”, e insistió en que se están haciendo “enormes esfuerzos” para detener el abuso. Li Wensheng, director general adjunto de asuntos jurídicos del Ministerio de Seguridad Pública, insistió en que el país “prohíbe la tortura y procesa cualquier personal u órganos estatales por actividades de tortura”. Li señaló que se utiliza la “silla de interrogatorios” (un asiento de hierro en el cual el acusado es esposado con una tabla sobre su pecho, de modo que todo su cuerpo queda inmovilizado y no puede inclinarse hacia atrás ni apoyar los pies en el suelo para descansar) “para garantizar la seguridad del detenido, para evitar que se escape, se autodañe o ataque a otras personas (…). A veces empaquetada con relleno blando para aumentar una sensación de confort, una sensación de seguridad”

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