La prepotencia del trabajo K – Brecha digital

La prepotencia del trabajo K

Mientras el Senado ya debate, en sesiones extraordinarias, la reorganización del sistema nacional de inteligencia, la causa Amia sigue sin fiscal y en medio de negociaciones políticas a las que no son ajenos los candidatos de la oposición. Y todo confluye en un solo hecho disparador, la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Cristina Fernández se encuentra, al cierre de esta edición, cerrando acuerdos en China y deslumbrándose con las megaciudades del gigante oriental, aunque con un ojo puesto en Argentina a casi tres semanas de la muerte del fiscal especial a cargo de la causa Amia, Alberto Nisman. No es para menos si se tiene en cuenta que el cadáver del fiscal encontrado en su baño del exclusivo edificio Le Parc, en el barrio Puerto Madero, sacudió la modorra veraniega en Buenos Aires en cuatro direcciones impensadas: la recreación de los sórdidos servicios de inteligencia argentinos, la interna de la comunidad judía y de los candidatos presidenciales opositores, y la nueva etapa en la causa Amia. Y por si fuera poco apareció un texto borrador incorporado a la investigación que lleva adelante la fiscal Vivian Fein, donde Nisman preparaba un pedido de detención para la presidenta Cristina Fernández por encubrimiento agravado en el caso Amia.

El lunes 2, el Senado inició la sesiones extraordinarias con la sola función de darle media sanción al proyecto de ley para crear la Administración Federal de Inteligencia (Afi), enviarla a Diputados y sancionarla antes del comienzo del período parlamentario ordinario, el 1 de marzo, cuando Cristina Fernández inaugure por última vez las sesiones. El apuro K se traduce en una hiperactividad en todos los frentes para no perder la iniciativa política. “El futuro será nuestro por prepotencia de trabajo”, parafraseó a Roberto Arlt esta semana un intelectual K en diálogo con Brecha para justificar el despliegue de tareas en el parlamento, la justicia y los medios de comunicación.

La idea es presentar como un logro el tratamiento exprés del proyecto de inteligencia y tenerlo vigente como ley para garantizar el funcionamiento de la nueva inteligencia criolla antes de la retirada del kirchnerismo de escena en diciembre. La cuestión espinosa es que en dos semanas el gobierno pretende corregir un rumbo que llevó décadas de secreto inviolable, para funcionarios políticos y el Poder Judicial, que fueron alternativamente beneficiarios y victimarios del perverso sistema descontrolado. Pero si, como sostuvo Brecha la semana pasada, la idea es oficializar al frente de los Servicios al general César Milani como coordinador en las sombras, la cosa se complica. El actual jefe del ejército está involucrado en varias muertes durante la dictadura, según una denuncia presentada por un diputado opositor tucumano. El legislador no hizo más que retomar un informe en poder del fallecido ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, donde consta el nombre de Milani como responsable, entre otros oficiales, por la muerte de cuatro soldados tucumanos en 1976.

CUEVA INEXPUGNABLE. “¿Once años tardó el gobierno en darse cuenta de que el Servicio de Inteligencia del Estado (Side) era una cueva inexpugnable?”, se preguntó el senador opositor Luis Juez en la tarde del martes 3 y sin asistir al recinto. La oposición completa, en señal de protesta por los apuros de la Casa Rosada, se negó a convalidar el debate. El proyecto oficial admite la permanencia de los agentes en sus puestos en la nueva estructura, cuestión que impulsó la controversia. ¿Van a renovar la Side y mantienen a los viejos agentes de inteligencia, muchos en sus cargos desde la dictadura?, se preguntó el senador radical Gerardo Morales. Por estas horas es una incógnita el paradero del ex jefe de inteligencia Jaime Stiusso, señalado como el agente que asesoró a Nisman en la confección de su denuncia. Stiusso ingresó a la Side en tiempos de la dictadura y estuvo en los primeros planos de la inteligencia hasta diciembre pasado cuando el nuevo director, Oscar Parrilli, decidió echarlo.

