Los allanamientos nocturnos han vuelto. En realidad, nunca se fueron. Son una de esas ideas que la política uruguaya conserva en algún rincón del repertorio para desempolvar cuando los homicidios se acumulan, el narcotráfico vuelve a ocupar las primeras planas o simplemente hay que demostrar que se está dispuesto a hacer algo. Después de haber sido rechazados en las urnas, regresan por iniciativa del Partido Nacional y encuentran ahora un gobierno dispuesto a conversar. El presidente Yamandú Orsi no cierra la puerta y el ministro del Interior, Carlos Negro, admite que el asunto puede discutirse, aunque reconoce algo bastante más importante: no hay evidencia que permita afirmar que los allanamientos nocturnos mejoren la eficacia policial.
La constatación debería alcanzar para terminar la discusión antes de empezar. No porque las políticas públicas sean el resultado automático de evidencias científicas incontestables, sino porque el gobierno acaba de presentar un Plan Nacional de Seguridad Pública construido alrededor de una promesa diferente: abandonar las respuestas intuitivas, fragmentadas y coyunturales para avanzar hacia intervenciones basadas en evidencia, sometidas a evaluación y articuladas en una estrategia de largo plazo. Cuanto mayores sean los costos, los riesgos y la complejidad de una intervención, más sólida debería ser la evidencia que la justifique. Difícil imaginar una medida en la que este principio resulte más pertinente que aquella que habilita a agentes armados del Estado a ingresar de noche a los hogares.
Hay algo desconcertante en todo esto. El gobierno dedicó un enorme esfuerzo institucional a diagnosticar problemas, revisar antecedentes, consultar actores, establecer prioridades y ordenar una estrategia para los próximos años. Apenas unos meses después, la conversación pública vuelve a girar alrededor de una medida que no ocupa ningún lugar relevante en esa arquitectura y cuya efectividad ni siquiera quienes están dispuestos a discutirla pueden demostrar.
No es una contradicción menor. Son dos formas de imaginar la seguridad. Una pretende identificar problemas, mecanismos, actores, territorios y capacidades institucionales. La otra busca herramientas impactantes. Una pregunta qué produce la violencia y cómo intervenir sobre sus condiciones de reproducción. La otra pregunta qué nueva facultad puede otorgársele a la Policía. Una habla de inteligencia, investigación criminal, prevención, regulación de mercados, control de armas y persecución de activos. La otra imagina una puerta que se derriba en mitad de la noche. No hace falta demasiada imaginación para saber cuál de las dos imágenes tiene mayores posibilidades de imponerse en una sociedad asustada.
El problema de los allanamientos nocturnos nunca fue solo jurídico. Tampoco es estrictamente policial. Es político. Su extraordinaria persistencia revela hasta qué punto las políticas de seguridad están atrapadas en una concepción en la que cada fracaso del control debe resolverse ampliando las capacidades de control. Si la Policía no logra impedir determinados delitos, necesita más facultades. Si el narcotráfico continúa expandiéndose, hacen falta procedimientos más intrusivos. Si los homicidios no bajan, habrá que intensificar los operativos. Y si todo eso tampoco funciona, siempre quedará algún nuevo límite para correr.
El razonamiento tiene una ventaja formidable: nunca puede ser refutado. El fracaso de una política punitiva jamás demuestra que haya que cambiar de política, sino que todavía no hemos sido suficientemente punitivos. Uruguay lleva muchos años recorriendo ese camino. Ha aumentado las penas, multiplicado su población encarcelada, ampliado figuras delictivas, fortalecido dispositivos policiales e incrementado los controles. Al mismo tiempo, los homicidios crecieron y la violencia se volvió más intensa en determinados territorios. El problema no parece ser, precisamente, que el Estado uruguayo tenga pocas capacidades para castigar. Los allanamientos nocturnos son, en ese sentido, la expresión casi perfecta de una fuga hacia adelante.
Su argumento más repetido parece irrebatible porque es extraordinariamente sencillo: las bocas de venta de drogas funcionan de noche, por lo tanto, la Policía debe poder allanarlas de noche. Pero las políticas de seguridad suelen fracasar justo cuando una obviedad operacional se convierte en una estrategia. Una boca cerrada no es un mercado desarticulado. Una persona detenida no equivale a una organización neutralizada. Un cargamento incautado no supone que una economía ilegal haya dejado de ser rentable. Y 100 procedimientos exitosos pueden convivir perfectamente con la expansión del negocio que pretendían combatir.
