El diccionario dice que la libertad es la ‘facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos’; la libertad de por sí implica responsabilidad y, a su vez, esa responsabilidad se basa en la consideración de los demás.
La libertad es un estandarte demagógico de muchos políticos, que aprovechan la natural tendencia de los individuos a sentirse contemplados en sus intereses cuando se utiliza esa palabra mágica. Pero la libertad termina donde comienza la libertad del resto de los congéneres. Por tanto, el concepto de libertad debe ser acotado al bien común y en su esencia; entender en profundidad la relatividad de la libertad forma parte de comprender lo que significan la ciudadanía y la democracia.
Cuando se afirma que se es partidario de la libertad responsable, significa que se confía en que las personas van a actuar conforme a determinadas normas, sin que sea necesario ningún tipo de coacción, ningún tipo de imposición. Si eso pudiese ocurrir en alguna sociedad, sería la sociedad perfecta en la que ni siquiera sería necesario el Estado: la anarquía. La libertad absoluta no existe, lo que existe son los derechos que se conquistan y se forjan en las leyes. Los derechos tienen un encuadre particular más allá del cual la libertad no existe; se cae en la obligación y es el Estado el que tiene que hacer cumplir los marcos normativos. Aun los liberales que se basan en Stuart Mill reconocen que se deben restringir las libertades cuando se afectan los derechos de otros.
Basta el ejemplo del tránsito: ¿es posible pensar que la ciudad podría funcionar sin semáforos y sin que alguien controlara el cumplimiento de las normas de tránsito? Nadie hoy puede afirmar que la libertad responsable es la solución para no colocar semáforos y controlar el cumplimiento de las señales por inspectores, a los que tantas veces consideramos molestos. Tenemos la libertad de movernos dentro de determinados marcos y la obligación de no ir más allá.
De igual manera, se debiera considerar el cumplimiento de las normas necesarias para evitar la propagación del virus y el control estricto de ellas. El derecho a la salud debe ser protegido y si está en riesgo, es responsabilidad del Estado, que tiene que tomar acciones para protegerla.
El enfermo de covid-19 –y aun aquel que no tiene síntomas, que no respeta las medidas de distanciamiento social– se comporta como un agresor que viola el derecho a la salud de los demás. Si la Constitución dice que «todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad», no se entiende cómo se puede discutir si el individuo tiene la libertad de no vacunarse en medio de la emergencia sanitaria y si tiene la libertad de moverse. Se podrá discutir la pena, pero no la obligación.
La expresión libertad responsable es una falacia que permite, a través de la no obligatoriedad de determinadas normas de conducta personal y la falta de control del comportamiento de las personas, evitar la verdadera responsabilidad del Estado. El curso que ha tomado la epidemia no es responsabilidad de los ciudadanos, sino del gobierno.
La política consiste en administrar la justicia social, en la cual siempre hay diferentes platillos («perillas», para algunos, partiendo de una máquina económica). Hoy los platillos se inclinan a favor de los grandes capitales más que de las pequeñas empresas y la enorme cantidad de personas que quedaron por el camino. Se ha priorizado mucho más la economía que la salud, aunque en el discurso se diga lo contrario. En esta situación de guerra, prima el ¡sálvese quien pueda!
Se mantiene la forma: «por ahora todo está controlado»; «estamos trabajando en generar muchas más camas de CTI», etcétera, como una cortina de humo que no permite ver la catástrofe, de enormes proporciones.
Se plantea una carrera entre la epidemia y las vacunas para ver quién llega primero. ¿A dónde? Por el camino, centenares de muertos. La meta está antes, hoy, impidiendo más contagios (¡hoy hay más de 1.000 contagiados por cada millón de personas, la tasa más alta del mundo!).
Las vacunas serán eficaces para contener la epidemia si es que no aparecen variantes resistentes, pero eso no significa que se pueda esperar sus resultados. Las medidas de control tendrán que prolongarse por lo menos tres meses, con un alto nivel de saturación del sistema asistencial, como no se ha visto nunca antes en el país. En este momento, muere una persona por hora, o más, y muchos médicos están pidiendo asistencia psicológica para enfrentar los dilemas morales por los que atraviesan al tener que elegir a quién pueden pasar a CTI.
La única libertad responsable es la del gobierno, que debe decidir «responsablemente» lo que se debe hacer; la libertad responsable no les cabe a las personas que necesitan ir a conseguir su sustento. A ellos debe estar dedicado el sacrificio económico del país. Aparicio Saravia, líder del partido de gobierno, dijo alguna vez: «Prefiero dejar a mis hijos pobres y con patria y no ricos y sin ella». Por suerte, la solidaridad surgió espontáneamente en los barrios.
No importa si somos o no somos el país más rápido en vacunar en el mundo o si fuimos o no fuimos los últimos en Sudamérica en comenzar; se hizo lo que se pudo, pero, mientras podamos, sigamos los ejemplos de aquellos que lo han hecho mejor. Cuantos menos contagios, más rápida será la recuperación económica, como se demostró en algunas ciudades de Estados Unidos en la pandemia de gripe de 1918, en la que atravesaron por la misma encrucijada: la salud o la economía. La obcecación en priorizar la economía, que pone la carreta delante de los bueyes, nos llevará a un desastre no sólo sanitario, sino también en el incremento de la pobreza, con un retroceso del cual será difícil salir. La política que llevó adelante Bolsonaro tuvo pésimas consecuencias que estamos sufriendo también nosotros, y nuestro gobierno, sin decirlo, va por un camino parecido.
Hoy ni siquiera sabemos los números actualizados, porque hasta las posibilidades de diagnóstico y el procesamiento de datos están desbordados. Vemos la realidad con varios días de atraso, por lo que no podemos proyectar la curva epidemiológica.
Soy un médico veterano que mira y escucha desde la óptica de la profesión, que ve venir una ola de pacientes que desbordarán los recursos asistenciales y que sufrirán abandonados, que morirán solos, sin asistencia. Y también soy un ciudadano consciente de lo que significan las medidas restrictivas, tanto por las repercusiones económicas para el país como para cada uno de sus habitantes; soy consciente de las repercusiones que conlleva para la salud mental, la educación y la sociabilización de niños y adolescentes. Elegir significa siempre un sacrificio. No es una disyuntiva en blanco y negro, hay muchos grises y, sin duda, las decisiones son muy difíciles, pero en este caso, por mandato moral y constitucional, debemos privilegiar la vida a pesar de los costos que conlleva. Por suerte, el país tiene fortaleza suficiente para soportar el temporal.
En el medio de este desastre, el presidente salió al ruedo para decir que vamos a seguir haciendo lo mismo. La soberbia que le acompaña está socavando la unidad necesaria para enfrentar la pandemia e impidiendo medidas de control más eficaces. Según el diccionario, la soberbia es el ‘sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos’.
