Apenas un año después de ganar las elecciones, la presidenta Dilma Rousseff vio cómo el Congreso de los Diputados daba inicio a un juicio político contra su persona. Hasta el momento el Legislativo había recibido una veintena de peticiones para impugnar a su gobierno, pero tanto el líder de la Cámara de Diputados (Eduardo Cunha) como el del Senado (Renán Calheiros) las dejaron archivadas para usarlas como moneda de cambio. Si la mandataria daba un claro giro a la derecha en materia económica, ellos mantendrían alejado el fantasma del impeachment.
Dilma aceptó las condiciones. El primer ministro que eligió fue un querido del poder financiero, Joaquim Levy, que para alegría de los mercados internacionales se encargaría de la cartera de Economía. Para Agricultura escogió a Kátia Abreu (Pmdb), conocida como la “reina del agronegocio”, enemiga de las comunidades indígenas y aliada de los latifundistas. Rousseff también anunció un ajuste fiscal que repercutía especialmente en las clases trabajadoras, y planteó una ley para regularizar la tercerización laboral.
A pesar de seguir las recomendaciones de los barones del Congreso, el pacto tácito entre Ejecutivo y Legislativo no se cumplió. Todo saltó por los aires el día en que dos diputados del Partido de los Trabajadores (PT) aceptaron votar a favor de la moción del Comité de Ética del Congreso que acusaba a Cunha de ocultar cuentas millonarias en Suiza. A la mañana siguiente, Cunha anunciaba que aceptaba el pedido de impeachment contra Rousseff.
Las acusaciones formales se basaron en seis decretos presupuestales aprobados por la presidenta a sabiendas de que no había más dinero en la “caja”, y las llamadas “bicicleteadas fiscales”, un maquillaje de las cuentas para recibir créditos de los bancos y mantener sus promesas de gasto social.
Desde que en marzo la Comisión del Impeachment comenzó a analizar la solidez jurídica del pedido, el debate sobre si el juicio político sería o no un “golpe blanco” está sobre la mesa. El ex ministro de Justicia José Eduardo Cardozo, que actuó esta semana como abogado de Rousseff, aseguró que “no existe crimen de responsabilidad ni acto doloso por parte de la presidenta”. Con relación a las “bicicleteadas fiscales”, reconoció que se dejó de pagar durante un tiempo a los bancos por no disponer de efectivo. “Es como si un padre hace un presupuesto a principios de año de lo que va a gastar en la feria, pero meses después se queda sin trabajo, sucede una serie de problemas que hacen que lo que se había previsto no se pueda cumplir”, dijo esta semana en la última sesión de defensa de la mandataria.
Pero las acusaciones concretas por las que la presidenta está siendo juzgada poco importan para el 68 por ciento de los brasileños que apoyan el impeachment. El relato construido por algunos economistas, políticos de oposición y grandes medios de comunicación plantea la caída de Dilma como única salida para salvar al país de la crisis económica y de la crisis moral provocada por las centenas de casos de corrupción.
CONTROL DE LA ECONOMÍA. Si la crisis económica es innegable, también lo es la situación de ingobernabilidad creada por el Congreso. En el último año y medio Cunha no permitió que la presidenta aprobara leyes fundamentales para desahogar las cuentas públicas. Con el país paralizado, la crisis se agudizó, aumentó la inflación, el desempleo, y Brasil continuó decreciendo y acumulando deuda pública. Los movimientos sociales, que hasta 2013 habían sido fieles al PT, volvían en 2015 a salir a la calle contra la presidenta.
Rousseff estaba aislada en el Congreso, abandonada por sus bases y cuestionada por su propio partido. A su vez los mercados internacionales presionaban para llevar a cabo ajustes fiscales y cambios en la política monetaria, y la mandataria seguía con las manos atadas. Medios internacionales como The Economist sugerían su renuncia y economistas de la oposición cargaban en ella toda la responsabilidad de la crisis.
El discurso de los medios se intensificó en el último mes con entrevistas a pesos pesados del ala neoliberal. El ex presidente del Banco Central Affonso Celso Pastore decía en el Estado de São Paulo: “El impeachment sería una de las salidas a la crisis. Cambia el gobierno, entra otro con legitimidad y podemos volver a pensar en política monetaria”. Y en el mismo sentido, pero mostrándose un poco más espiritual, el economista Gustavo Franco decía en la revista Istoé: “Si hubiera impeachment el país habría pasado por un camino tortuoso, pero sería el camino de la virtud, un renacer para Brasil”. El ex presidente Fernando Henrique Cardoso dejó a su vez de lado el argumento económico y aseguró que la “legitimidad del impeachment no la da el Congreso, sino las calles”.