La pregunta es otra: qué eslabones se persiguen, cuáles permanecen intactos, qué capacidad de sustitución tienen las redes, cómo circulan las armas, dónde se lava el dinero y en qué lugares se acumulan al final las ganancias. Para responder esas preguntas no hacen falta allanamientos a las tres de la mañana. Hacen falta inteligencia, investigación, regulación, coordinación estatal y voluntad de seguir las tramas económicas del delito más allá de sus expresiones territoriales visibles.
Aquí aparece otro problema. Los allanamientos nocturnos no son socialmente neutros. Podemos imaginar con perfección dónde se harán. No habrá grandes contingentes policiales irrumpiendo durante la madrugada en estudios jurídicos, empresas, establecimientos financieros o residencias de los barrios más ricos. La geografía de la sospecha ya está trazada. Los procedimientos se concentrarán allí donde desde hace años se concentran los controles, las detenciones, las persecuciones y buena parte de la violencia institucional; es decir, en los territorios más pobres. Esto no significa negar que allí existan mercados ilegales, armas y violencia homicida. Al contrario, implica tomarse esos fenómenos muy en serio como para reducirlos a una sucesión de irrupciones policiales.
Además, un allanamiento nocturno no es una abstracción jurídica. Es una intervención potencialmente violenta dentro de un espacio doméstico. Hay policías armados, personas que despiertan de manera abrupta, niños, adolescentes, errores de información, domicilios equivocados, reacciones imprevisibles, miedo. También hay funcionarios policiales expuestos a situaciones de riesgo. Todo procedimiento puede terminar bien. También puede terminar muy mal. Por eso resulta difícil comprender la voluntad de modificar una garantía constitucional sin poder demostrar cuáles son los beneficios adicionales que compensarían esos riesgos.
Pero hay algo todavía más profundo. Cuando el Estado entra de madrugada en una vivienda de un territorio castigado, no solo busca drogas o armas. Produce una relación social. Produce experiencias del Estado, memorias, humillaciones, temores y representaciones de la autoridad. Las políticas de seguridad también producen subjetividades. En lugares donde el Estado suele ser débil para garantizar derechos, errático para proteger y contundente para controlar, esas intervenciones pueden profundizar aquello que una política democrática debería intentar revertir: la distancia entre instituciones y ciudadanía.
La contradicción con el Plan Nacional de Seguridad Pública adquiere aquí toda su dimensión. El plan habla de prevención, policiamiento comunitario, investigación criminal, control de armas, persecución de redes y activos ilícitos, reducción del reclutamiento de adolescentes y presencia estatal en territorios críticos. Se podrán discutir muchas de esas medidas, y seguramente habrá que hacerlo, pero allí existe una intuición correcta: la violencia no se reduce acumulando procedimientos policiales.
La política de seguridad uruguaya está atravesada por una paradoja persistente. Cuanto más complejos se vuelven los problemas, más elementales parecen las respuestas. El narcotráfico se transnacionaliza y proponemos entrar de noche a las casas. Los mercados ilegales movilizan dinero a través de circuitos económicos y financieros, y discutimos horarios de allanamiento. Las armas circulan mediante cadenas difíciles de controlar y reforzamos operativos en los barrios. Los homicidios se concentran en redes, trayectorias y territorios marcados por acumulaciones de desigualdad y violencia, y volvemos a reclamar más Policía.
La discusión tiene ahora, sin embargo, un ingrediente nuevo. Uruguay dispone de un Plan Nacional de Seguridad Pública que, con todas sus limitaciones, ofrece una oportunidad para salir de esa trampa. El gobierno puede utilizarlo para disputar el sentido común de la seguridad o puede permitir que el sentido común termine devorándose al plan. La discusión sobre los allanamientos nocturnos debería servir, entonces, para establecer un límite. Y una izquierda que aspire todavía a construir una política de seguridad diferente debería ser capaz, alguna vez, de decir que no. Porque gobernar la seguridad no consiste en acumular todas las herramientas disponibles. Consiste también en saber cuáles no utilizar.