Todas las miradas convergen en Stiusso, tanto en la investigación por la muerte de Nisman como por el reciclado de la Side. Sin embargo, no aparece, aunque el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, sostuvo que “no hay constancias de su salida del país por vías legales”. La afirmación incluye la duda sobre una salida ilegal hacia el exterior en clave de fuga del hombre que según el actual juez de la causa Amia, Rodolfo Canicoba Corral, ejerció influencia decisiva en Nisman para que condujera su investigación directamente hacia la responsabilidad de Irán en el atentado de 1994 y abandonara la pista de la conexión local donde terminaban emporcados los propios agentes de la Side, la Policía bonaerense y la Federal.

La pista local del atentado había sido abandonada por Nisman poco después de asumir como fiscal especial del caso y por eso fue denunciado desde 2008 por familiares de las víctimas nucleados en Apemia (Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia) y a partir de 2013 por Memoria Activa, la otra agrupación de familiares. “La muerte de Nisman llevó el caso a foja cero”, según Pablo Gitter, de Apemia, y abre otra vez la danza de las especulaciones sobre quiénes remplazarán a Nisman y cuál será el rumbo de la investigación. Con todas las críticas de la oposición encima, la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, se reunió el lunes con dirigentes de la comunidad judía y familiares de las víctimas para sondear el estado de ánimo en relación con la causa. Todos mostraron expectativas por un trabajo que avance en la resolución del caso y no termine sólo en el juicio a los encubridores del atentado –con Carlos Menem, el ex jefe de los servicios Hugo Anzorreguy y el ex ministro del Interior Carlos Corach a la cabeza– que debiera iniciarse este año. Los planes de Gils Carbó apuntan a completar la Unidad especial Amia con cuatro fiscales intachables y sin vinculación reconocida con el gobierno o un fiscal federal que se haga cargo del caso coordinando a los miembros actuales que respondían a Nisman. “Nadie quiere agarrar una causa así con el antecedente de la muerte de Nisman”, aseguran fuentes de la Procuración que los medios no identifican. Gils Carbó decidió tomarse dos semanas para definir la cuestión ante la presión de los familiares de las víctimas que llevan veinte años sin justicia.

GOBIERNO VERSUS CLARÍN. El lunes el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, rompió un ejemplar del diario Clarín del domingo donde se publicó la primicia del pedido de detención de la presidenta. “Mentira” y “basura”, dijo, pero la noticia dada por el matutino finalmente fue confirmada por la fiscal Fein, quien tiene archivado desde el principio de la causa un borrador con dicho pedido de detención.
La prensa mundial se hizo eco tanto del documento como de la actitud de Capitanich y las repercusiones sólo encendieron más el fuego de las internas políticas. Si bien los candidatos presidenciales no abandonaron el tono de campaña con el tema, optaron por un discreto segundo plano y dejaron a sus espadas en el Congreso a cargo de la artillería pesada. Con la oposición conmocionada por el pase de Elisa Carrió a las filas de la derecha macrista, el lunes 2 de febrero, los radicales y el resto, la alianza entre el Frente Amplio Progresista del socialista Binner y Unen, pidieron la renuncia de Gils Carbó, de Capitanich y que sea la Corte Suprema quien se haga cargo de la causa Amia y del monitoreo de la investigación por la muerte de Nisman. Sin embargo, todos se cuidaron de pedir la apertura irrestricta de los archivos de inteligencia, tal como lo hicieron los familiares de los muertos por el atentado.

Las especulaciones llegaron a Wall Street, donde los operadores y las consultoras más importantes llegaron a considerar que con la muerte de Nisman aumentaron las chances presidenciales de Mauricio Macri, el candidato de la derecha económica, precisamente porque sus competidores Daniel Scioli y Sergio Massa están vinculados indirectamente a la actual gestión K. En la Bolsa de Nueva York doce años de gobierno de centroizquierda resultan suficientes.

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