El reemplazo de Carolina Ache por Nicolás Albertoni en la Subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) se desencadenó en medio de una de las más fuertes polémicas del caso Marset. Ache venía de tener unas cuantas desavenencias a la interna de Ciudadanos, pero el retiro de la confianza de ese sector colorado, al que pertenecía, se precipitó a partir del 12 de diciembre de 2022. Ese día se conocieron públicamente los chats entre la entonces vicecanciller y el subsecretario del Ministerio del Interior (MI), Guillermo Maciel, en los que el jerarca advertía explícitamente que Sebastián Marset era «un narco uruguayo muy peligroso y pesado», por tanto «sería terrible» que fuera liberado de la cárcel de Dubái en la que estaba detenido por viajar con un pasaporte falso.
Los días que siguieron fueron de incertidumbre respecto de la resolución que tomaría Ciudadanos. El domingo 18 de diciembre el líder del sector, Adrián Peña, le comunicó a Ache que había perdido el respaldo político. Al otro día,
la número dos de la cancillería presentó su renuncia. Horas más tarde se supo que Peña había propuesto para reemplazarla a Albertoni, que, si bien es afín a Batllistas, el ala liderada por Julio María Sanguinetti, generaba consenso en todo el Partido Colorado. El presidente Luis Lacalle Pou lo aceptó y Albertoni fue designado formalmente tres días más tarde.
Pero en la semana que medió entre la trascendencia pública de los chats de Ache con Maciel –publicados por La Diaria luego de que los legisladores del Frente Amplio (FA) lograran obtenerlos por vía judicial– y la designación de Albertoni no solo hubo movimientos en la cancillería y en la interna de Ciudadanos. En la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), ente binacional que administra la represa más grande del país, se aprobó una disposición que despertó malestar entre varios funcionarios del organismo, según pudo saber Brecha.
EXTENSIÓN DE RÉGIMEN
Antes de pasar a la cancillería, Albertoni venía desempeñándose como secretario general de la CTM, designado por la actual administración. El 14 de diciembre, dos días después de que se conocieran los chats que pusieron a Ache en la cuerda floja y cinco días antes de que se decidiera sustituirla por Albertoni, el ente binacional aprobó la resolución 270/22, a la que accedió este semanario. El documento es muy breve. Resuelve, en primer lugar, una modificación al reglamento de licencias, otorgando 20 días corridos libres por paternidad a los funcionarios varones cuando tengan un hijo. Y, en segundo lugar, establece que «el artículo 5.06 del Estatuto del Personal será aplicable a todo empleado del organismo que fuere electo o designado por su respectivo gobierno para ocupar un cargo como funcionario nacional de secretario en la República Argentina, de director nacional en la República Oriental del Uruguay o cargos superiores, así como cargos directivos en organismos descentralizados o empresas del Estado».
Por sí solo, esto dice poco, y la fundamentación de la resolución no es de gran ayuda, pues se limita a decir: «Visto y considerando el artículo 3.3 del Reglamento de Licencias y el artículo 5.06 del Estatuto del Personal» de la CTM «y lo deliberado en sala», que no se explicita. Entonces, para comprender el proceso, hay que reconstruir el derrotero del artículo 5.06.
El punto se agregó al estatuto del personal en una resolución del 27 de noviembre de 2020. Su fundamentación hace referencia a un «vacío» dejado por la anulación, en 2019, de un punto del reglamento de licencias referido a «cargos de representación». El nuevo artículo reguló cómo debe actuar la CTM en el caso de que uno de sus funcionarios sea designado por el gobierno uruguayo o argentino como delegado, es decir, como integrante de la dirección del organismo. Lo dispuesto implica que, al finalizar su período como delegado, «independientemente de su edad, el empleado podrá» optar por mantenerse en el organismo con una de las categorías salariales más altas y con funciones de asesor o adjunto, o acogerse a un retiro anticipado por el que recibe más de dos tercios de su sueldo durante cinco años (seis si se retira con menos de 60) y diez sueldos completos calculados según la alta categoría salarial mencionada, al final del período. Los detalles pueden verse en una anterior nota de Brecha («El duque», 14-VII-22). Para la fecha en que el artículo 5.06 fue aprobado, ya estaba en esa situación Daniel Arcieri, dirigente del Partido Nacional (PN) de Paysandú que pasó a ser delegado en la actual administración.
