Aunque la atención europea está focalizada en los sucesos posgolpe en Turquía, donde el presidente Recep Tayyip Erdogan ha realizado una fenomenal purga en la administración– con miles de detenidos y decenas de miles de despedidos de sus empleos– y establecido el control estricto de los medios de comunicación, algo muy grave está sucediendo en algunos de los socios decisivos en la Unión Europea, como Francia.
En el país que fue símbolo de las libertades, el gobierno de François Hollande implantó el estado de emergencia en noviembre de 2015, a raíz de los atentados terroristas de ese mes en París, y el parlamento decidió prorrogarlo hasta enero de 2017 luego del atentado en Niza. En suma, más de un año ininterrumpido bajo el estado de excepción no puede sino tener consecuencias de largo plazo en la sociedad francesa, pero sobre todo en el papel del Estado como regulador de las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones.
En diversos países de la Unión Europea se han tomado medidas contra los inmigrantes, desde vallas como las instaladas en la parte africana de España hasta campos de internamiento para ilegales en Italia; así como campamentos rigurosamente vigilados en el norte de Francia. Sin embargo, ahora estamos ante algo nuevo: medidas que limitan permanentemente las libertades del conjunto de los ciudadanos.
El clima general auspicia, fuera de dudas, el autoritarismo dentro de fronteras. Europa vive en shock permanente desde el golpe que derribó al presidente de Ucrania Víctor Yanukovych –en febrero de 2014– y la ofensiva anti-rusa diagramada por Estados Unidos y seguida sin chistar por la UE. Luego fue la crisis de los emigrantes sirios y más recientemente el “Brexit” y la sucesión de atentados terroristas. En ciernes aparece una crisis financiera con epicentro en Italia, que puede terminar de minar el proceso de integración.
TENDENCIAS OPUESTAS. En una carta abierta a los líderes europeos, los cuadros del Laboratorio Europeo de Anticipación Política (Leap) acaban de señalar que la respuesta al “Brexit” y la parálisis de la Unión debe ser un “golpe democrático” que ponga en primer lugar un salto cualitativo democratizador que resumen en “liberar a los ciudadanos de sus prisiones nacionales”, y que resuelva algunas cuestiones como la paz social, la financiación de infraestructuras, hospitales y escuelas “que solían ser el orgullo de nuestro continente”, la transición energética y, en el plano exterior, “la disminución de las enormes tensiones geopolíticas” con Rusia, Turquía y también con Estados Unidos.
Sin embargo, la primera reacción de las cúpulas ante el “Brexit” y los atentados es atrincherarse convirtiendo a Europa en una suerte de fortaleza. En una reciente gira por el continente, Hollande promovió una cooperación más estrecha en materia de defensa “ahora que los votantes británicos han decidido abandonar la Unión Europea”, ya que Gran Bretaña se oponía a crear un ejército común. De cara a la cumbre de Bratislava en setiembre, donde se espera relanzar la UE, el presidente francés propone colocar en el primer lugar de la agenda “una iniciativa para reforzar la defensa europea”, en colaboración con Alemania (EurActiv, 20-VII-16).
En el mismo sentido, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo meses atrás que “la Unión Europea necesita su propio ejército para hacer frente a Rusia y otras amenazas, así como para restaurar la posición del bloque en todo el mundo”. La ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, defiende que el ejército pueda actuar en el país para apoyar a la policía, pese a que la Constitución lo prohíbe, en casos de alarma interna grave o de ataque terrorista. La ministra presentó a mediados de julio su Libro blanco de política de seguridad, en el que aboga por abrir la posibilidad de que el ejército intervenga en operativos antiterroristas en el interior del país, cuestión hasta ahora reservada a la policía (Página 12, 2-VIII-16).
Son, como puede verse, propuestas opuestas e incompatibles. No hay diálogo entre las diversas tendencias. Más aun porque, como señala Ignacio Ramonet, director de la edición española de Le Monde Diplomatique, la lucha contra el terrorismo autoriza “todas las medidas autoritarias y todos los excesos, incluso una versión moderna del ‘autoritarismo democrático’ que tomaría como blanco, más allá de las organizaciones terroristas en sí mismas, a todos los que se opongan a las políticas globalizadoras y neoliberales” (Público, 1-VIII-16).
Ramonet advierte contra “peligrosos resbalones y atentados a las principales libertades y derechos humanos”, que estarían indicando que estamos entrando “en un nuevo período de la historia contemporánea, donde volvería a ser posible aportar soluciones autoritarias a problemas políticos…”.
¿UN ESTADO PARA LA GUERRA? Tras los atentados de noviembre, Hollande propuso una reforma constitucional que preveía básicamente dos puntos: la retirada de la nacionalidad francesa a las personas binacionales condenadas por terrorismo, y las condiciones para decretar el estado de emergencia. La propuesta levantó fuerte rechazo incluso en el parlamento, lo que llevó al presidente a retirar la propuesta a fines de marzo.
Sin embargo, el hecho de vivir más de un año bajo el estado de emergencia implica habituar a la población a medidas que restringen el movimiento de personas, permiten allanamientos y arrestos domiciliarios, así como el acceso a datos informáticos y de teléfonos móviles. Tras los ataques de noviembre el presidente llamó a la movilización de reservistas y dijo que los franceses que lo deseen pueden integrarse a las diferentes fuerzas de seguridad en vistas a construir una guardia nacional, medida que concretó el 28 de julio.
El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, indicó que más de 250 mil voluntarios se habían presentado al llamado, mientras Defensa prevé aumentar el número de reservistas de los 28 mil actuales a 40 mil en 2019. En los hechos, varias ciudades de Francia están siendo patrulladas por efectivos militares, de forma permanente mientras dure el estado de emergencia: 5 mil soldados en París después de los atentados; 60 mil en todo el país durante las navidades pasadas; uniformados en las playas durante el verano.
El presidente hizo diversos anuncios que promueven, de hecho, la militarización: desde la reinstalación de un servicio militar voluntario hasta el aumento del presupuesto de seguridad y defensa, pasando por una compensación económica a los 10 mil soldados que forman parte del operativo antiterrorista desplegado desde el año pasado en lugares públicos.
El filósofo y activista italiano Franco “Bifo” Berardi recuerda que hasta The Economist, una de las publicaciones más favorables a la globalización y el neoliberalismo, sostiene que “el ‘Brexit’ amenaza con convertirse sólo en el comienzo de una descomposición de la globalización y de la prosperidad que ésta ha creado”. La publicación enfatiza que mientras el producto interno bruto de Estados Unidos creció un 14 por ciento, los salarios medios sólo aumentaron un 2 por ciento. Mucha gente está enojada, y el “Brexit”, así como el fenómeno Donald Trump, son sus respuestas.
Pero Bifo apunta a otras consecuencias menos visibles y más inquietantes. La cumbre de la Otan en Varsovia, en julio, tomó decisiones “que pueden llevar a Europa al borde de un abismo militar. Después de haber desplegado 25 mil soldados en el ejercicio Anaconda, en Polonia, ahora la Otan decide alinear tropas de forma permanente en los países bálticos, en una zona en la cual la más pequeña provocación podría dar lugar a dos resultados: la confrontación militar con la Rusia de Putin o la desintegración de la Otan” (El Diario, 22-VII-16).
Si es cierto, como apunta el filósofo, que “la democracia es un instrumento mutilado, carente de eficacia y credibilidad”, la responsabilidad no puede atribuirse al yihadismo sino a un sistema político económico que ha entronizado al capital financiero que, por definición, es un poder fuera de control.