Algunos medios han tomado partido abiertamente. El Estado de São Paulo decía en su editorial del pasado domingo estar a favor del impeachment; Folha de São Paulo pedía la renuncia de la presidenta, ya que el juicio político “podía significar una herida en la historia” del país, mientras que El País de Brasil, normalmente más imparcial, también abogó por la renuncia de la mandataria en la columna de Juan Arias de esta semana.
Si los medios promueven este discurso, la Federación de la Industria de San Pablo (Fiesp) lo financia. En los últimos meses el edificio de la Fiesp ha sido el punto de encuentro de los manifestantes anti Dilma y el lugar del cual han salido los recursos para las campañas publicitarias pro impeachment. También ha servido para reunir al vicepresidente Michel Temer y a diversos empresarios que en estos días se encontraron para ajustar el programa económico “Puente para un Futuro”, con el que gobernaría si se produjera el cese de la presidenta. Un programa al estilo del Consenso de Washington, que reduce todavía más los derechos de los trabajadores, el gasto social y aleja al Estado del control de la economía. Según el director de Le Monde Diplomatique de Brasil, Silvio Caccia Bava, este sería el motivo fundamental del juicio político: “El problema no pasa por la corrupción, lo que está en disputa en estos momentos es el control de la economía”.
ATAQUES SELECTIVOS. Los innúmeros casos de corrupción que aparecieron con la operación Lava Jato han sido clave en la construcción del discurso anti Dilma-anti corrupción. Esta investigación ha demostrado hasta el momento que el PT, los principales partidos aliados del gobierno (el Pmdb hasta hace una semana, y el PP) e incluso la oposición (Psdb) recibieron propinas millonarias de las más importantes constructoras a través de desvío de dinero de la estatal Petrobras.
A pesar de que entre los acusados hay políticos de diversas siglas, los grandes medios, con Globo a la cabeza, han creado un discurso donde el PT aparece como el único culpable. Las detenciones de los políticos petistas (Lula incluido) también han sido las más mediáticas. El director de Le Monde Diplomatique de Brasil, como buena parte de la izquierda, destaca el carácter “selectivo” de las denuncias de corrupción que aparecen en los medios: “Ignoran las acusaciones de los otros partidos para movilizar a la población contra el gobierno”. Quizás por ello uno de los mayores descubrimientos de Lava Jato fue silenciado días después de ser publicado. Es el caso de la “lista Odebrecht”, considerada por el periodista Fernando Rodrigues como “el acervo más completo de contabilidad paralela descubierto en el país”: allí aparecen los nombres de 316 políticos de 24 partidos que habrían recibido sobornos de la constructora.
Estos documentos, que confirman la simbiosis entre el Estado y los grandes oligopolios de la construcción, mencionan a muchos políticos de la oposición, como el presidente del Psdb, Aécio Neves, y reaparecen nombres habituales de las delaciones premiadas, como Eduardo Cunha (Pmdb) y Renán Calheiros (Pmdb). Sorprenden otros, como el de la diputada del Partido Comunista Brasileño (Pcb) Manuela D’Avila. Algunos petistas también están en esta lista, como es el caso del diputado Lindberg Farias. Sin embargo, ni Lula ni Dilma figuran entre los citados, pero el vicepresidente Temer (Pmdb), quien podría gobernar el país en menos de un mes, sí que lo está.
Esta misma lista hizo que una ex funcionaria de Odebrecht sacara a la luz otros 400 documentos que demostraban que el esquema de sobornos entre la constructora y los partidos de turno funciona desde la redemocratización del país. En las informaciones de aquella época apenas hay nombres de petistas, ya que estaban lejos de formar gobierno, pero sí hay muchos del Psdb (actual partido de oposición) y también algunos que repiten antes y ahora, como el ex presidente José Sarney y el senador y ex presidente Fernando Collor de Mello.
El juez Sérgio Moro, que se ha convertido en el ídolo de los anti Dilma, decretó “sigilo” sobre esta lista. Tampoco investigó las denuncias contra Neves, o contra los jefes del Congreso. El Legislativo tiene a casi la mitad de sus miembros acusados de corrupción, y 37 de los 65 integrantes de la Comisión de Impeachment están investigados por el Tribunal Supremo Federal también por crímenes de corrupción. Está por verse si todos estos datos conseguirán acabar con el poder de un relato muy bien construido.