Lo que hizo la resolución del 14 de diciembre de 2022 fue extender este régimen a los funcionarios que fueran designados como cargos de confianza de los gobiernos nacionales. La resolución se expresa en términos generales, pero coincide con la situación en la que, una semana más tarde, pasaría a estar Albertoni, que todavía estaba activo como secretario general cuando se realizó el cambio. Esta modificación sería incorporada al estatuto del personal en ese mismo diciembre y se mantendría en la reformulación aprobada en 2023, aunque con un cambio no menor. A diferencia de las redacciones anteriores, el estatuto que rige desde junio de este año dice que el empleado que sea designado como delegado o como autoridad de gobierno «deberá» optar por uno u otro camino (el cargo de asesor o el retiro anticipado). Las anteriores disposiciones decían «podrá». Entonces, como Albertoni decidió no renunciar a la CTM cuando pasó a la cancillería, y en cambio pidió licencia sin goce de sueldo –amparado en el reglamento de licencias–, al volver, si se cumple estrictamente con lo dispuesto, tendrá que optar por alguno de los beneficios.
Bajo estos parámetros, el mismo día en que se aprobó la reformulación del estatuto, firmó un acuerdo para hacer uso del retiro incentivado el jefe de seguridad y asesor de la delegación uruguaya, Carlos Gelpi, integrante del PN en Salto. Según ese acuerdo, informado por M24vvy al que accedió Brecha, Gelpi tiene tiempo hasta el 1 de enero de 2025 para hacer efectivo el retiro anticipado. Si no lo hace para esa fecha, su relación con la CTM cesará. Este semanario pudo saber que el funcionario todavía no se ha atenido al retiro y, por tanto, no ha empezado a cobrar el incentivo. En el caso de Arcieri, la decisión entre retirarse o mantenerse como asesor deberá ser tomada cuando finalice su mandato como delegado, es decir, cuando cambie el gobierno, salvo que la nueva administración decida mantenerlo en su rol actual. Albertoni deberá decidir al dejar el MRREE. Brecha se comunicó esta semana con el vicecanciller, que prefirió no hacer declaraciones públicas sobre el tema.
EN EL PARLAMENTO
Durante la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del 3 de agosto, la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Bettiana Díaz preguntó a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que ese día asistieron en el contexto de la rendición de cuentas, por las partidas de refuerzo para la CTM. El MEF «otorgó un refuerzo» a la CTM «por 200 millones de pesos, llevando el monto de lo que era el subsidio que ya tenía asignado a 944 millones de pesos», dijo la diputada opositora. Luego, dio cuenta de la excepcionalidad de lo sucedido en Salto Grande respecto al resto de la administración pública, recordando que en 2020 y 2021 el gobierno topeó la ejecución del gasto y el llenado de vacantes, sin embargo, «para la plantilla de la CTM se aumentó el gasto –por lo tanto, el criterio restrictivo no aplicó– y se crearon 30 cargos. Obviamente, estamos hablando de cargos de designación política que cuestan al Estado unos 2 millones de dólares por año. […] En 2021, la masa salarial de los trabajadores de la CTM –de esos cargos de designación política– aumentó 15 por ciento en términos reales», afirmó Díaz, y se despachó también contra las cifras que alcanzan los retiros incentivados. «Creemos que el MEF, a partir de las transferencias que hizo a la CTM, obviamente está avalando esas prácticas que están muy alejadas de los criterios de transparencia», señaló. Finalmente, la diputada preguntó si en 2022 Salto Grande había solicitado un aporte a UTE para financiarse.
La encargada de responder fue la economista Jessika Mosteiro, de la Contaduría General de la Nación. Mosteiro señaló que se debe «tener en cuenta la forma jurídica» de la CTM, que es «un organismo binacional», por tanto «el presupuesto se aprueba acordando con Argentina, o sea que el margen que tiene el MEF para influir es limitado». Luego dejó un dato interesante. La CTM quería más: «No obstante ello, se han hecho algunos esfuerzos para reducir el gasto y, en particular, debemos señalar que la solicitud de la CTM fue de 700 millones. Lo que pudo asignar el MEF fueron 200 millones», hizo constar la economista. Mosteiro también agregó que «la partida de UTE» para la represa «viene siendo de 200 millones en los últimos cuatro o cinco años».
Esta semana, en entrevista conEl Espectador (21-VIII-23), el diputado cabildante Álvaro Perrone puso como ejemplo los aumentos de gastos de personal en Salto Grande para argumentar que el incremento que Cabildo Abierto pide para los salarios de los militares en esta rendición de cuentas no es una cifra alta. Por su parte, el senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista, planteará en la bancada frenteamplista convocar a los ministros cuyas carteras tienen relación con Salto Grande. La misma idea impulsarán, en diputados, los legisladores del MPP.
